Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en las ciudades de Ceuta y de Melilla

La Orden DCA/348/2026 desarrolla el Real Decreto 888/2022 dentro del ámbito del IMSERSO, pero con una intención que se percibe entre líneas, homogeneizar criterios sin perder operatividad en estructuras más reducidas.

1. Capítulo I: Objeto y competencia

Aquí la norma fija dos ideas que conviene no pasar por alto:

Por un lado, regula la organización de los equipos multiprofesionales y el procedimiento de valoración.
Por otro, introduce la tarjeta acreditativa de discapacidad como elemento autónomo dentro del sistema.

Además, concreta la competencia en las Direcciones Territoriales del IMSERSO, en Ceuta y Melilla, incluso en supuestos poco habituales -como personas españolas residentes en el extranjero con último domicilio en estas ciudades-.

2. Capítulo II: Equipos multiprofesionales

Se define un modelo de equipo que, aunque aparentemente estándar (médico, psicólogo y trabajador social), introduce dos elementos relevantes:

Flexibilidad en la composición cuando no existan perfiles exactos.
Posibilidad de incorporar expertos adicionales según el caso.

Las funciones no se limitan a valorar el grado de discapacidad. Van mucho más allá:

Determinan movilidad, necesidad de tercera persona, revisiones futuras.
Incluso elaboran informes de aptitudes con impacto en el empleo.

Evaluación

La norma introduce, de forma expresa, tres modalidades de evaluación:

Presencial (regla general)
Por informe
Telemática

Se legitima un modelo híbrido de valoración, siempre condicionado a que exista información suficiente y se garantice la accesibilidad.

3. Capítulo III: Procedimiento

El procedimiento sigue la lógica habitual de la Ley 39/2015, pero con algunos matices prácticos relevantes:

a) Iniciación

A instancia de parte, con fuerte impulso a medios electrónicos.
Amplia documentación (especialmente médica).

b) Instrucción

Plazo de citación: 30 días.
Posibilidad de suspensión por pruebas adicionales.

c) Resolución

Plazo máximo: 6 meses.
Silencio administrativo: desestimatorio.

Tramitación de urgencia

La norma permite acortar plazos a la mitad en casos como:

Situaciones de salud grave
Violencia de género
Circunstancias humanitarias

Revisión del grado

Se articula un sistema que intenta evitar dos extremos:

Ni revisiones constantes que generen inseguridad.
Ni rigidez que impida adaptar el grado a la realidad.

Claves:

Revisión a los 2 años, salvo excepciones.
Posibilidad de revisión de oficio.
Corrección de errores en cualquier momento.

Reclamación previa

Se mantiene el esquema tradicional:

Reclamación previa obligatoria.
Plazo de 30 días.
Resolución en 45 días.

4. Capítulo IV: Tarjeta acreditativa

La tarjeta:

Sustituye funcionalmente a la resolución (aunque puede requerirse).
Es válida en todo el territorio nacional.
Puede emitirse en formato físico o digital, incluso en braille.

En la práctica, esto reduce fricciones en el día a día, menos carga documental para el ciudadano y mayor agilidad en la acreditación.

Además:

Se expide de oficio cuando hay reconocimiento.
Tiene vigencia vinculada a la resolución.
Se regula su cancelación, duplicados y modificaciones.

5. Disposiciones adicionales y finales

Aquí hay tres elementos especialmente relevantes:

a) Protección de datos

Se exige una evaluación de impacto en 6 meses, lo que evidencia la sensibilidad del tratamiento de datos clínicos.

b) Sin incremento de gasto

Se pretende reformar el sistema sin aumentar recursos, lo que puede tensionar su aplicación real.

c) Régimen transitorio

Las tarjetas anteriores siguen siendo válidas, evitando vacíos legales.

6. Entrada en vigor

La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 18 de abril de 2026.