La Unión Europea actualiza su lista de países y territorios no cooperadores en fiscalidad internacional

En esta revisión hay entradas y salidas. Algunas esperables, otras menos. Entran las Islas Turcas y Caicos y entra también Vietnam. En ambos casos, el motivo no es una sorpresa para quien sigue mínimamente estos procesos: problemas de fondo, no tanto de normas escritas como de cómo se aplican. En un caso, la cuestión de la sustancia económica; en el otro, la dificultad real para obtener información fiscal cuando se solicita desde fuera. Sobre el papel todo puede parecer correcto. En la práctica, no tanto.

Al mismo tiempo, salen de la lista Fiyi, Samoa y Trinidad y Tobago. No porque hayan hecho nada espectacular de un día para otro, sino porque, tras varias evaluaciones, se considera que han terminado de ajustar lo que se les venía pidiendo. Es importante entender esto: no es un juicio moral ni una sanción permanente. Es un seguimiento técnico, largo, a veces lento, pero continuo.

Con estos cambios, la lista queda ahora en diez jurisdicciones. No es un número simbólico ni tiene mayor lectura que esa: son las que, a día de hoy, no alcanzan los estándares que la Unión considera mínimos en materia de transparencia y cooperación fiscal.

Hay otro documento que suele generar menos ruido y que, sin embargo, dice mucho más de cómo funciona todo esto. Es el que recoge a los países que están «en camino». No están fuera del radar, pero tampoco dentro de la lista negra. Están reformando, ajustando, negociando. Ahí se producen también movimientos. Antigua y Barbuda y Seychelles salen de ese seguimiento porque han cumplido. Brunéi, en cambio, recibe algo de margen adicional para terminar de arreglar su régimen de rentas extranjeras. Ni castigo ni aplauso: tiempo, con vigilancia.

Detrás de estas decisiones no hay improvisación. Hay técnicos, informes, intercambios de información, revisiones cruzadas con organismos internacionales. Mucho trabajo que no se ve. El llamado Grupo del Código de Conducta es quien va preparando todo esto, hablando con los países afectados, empujando cambios, comprobando si lo prometido se ha hecho de verdad.

La lista existe desde 2017 y, con el paso de los años, se ha vuelto más exigente. Ya no basta con anunciar reformas o cambiar una ley. Lo que se mira es si funcionan, si se aplican y si permiten cooperar de forma real cuando otro país llama a la puerta.

En octubre de 2026 habrá otra revisión. Algunas jurisdicciones seguirán, otras quizá no. Lo único seguro es que la lista seguirá moviéndose, porque la fiscalidad internacional ya no admite zonas grises eternas ni compromisos a medias.