Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

Aprobado el nuevo Plan de Vivienda. Este programa estratégico de ámbito estatal, con vigencia prevista hasta 2030, se ha puesto en marcha con un retraso de cuatro meses respecto al calendario inicialmente previsto. La demora responde a la decisión del Gobierno de aplazar su validación para avanzar en la negociación con las comunidades autónomas e integrar parte de sus propuestas en la versión final del documento.

Dotación de 7.000 millones de euros

El Plan de Vivienda 2026-2030, primero que se aprueba tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, contará con una dotación de 7.000 millones de euros. Entre sus principales líneas de actuación destacan las ayudas al alquiler dirigidas a jóvenes, el impulso a la rehabilitación del parque residencial, el aumento de la vivienda pública y la garantía de su protección a largo plazo.

El plan eleva el modelo de corresponsabilidad entre los distintos niveles de la Administración Pública. El 60% de esa inversión procede del Gobierno de España, mientras que el 40% restante corresponde a la aportación de las comunidades autónomas, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.

La distribución territorial de los fondos del plan está sujeta a un compromiso de ejecución con una triple finalidad: construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho de la ciudadanía a una vivienda por encima de la especulación y el lucro.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda ha incorporado una «cláusula antifraude» con el objetivo de evitar irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas, a raíz del caso de Alicante que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

Tras la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana nació con un mandato claro: articular un sistema público de vivienda que se convierta en el quinto pilar del Estado del Bienestar.

La vía para lograr ese objetivo es la construcción de un parque de vivienda pública y protegida, a precios asequibles, capaz de incidir en el mercado privado para frenar su voracidad. En paralelo, hay que mejorar la regulación para frenar la especulación y garantizar la función social de la vivienda, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución Española.

Para acelerar la constitución de ese parque de vivienda pública y protegida, el Ministerio ha habilitado diversos instrumentos:

Los fondos europeos Next Generation EU, que han permitido reactivar la construcción y la rehabilitación en España mediante la colaboración público-privada y entre administraciones.
La Entidad Estatal de Vivienda, CASA 47, con la que el Estado interviene de forma directa en todo el ciclo residencial.
El PERTE de la Industrialización de la Vivienda para acompañar al sector de la construcción en su modernización y en la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores.

Y ahora sumamos el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que intensifica el esfuerzo inversor iniciado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, incorpora una novedad que supone un cambio de paradigma en las políticas de vivienda en España: ni un solo euro irá a parar a viviendas que en el futuro se puedan privatizar.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros que permitirá ampliar el parque de vivienda asequible, con especial atención a la vivienda pública y protegida; movilizar y dignificar la vivienda existente, e incrementar la protección para los colectivos con más dificultades.

Se trata de un plan innovador, el primero en el que el Gobierno no se limita a hacer de caja pagadora, sino que asume la dirección y coordinación de la política de vivienda en España; y al mismo tiempo exige corresponsabilidad a las comunidades autónomas para gestionar y optimizar los fondos del Plan. El cambio ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda, que reconoce la competencia del Estado para intervenir en aras de garantizar el derecho a la vivienda, aunque el grueso de las competencias esté en manos de las CCAA.

El Plan Estatal se orienta a la consecución de cinco grandes objetivos:

1.- Más vivienda pública, protegida y asequible

2.- Mejor vivienda, más eficiente y accesible

3.- Adelantar la edad de emancipación joven

4.- Reducir el esfuerzo para pagar la vivienda

5.- Revertir las zonas tensionadas y atención al mundo rural

Para conseguir estos objetivos, se trabaja en tres ámbitos de acción:

MÁS CONSTRUCCIÓN. Para ampliar la oferta disponible edificando y también adquiriendo viviendas que se puedan incorporar al parque público.

MÁS REHABILITACIÓN. Para movilizar vivienda vacía y para dignificar el parque residencial ya existente.

MÁS PROTECCIÓN. Para acompañar a los colectivos y territorios que más lo necesiten.

Conscientes de que este plan significa un cambio de paradigma, se ha trabajado con el máximo rigor jurídico; por eso se ha consultado al Consejo de Estado y se han tenido en cuenta todas sus observaciones.

También se ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas, con las que se ha dialogado intensamente desde el primer día siguiendo la directriz que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona en junio de 2025: redactar un plan de país, fruto de un acuerdo de país.

Con este espíritu se ha trabajado desde el primer minuto, y prueba de ello son las 28 reuniones mantenidas con las autonomías, en distintos formatos, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado cuando ha sido posible.

Blindaje, controles y transparencia

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora varias novedades en cuanto a controles, transparencia y gobernanza.

Blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella. En los últimos 45 años se han construido 2,7 millones de viviendas protegidas, pero la mayor parte de ellas se descalificaron con los años. Si esas viviendas se hubieran blindado, hoy España contaría con un parque público en estándares europeos. Por primera vez, se condiciona la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general.

Cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante. Se estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones.

Dato público al servicio del interés general para aportar transparencia al mercado inmobiliario y acabar con los discursos del miedo basados en bulos. El Plan Estatal de Vivienda requiere a las comunidades autónomas la remisión al Ministerio de la información de los contratos de arrendamientos en el registro de fianzas de la comunidad. Esta herramienta facilitará información en tiempo real sobre el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación de personas inquilinas, y el incremento de la oferta de forma trazable y real.

