La Agencia Tributaria inicia una operación de ámbito nacional contra el fraude fiscal en el sector de las franquicias de mensajería y paquetería

Las inspecciones, que se desarrollarán en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, analizarán supuestos de actividad no declarada, pagos en ‘B’ a trabajadores de las franquicias y la utilización de programas informáticos de ocultación de ventas para defraudar (software de ‘doble uso’ que ya se ha detectado en algunas de las personaciones realizadas).

La operación, denominada ‘Columba’, conlleva el inicio de inspecciones a sociedades y personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de funcionarios del área de Inspección de la Agencia en locales situados en Andalucía (6), Aragón (3), Asturias (1), Canarias (3), Cantabria (3), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (11), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (9), Murcia (3) La Rioja (2) y Comunidad Valenciana (18).

‘Columba’ ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 260 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), así como con el apoyo de agentes policiales y de 14 funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Software de ‘doble uso’

Las inspecciones iniciadas ayer, y que se desarrollarán en los próximos meses, tienen su origen en denuncias previas, relacionadas con el sector de la mensajería y paquetería, que ponen en conocimiento de la Agencia Tributaria diversos supuestos de ocultación de actividad económica y de pagos en «B» a los trabajadores, vinculados con facturación en efectivo y con la ayuda de software de ocultación de ventas, o de ‘doble uso’. De hecho, ya en las personaciones realizadas ayer se ha corroborado la existencia y utilización de estos programas por parte de algunas de las sociedades inspeccionadas.

Las directrices generales del Plan de Control Tributario de la Agencia para 2022 ponen el foco, entre otros objetivos, en la lucha contra el software de ‘doble uso’, en paralelo a la tramitación del Reglamento que regula los requisitos que deben adoptar los sistemas informáticos de facturación para garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Con las personaciones realizadas ayer en los locales seleccionados, la Agencia ha logrado acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, al objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas y, en su caso, confirmar la posible existencia de programas informáticos de ocultación de ventas y esquemas de facturación irregular.

Las actuaciones también se dirigen a personas del entorno societario y familiar de las sociedades inspeccionadas que presentan signos externos de riqueza no coherentes con las rentas que vienen declarando.

De acuerdo con el informe anual del sector postal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, más del 60% de los 2.177 operadores inscritos en el Registro postal operan bajo el régimen de franquicia o vinculaciones análogas. Esta tipología de empresas de reparto en régimen de franquicia es a la que se dirige la operación ‘Columba’, en un momento de fuerte crecimiento del sector de la mensajería y paquetería por el auge del comercio electrónico en el mercado español.

Las macrooperaciones sectoriales

Con la operación ‘Columba’ son ya 21 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la última década, que hasta la fecha se han traducido en la liquidación de más de 370 millones de euros a 1.825 contribuyentes. Este tipo de actuaciones, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que tienen impacto en las arcas públicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado.