Publicada la convalidación del RDL 3/2026 y la derogación del RDL 2/2026

El sábado 28 de febrero apareció en el BOE una resolución del Congreso que, aunque formalmente es breve, tiene bastante más fondo del que parece. En ella se ordena la publicación del acuerdo por el que se convalida el Real Decreto-ley 3/2026, el que ha servido para actualizar las pensiones y algunas piezas del sistema de Seguridad Social para este año.

La convalidación no sorprende. De hecho, muchas de las medidas ya estaban en marcha desde enero. Las personas pensionistas lo habían notado en sus nóminas incluso antes de que el Congreso se pronunciara. Aun así, este paso no es menor: convierte en estables unas decisiones que, hasta ese momento, seguían siendo provisionales.

La idea central es conocida: las pensiones contributivas suben un 2,7 %. Es una subida general, calculada conforme a la media del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal y como marca la fórmula aprobada en 2021. No hay aquí improvisación ni ajuste discrecional. Es el mecanismo pactado para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, y este año vuelve a aplicarse tal cual.

En términos prácticos, esa revalorización supone unos quinientos y pico euros más al año para una pensión media de jubilación. No cambia la vida de golpe, pero tampoco es irrelevante. Afecta a millones de personas. En concreto, a quienes cobran pensiones contributivas, a las de Clases Pasivas, y también a otras prestaciones que se mueven en paralelo.

Donde el incremento se nota con más claridad es en las pensiones más bajas. Las pensiones mínimas suben más de un 7 %, y en algunos casos concretos -como las pensiones con cónyuge a cargo o determinadas pensiones de viudedad- el aumento alcanza el 11,4 %. En esa misma línea se sitúan las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, que también se revalorizan un 11,4 %.

El texto toca igualmente las pensiones del antiguo SOVI, que quedan por encima de los 599 euros mensuales en los casos no concurrentes. No es una cifra alta, pero supone una mejora respecto al año anterior y mantiene la coherencia con el resto del sistema.

Además de las pensiones, el real decreto-ley incluye otros ajustes que pasan más desapercibidos, pero que no son menores. Se retocan bases y grupos de cotización, se fija el tope máximo en algo más de 5.100 euros mensuales y se actualizan tanto el Mecanismo de Equidad Intergeneracional como la llamada cuota de solidaridad. Para las personas autónomas, se mantienen durante 2026 los tramos de rendimientos que ya venían aplicándose.

Hay también medidas muy concretas, pensadas para colectivos determinados. Por ejemplo, se regula una cotización adicional que permitirá adelantar la jubilación de bomberos forestales y agentes medioambientales, reconociendo la dureza y el riesgo de su trabajo. Y se prorroga, hasta finales de 2026, la compatibilidad entre pensión y ejercicio profesional para determinados médicos de Atención Primaria. No es una medida teórica: ya se ha utilizado y ha servido para sostener servicios que, de otro modo, habrían quedado más tensionados.

En conjunto, lo que hace este real decreto-ley -y lo que ahora se convalida- es ajustar piezas. No cambia el sistema, pero lo afina. Mantiene la lógica de vincular las pensiones al coste de la vida y refuerza, sobre todo, las prestaciones más bajas. No es una reforma estructural, pero sí una confirmación de hacia dónde se quiere que vaya el modelo.