Nota informativa 12/2026 de 13 de abril del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, relativa a las actuaciones a realizar en relación con las garantías de tránsito como consecuencia del Acuerdo UE/GB con respecto a Gibraltar

La nota informativa no es, en realidad, un mero ajuste técnico, aunque a primera vista pueda parecerlo, sino la constatación de que Gibraltar empieza a ocupar, desde el punto de vista operativo, un espacio intermedio que obliga a repensar ciertos automatismos en materia de tránsito aduanero.

En esencia, lo que se introduce es una exigencia clara: toda operación de tránsito que tenga a Gibraltar como origen, destino o punto de paso deberá quedar respaldada por una garantía suficiente. Esta obligación, que recae directamente sobre el titular del régimen de tránsito, persigue cubrir el riesgo de que surja una deuda tributaria -en particular, por impuestos indirectos- respecto de las mercancías incluidas en dichos movimientos, ya se trate de mercancía sin estatuto aduanero de la Unión (T1GI) o de aquellas que sí lo tienen (T2GI). No es un matiz menor, porque obliga a distinguir correctamente la naturaleza de la mercancía desde el inicio del circuito logístico.

Ahora bien, más allá de la obligación de garantizar, el elemento que introduce cierta complejidad práctica es la necesidad de identificar expresamente a un representante del fiador en Gibraltar dentro de la propia garantía. Es decir, no basta con disponer de un aval o una cobertura genérica: se exige una conexión formal y localizada en el propio territorio gibraltareño, lo que, en la práctica, puede requerir revisar relaciones con entidades financieras o aseguradoras.

Este nuevo escenario arrastra, inevitablemente, una adaptación documental. Los modelos de garantía, ya sean individuales, mediante títulos o globales, deben modificarse para incorporar a Gibraltar dentro de su ámbito de cobertura, en línea con lo previsto en el Acuerdo y, en particular, en su Anexo 19. Y aquí es donde muchas organizaciones pueden encontrar el verdadero punto crítico: no tanto en la norma en sí, sino en la revisión interna de sus instrumentos vigentes.

De hecho, la Administración distingue con acierto entre situaciones. Por un lado, las nuevas solicitudes de garantías que pretendan cubrir operaciones entre la Unión Europea y Gibraltar deberán incluir desde el inicio al representante del fiador en dicho territorio, con todos los datos identificativos completos. Por otro, las autorizaciones ya concedidas no pierden validez automáticamente, pero sí requieren una modificación expresa si se quiere extender su eficacia a Gibraltar. En otras palabras, no hay una caducidad sobrevenida, pero sí una necesidad de actuación proactiva por parte del operador.

En cuanto a los avales ya constituidos, la solución adoptada es razonablemente flexible: podrán seguir utilizándose siempre que se amplíe su cobertura a Gibraltar, lo cual puede formalizarse mediante una adenda correctamente documentada. Solo en aquellos casos en los que se opte por constituir un nuevo aval será imprescindible ajustarse íntegramente a los modelos reglamentarios previstos en la normativa aduanera.