Hacienda avanza en la creación de la Base Única de Conocimiento (BUC) en el ámbito tributario

En los últimos años, una de las críticas más reiteradas al sistema tributario no ha tenido tanto que ver con la norma en sí, sino con la dificultad práctica de saber cómo se interpreta y se aplica en cada momento. Resoluciones, consultas, criterios administrativos y respuestas informativas conviven -no siempre de forma ordenada- en repositorios distintos, obligando a un ejercicio casi artesanal de reconstrucción jurídica. En este contexto nace la Base Única de Conocimiento (BUC), un proyecto ambicioso que pretende poner orden donde hasta ahora reinaba la dispersión y, con ello, reforzar la seguridad jurídica y la confianza en la actuación administrativa.

La Base Única de Conocimiento (BUC)

El BUC surge como una pieza clave dentro del nuevo modelo de gestión informática de los Tribunales Económico-Administrativos y de la Dirección General de Tributos, modelo que quedó formalmente definido en la Resolución de 13 de enero de 2021 de la Secretaría de Estado de Hacienda. Su finalidad es clara: integrar, sistematizar y hacer accesible el conjunto de criterios tributarios que emanan de los principales órganos administrativos con funciones interpretativas en materia fiscal.

El proyecto se articula como un esfuerzo coordinado entre los TEA, la DGT y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la participación de la Dirección General del Catastro y bajo la supervisión de la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda y de la propia Secretaría de Estado de Hacienda. Esta colaboración interadministrativa ha exigido una profunda adaptación de la infraestructura tecnológica existente, apoyándose de forma decidida en los sistemas y servicios comunes de la AEAT para dar soporte a una gestión verdaderamente multiorganismo.

Entre los objetivos que justifican la creación de la BUC destaca, en primer lugar, la mejora de la atención a la ciudadanía, mediante la habilitación de nuevos canales digitales accesibles desde las sedes electrónicas de los distintos organismos. A ello se suma la reducción de los plazos de tramitación tanto de los recursos económico-administrativos como de las consultas tributarias, gracias a una digitalización integral de los procedimientos. El proyecto persigue, además, una racionalización del gasto público, aprovechando infraestructuras ya existentes, homogeneizando los estándares de seguridad y evitando duplicidades innecesarias.

Sin embargo, el núcleo conceptual de la BUC reside en la gestión integral del conocimiento tributario. Todos los organismos implicados comparten una obligación común: dar a conocer sus interpretaciones de la normativa fiscal, tal como exige el artículo 87 de la Ley General Tributaria. Hasta ahora, esa información se encontraba fragmentada entre resoluciones de los TEA, consultas vinculantes de la DGT y el programa INFORMA de la AEAT, lo que obligaba a contribuyentes y personal administrativo a realizar un esfuerzo de integración complejo, costoso y no exento de riesgos interpretativos.

La BUC pretende superar esta fragmentación mediante la creación de un repositorio único en el que se almacenen y gestionen los criterios tributarios derivados de consultas, resoluciones y respuestas informativas, incorporando también, cuando resulte relevante, la jurisprudencia posterior de los tribunales nacionales y europeos. El objetivo no es solo acumular información, sino ofrecer una visión coherente y unificada del criterio vigente sobre cada cuestión tributaria, permitiendo identificar con claridad la posición jurídica consolidada de la Administración y de los órganos de revisión.

Para ello, el sistema se apoya en un modelo de datos común que gira en torno a dos elementos esenciales: el criterio, entendido como el resumen interpretativo de la norma, y el precepto, que identifica con precisión el artículo o fracción normativa a la que se refiere cada consulta, resolución o respuesta. Esta vinculación resulta determinante para relacionar documentos distintos que tratan sobre una misma cuestión jurídica, algo que hasta ahora no siempre era sencillo.

Desde el punto de vista organizativo, el proyecto cuenta con un Consejo Rector encargado de su gobernanza y ha integrado al BOE como proveedor de los servicios necesarios para la descarga y actualización de la normativa, base indispensable del módulo normativo de la BUC. Entre los hitos ya alcanzados destacan el desarrollo del sistema de obtención de normas, la definición de la codificación común y la creación de módulos específicos para la gestión tanto de los preceptos como de los criterios y documentos asociados.

La planificación prevé que una primera versión básica de la BUC esté disponible a lo largo de 2026, con la finalización de los desarrollos técnicos durante el primer semestre y su implantación efectiva en el segundo. Quedan aún por completar tareas relevantes, como la migración y depuración de las bases de datos de los distintos organismos, el desarrollo de potentes buscadores de criterios y documentos, la integración con las nuevas aplicaciones de gestión de los TEA y la DGT, y el despliegue definitivo en las sedes electrónicas y en las intranets corporativas.

Una vez implantado el sistema, se abre la puerta a su evolución mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, siempre bajo supervisión humana. Entre las funcionalidades en evaluación se encuentran el apoyo a la migración de datos, la elaboración de resúmenes interpretativos y la generación de propuestas de respuesta para los contribuyentes. El objetivo último es claro: facilitar el acceso al criterio tributario vigente y, como consecuencia, reducir de forma significativa la conflictividad fiscal derivada de interpretaciones divergentes o poco transparentes.