Comisión de Evaluación encargada de informar sobre la concurrencia de circunstancias objetivas para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación

A veces, las leyes llegan para poner orden en temas que durante años se han resuelto con parches. Esta vez, el Gobierno ha decidido afrontar uno de ellos: la jubilación anticipada en profesiones especialmente duras o peligrosas. La Orden PJC/1146/2025 crea la Comisión de Evaluación que se encargará de estudiar, con datos en la mano y una mirada más humana, qué colectivos merecen retirarse antes sin perder derechos.

La idea no es nueva. Ya en mayo, el Real Decreto 402/2025 había abierto el camino al establecer un procedimiento para revisar, caso por caso, qué trabajos acumulan más enfermedades, accidentes o desgaste físico. Lo que hace esta nueva orden es dar forma a ese compromiso: crear el grupo de personas que analizará cada solicitud y que, llegado el caso, propondrá al Gobierno que se reconozca oficialmente la reducción de la edad de jubilación.

La comisión estará formada por representantes de varios ministerios -Trabajo, Inclusión, Hacienda y Transformación Digital-, junto con las principales organizaciones sindicales y empresariales.
 

No se trata, por tanto, de un despacho cerrado donde se toman decisiones en silencio, sino de una mesa donde se cruzan datos, experiencias y sensibilidades distintas. La coordinación dependerá de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que será quien lidere los informes finales.

Cada vez que un sector solicite la aplicación de estos coeficientes reductores, la comisión tendrá que estudiar su situación. Analizará los niveles de morbilidad, las bajas por enfermedad, los accidentes laborales y la esperanza de vida de quienes trabajan en ese ámbito. Y deberá hacerlo en un plazo máximo de un mes desde que reciba toda la información de los organismos competentes. Al final, el objetivo no es otro que poner cifras al desgaste y traducirlas en decisiones justas.

Pero la orden también va más allá. No se limita a decidir si alguien puede jubilarse antes, sino que invita a repensar las condiciones de trabajo. La comisión podrá recomendar mejoras en seguridad, en ergonomía o en organización laboral, para que los problemas que hoy justifican una jubilación anticipada no se repitan mañana.

Su funcionamiento será sencillo: al menos dos reuniones al año, posibilidad de crear grupos de trabajo específicos y la necesidad de que dos tercios de sus miembros voten a favor para aprobar cualquier informe. En caso de empate, el presidente -la persona al frente de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social- tendrá el voto decisivo.

Un detalle importante: no habrá gasto adicional. La comisión funcionará con los recursos que ya existen, sin nuevas contrataciones ni presupuesto extra.

Es, por tanto, una medida organizativa más que económica, pensada para dar coherencia a un proceso que, hasta ahora, dependía demasiado de decisiones políticas o sectoriales.

En el fondo, esta orden habla de reconocimiento y justicia laboral. Porque hay profesiones en las que el cuerpo -y a veces también la mente- llega antes al límite. Y este nuevo mecanismo busca que eso se tenga en cuenta, con criterio técnico pero también con empatía.

Entró en vigor el día 17 de octubre, pero su verdadero impacto se medirá con el tiempo: cuando un minero, una enfermera o un trabajador del mar puedan jubilarse sabiendo que, por fin, su esfuerzo ha sido entendido.