Fondo de Reserva de la Seguridad Social y evaluación de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones

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El Real Decreto 100/2025, publicado en el BOE el 19 de febrero de 2025, desarrolla la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y establece un sistema de evaluación periódica a cargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Su objetivo principal es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, siguiendo los cambios introducidos en la legislación en los últimos años.

Este nuevo marco normativo responde a la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Refuerza la transparencia y el control sobre los ingresos y gastos del sistema, asegurando que cualquier desviación pueda corregirse con medidas oportunas.

La norma entró en vigor el día 20 de febrero, derogando la anterior regulación de 2004 y consolidando las reformas recientes en materia de pensiones y Seguridad Social.

Reestructuración del Fondo de Reserva

La norma profundiza en la dotación y gestión del Fondo de Reserva, alineándolo con la normativa actual. La financiación del fondo se amplía con aportaciones derivadas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye al antiguo Factor de Sostenibilidad. A partir de 2023, se establece una cotización progresiva que alcanzará el 1,2% en 2029 y se mantendrá hasta 2050. A partir de 2033, el fondo podrá utilizarse para compensar gastos del sistema.

El Real Decreto 100/2025 también introduce cambios en el cálculo de excedentes destinados al fondo, redefiniendo la contribución de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y estableciendo criterios para la liquidez y composición de la cartera de inversiones. Se enfatiza una gestión patrimonial eficiente, garantizando el uso responsable de los recursos.

Evaluación del sistema de pensiones

La norma incorpora un mecanismo de seguimiento trienal de las reformas aplicadas desde 2020. La AIReF deberá emitir informes sobre la evolución de los ingresos y gastos del sistema de pensiones, asegurando que no se superen ciertos umbrales de gasto en relación con el PIB.

Si se detecta un déficit estructural superior al 13,3% del PIB en el período 2022-2050, el Gobierno deberá presentar medidas correctoras. Estas pueden incluir aumentos en las cotizaciones sociales, ajustes en el gasto en pensiones o una combinación de ambas. En caso de que no se aprueben reformas legislativas a tiempo, se activará un aumento automático en la cotización del MEI.

Órganos de gestión y control

El Real Decreto 100/2025 refuerza el papel de tres organismos clave en la supervisión del fondo:

Comité de Gestión, encargado de definir la estrategia de inversión.
Comisión Asesora de Inversiones, que realiza propuestas financieras.
Comisión de Seguimiento, con participación de sindicatos y empresarios, que vigila la evolución del fondo.

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