En el marco del compromiso adquirido con los empleados públicos a través del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022, el Consejo de Ministros ha activado oficialmente el incremento retributivo adicional del 0,5 % para todo el personal al servicio del sector público, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
La medida ha sido publicada mediante la Orden PJC/681/2025, de 1 de julio, e implica una actualización salarial consolidable basada en la evolución acumulada del IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) correspondiente a los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Según lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, el incremento del 0,5 % no era automático: dependía de que el aumento del IPCA en el periodo 2022-2024 superase el incremento retributivo fijo acumulado en esos mismos años. Esa condición ya se ha cumplido:
Crecimiento del IPCA acumulado (2022-2024): 12 %
Incremento retributivo fijo acumulado en el mismo periodo: 8 %
Con estos datos certificados oficialmente por el INE (15 de enero de 2025), se ha activado la cláusula salarial pactada con los sindicatos. Así, el personal del sector público verá reforzadas sus retribuciones de 2024 con un aumento total del 2,5 % (2 % fijo + 0,5 % variable).
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, ahora publicado como anexo a la Orden, constituye el acto administrativo formal que permite aplicar la subida. Esta se dirige a todo el personal al servicio del sector público, abarcando tanto personal funcionario como estatutario, laboral, altos cargos y personal directivo, sin necesidad de nuevas leyes presupuestarias.
Su aplicación, además de retroactiva, es consolidable, es decir: se integra de forma permanente en la estructura retributiva futura.
La medida se inscribe en un entorno económico aún marcado por las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, que han presionado los precios y obligado al Estado a reaccionar no solo con medidas fiscales y sociales, sino también con instrumentos de compensación salarial para los trabajadores públicos.
El acuerdo retributivo alcanzado en 2022 preveía precisamente este tipo de cláusulas automáticas para proteger el poder adquisitivo de quienes prestan servicios en la administración.
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