El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026. Y aunque, como ocurre cada año, la atención suele centrarse en el número total de plazas, esta vez el verdadero cambio no está únicamente en la cifra, sino en la filosofía que inspira la oferta.
La OEP abandona parcialmente el modelo tradicional basado en cubrir vacantes y empieza a configurarse como una herramienta de planificación estratégica del Estado. El propio real decreto lo reconoce de forma bastante explícita: la oferta se dirige a reforzar áreas consideradas prioritarias por razones políticas, económicas, tecnológicas y medioambientales.
En otras palabras, el Ejecutivo ya no plantea únicamente «reponer personal», sino rediseñar capacidades públicas allí donde entiende que se jugarán los próximos años: inteligencia artificial, ciberseguridad, emergencias climáticas, protección civil, infraestructuras críticas, defensa y servicios esenciales.
La Administración busca especialistas en IA, ciberseguridad y datos
Uno de los elementos más llamativos de la oferta es el refuerzo tecnológico de la Administración General del Estado.
El real decreto incrementa en torno a un 40 % las plazas vinculadas a tecnologías de la información y la comunicación, con especial atención a la transformación digital y a las competencias relacionadas con inteligencia artificial.
Dentro de ese refuerzo destacan especialmente las plazas del:
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado,
Gestión de Sistemas e Informática,
Técnicos Auxiliares de Informática,
y otros perfiles tecnológicos especializados.
Además, la norma introduce una novedad relevante: las futuras convocatorias del ámbito TIC podrán organizarse por especialidades, algo orientado claramente a captar perfiles específicos en:
inteligencia artificial,
ciencia del dato,
ciberseguridad,
y tecnologías avanzadas.
Emergencias climáticas
La otra gran prioridad de la OEP 2026 es el refuerzo de capacidades vinculadas al cambio climático y la protección civil.
El real decreto aprueba una oferta extraordinaria de 346 plazas destinada específicamente a responder a emergencias climáticas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, especialmente tras los episodios sufridos recientemente en Andalucía y Extremadura.
Estas plazas se concentrarán en ámbitos como:
infraestructuras hidráulicas,
protección de costas,
predicción meteorológica,
gestión forestal,
y vigilancia medioambiental.
De hecho, la norma reserva convocatorias específicas para cuerpos como:
Ingenieros de Montes,
Ingenieros Técnicos Forestales,
Técnicos de Medio Ambiente,
Agentes Medioambientales,
y cuerpos meteorológicos estatales.
La idea de fondo resulta bastante evidente, el Gobierno empieza a considerar la emergencia climática no sólo como una cuestión ambiental, sino como una necesidad estructural de refuerzo permanente del aparato administrativo.
Más plazas para protección civil, defensa y seguridad
La oferta también incrementa recursos humanos en ámbitos relacionados con seguridad pública, defensa y resiliencia estatal.
El texto prevé refuerzo del Sistema Nacional de Protección Civil, incremento de capacidades de ciberdefensa, aumento de efectivos vinculados a política penitenciaria, y refuerzo de cuerpos relacionados con seguridad ciudadana.
Además, se incorporan nuevas plazas vinculadas a seguridad ferroviaria, infraestructuras de transporte, mantenimiento y vigilancia de redes públicas, y personal técnico especializado.
Servicios de atención directa al público
La OEP insiste también en reforzar los servicios de atención directa al público. El Gobierno reconoce indirectamente el problema de saturación administrativa que afectan muchas oficinas públicas y plantea reforzar Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, DGT, oficinas de atención ciudadana, y servicios territoriales de Justicia.
El objetivo declarado es avanzar hacia la eliminación progresiva de la cita previa obligatoria.
Para ello se incrementan plazas en cuerpos administrativos y auxiliares vinculados directamente a la atención presencial.
Sanidad pública estatal y educación: aumento extraordinario
Otro de los apartados más relevantes es el incremento de plazas sanitarias. La oferta duplica prácticamente las plazas en INGESA (Ceuta y Melilla) y la red hospitalaria de Defensa.
Además, parte de estas plazas se justifican mediante la tasa extraordinaria orientada a reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8 %, en aplicación de la Ley 20/2021.
En educación, por primera vez se convocan plazas de catedráticos de enseñanza secundaria en Ceuta y Melilla, buscando reforzar la especialización y promoción profesional del profesorado.
Una Administración más digital… también en las oposiciones
La transformación digital no afecta únicamente a los puestos ofertados. También modifica la forma en que se gestionarán los procesos selectivos.
El real decreto insiste en descentralizar pruebas selectivas, agilizar convocatorias, reducir tiempos de ejecución, simplificar temarios, y potenciar medios electrónicos obligatorios.
Además, las convocatorias deberán publicarse el mismo año de la oferta, ejecutarse en un máximo de dos años, y procurar que la fase de oposición no supere un año.
Incluso se establece la obligación de publicar cronogramas orientativos y plantillas correctoras en plazos muy reducidos, intentando mejorar transparencia y previsibilidad para los opositores.
Los procesos con poca cobertura deberán justificarse
La norma introduce también mecanismos de revisión para aquellas oposiciones donde históricamente quedan muchas plazas vacantes.
Si en una convocatoria anterior la cobertura fue inferior al 75 %, el órgano convocante deberá elaborar un informe obligatorio explicando por qué falló la cobertura, qué problemas existen en el proceso selectivo, y qué medidas se aplicarán para corregirlo.
Entre las posibles soluciones aparecen adaptar pruebas a currículos universitarios, eliminar redundancias, revisar temarios, modificar criterios de corrección, mejorar captación de talento, o agilizar procedimientos.
La medida afecta especialmente a cuerpos tecnológicos e ingenierías, donde la Administración viene teniendo dificultades crecientes para cubrir plazas.
Inteligencia artificial y ética pública entran en la formación obligatoria
Otra novedad significativa es que los cursos selectivos incluirán formación obligatoria en transformación digital, inteligencia artificial, integridad pública, y prevención de la corrupción.
La incorporación expresa de módulos de IA evidencia que el Gobierno empieza a considerar estas competencias como conocimientos transversales básicos dentro del empleo público estatal.
Reserva de plazas para personas con discapacidad
La oferta mantiene la reserva del 10 % de plazas para personas con discapacidad.
De ese porcentaje un 2 % se destina específicamente a discapacidad intelectual, y el resto a otras discapacidades compatibles con las funciones del puesto.
Además, se refuerzan medidas de adaptación de pruebas, accesibilidad y ajustes razonables durante los procesos selectivos.
Más de 27.000 plazas
La OEP 2026 aprueba más de 27.000 plazas en la Administración General del Estado, incluyendo la oferta extraordinaria climática. Y si se suman las ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil, y Fuerzas Armadas, la cifra supera las 37.000 plazas.
El Gobierno subraya además que las ofertas aprobadas desde 2022 han permitido generar empleo neto durante varios ejercicios consecutivos y rejuvenecer progresivamente la edad media de las plantillas públicas.
Entrada en vigor
El Real Decreto 387/2026 entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 8 de mayo de 2026.
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