Gobernanza participativa para poder hacer una evaluación constante de la ejecución del Plan. En este sentido, se creará un grupo de trabajo en el seno del Consejo Asesor de Vivienda para el seguimiento del cumplimiento del PEV. El Consejo recibirá anualmente la documentación sobre la gobernanza del Plan, lo que le permitirá formular observaciones y recomendaciones -de carácter no vinculante- orientadas a mejorar directamente su eficacia.

Triple ámbito de actuación

MÁS CONSTRUCCIÓN

1. Ayudas para la construcción de nuevas viviendas

Se financia la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda, lo que significa multiplicar por dos los fondos concedidos por vivienda en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las viviendas se entregarán equipadas, tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros al mes y estarán protegidas para siempre.

En caso de que las nuevas viviendas se construyan en municipios de menos de 10.000 habitantes, podrán destinarse también a la venta, manteniendo siempre la protección.

Y ayudas a la urbanización de suelo

Se incorporan ayudas para financiar la urbanización de aquellos suelos en los que se tenga previsto construir al menos un 40% de vivienda protegida, con hasta 8.000 euros por futura vivienda protegida.

Con esta medida, se facilita la disposición de suelos para seguir construyendo vivienda protegida en el futuro.

2. Ayudas para impulsar la industrialización de la construcción

Se habilita una ayuda adicional de hasta 8.500 euros por vivienda cuando en la edificación se empleen técnicas de industrialización.

Así pues, la ayuda podrá ascender hasta 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando esta se haya construido con métodos industrializados.

3. Ayudas especiales para zonas tensionadas

Se habilita una ayuda adicional de hasta 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en un área declarada como zona de mercado residencial tensionado. Por tanto, la ayuda por vivienda podrá llegar a los 102.000 euros si esta se construye en una zona tensionada y se emplean métodos de industrialización.

4. Ayudas para ampliar de forma rápida el parque público

Adquisición de vivienda de particulares. Se ayuda a las comunidades autónomas para que puedan ejercer su derecho a tanteo y retracto, o para que puedan adquirir vivienda de forma directa, a través la financiación del 70% del coste de adquisición.

El porcentaje de financiación puede ascender hasta el 85% en caso de que la vivienda adquirida se ubique en una zona tensionada.
Esa vivienda se pondrá a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible con un alquiler máximo de 800 euros al mes.

Cesión de viviendas a la Administración para alquiler asequible. Se ofrece una ayuda de hasta 17.000 euros (o 25.000 euros si la vivienda se encuentra en una zona tensionada) a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma para que sea la administración quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible por un máximo de 600 euros mensuales.

La comunidad autónoma se encargará de la gestión integral del alquiler y, cuando finalice el contrato, devolverá la vivienda a su propietario en condiciones óptimas.

Además, se destinarán hasta 12.000 euros para financiar obras de reforma o rehabilitación de las viviendas cedidas, una medida especialmente útil en las zonas rurales, donde se concentra el grueso de viviendas vacías, muchas veces por su situación de inhabitabilidad.

MÁS REHABILITACIÓN

5. Ayudas para obras de mejora

Se contemplan ayudas para reformas estructurales de los edificios, así como para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética:

Ayudas estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda.
Las ayudas de accesibilidad hasta 13.000 euros por vivienda.
Y las ayudas para la rehabilitación energética hasta 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste total.

6. Ayudas para rehabilitación en cascos históricos

Se habilita una ayuda extra de hasta 30.000 euros cuando la vivienda a rehabilitar esté en un casco histórico o cuente con especial protección patrimonial. Así, una vivienda ubicada en un casco histórico que acometa mejoras en su estructura, en su accesibilidad y en su eficiencia energética podrá obtener una ayuda de hasta 50.000 euros.

7. Ayudas para movilizar vivienda vacía

Se crean ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de dos años con hasta 30.000 euros de financiación si, posteriormente, esas viviendas se disponen en alquiler residencial por un plazo mínimo de cinco años a un precio asequible. En caso de que la vivienda se encuentre en el medio rural, la ayuda podrá ascender hasta 35.000 euros.

MÁS PROTECCIÓN

8. Ayudas para jóvenes

Ayuda para el alquiler. Se crea una ayuda de hasta 300 euros al mes destinada al pago del alquiler de las personas jóvenes. Esta ayuda podrá modularse en función de cada comunidad autónoma, que podrá incrementar o reducir el importe de la ayuda atendiendo a la realidad de su territorio.

Ayuda para la adquisición de vivienda en el mundo rural para fijar población joven. Ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes de edad ≤35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes. Esa ayuda se ampliará a municipios de hasta 20.000 habitantes cuando estos sufran pérdida de población.

9. Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género

Se dota una amplía línea de ayudas para garantizar una solución habitacional inmediata, adecuada y digna para las personas víctimas de la violencia de género. Así, la Administración se hará cargo del alquiler para la víctima, con un máximo de 1.000 euros mensuales, que la comunidad autónoma podrá incrementar si lo considera necesario.

10. Ayudas a personas vulnerables

Lo mismo ocurre con las personas en situación de vulnerabilidad. El nuevo PEV cuenta con ayudas para garantizar una solución habitacional inmediata, adecuada y digna para las personas vulnerables.

Habrá una ayuda general al alquiler por 250 euros para personas con recursos limitados.