España insiste en Bruselas en la necesidad de reformas ante el alza de precios de la luz

España contraataca en Bruselas. Tras el fiasco del último Consejo Europeo del año, que se cerró la semana pasada sin que los líderes de los Veintisiete fueran capaces de pactar unas conclusiones sobre energía, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha llegado este lunes a la capital comunitaria con el mismo mensaje en el que lleva insistiendo desde los primeros embates de la crisis de la factura de la electricidad este verano: por un lado ha reclamado medidas “políticas” para “reaccionar en situaciones excepcionales” de precios disparados, como la actual, y, por otro, ha pedido un debate de “largo recorrido” que permita remozar el mercado energético europeo y adaptarlo a la realidad actual.

España, uno de los países que más ha pujado por hacer avanzar el debate sobre los precios del gas, fue quizá la mayor de las víctimas colaterales de la estrategia del Este la semana pasada, cuando Polonia y la República Checa decidieron dinamitar las negociaciones sobre energía en la cumbre del jueves. “Ha habido temas que se han cruzado en el debate que tienen que ver con el cuestionamiento inaceptable de todo el sistema de compromiso climático”, lamentó sobre la falta de acuerdo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia al término de la cita de jefes de Estado y de Gobierno.

Formalmente, Varsovia y Praga rompieron las conversaciones por su desacuerdo con el sistema de comercio de derechos de emisiones de CO₂ (ETS, por sus siglas en inglés), cuyo precio se ha más que duplicado en 2021. Aunque en Bruselas, y en varias capitales, sospechan que la decisión del Gobierno polaco es una forma de represalia por el bloqueo de la Comisión a aprobar su fondo de recuperación; mientras que la del Ejecutivo checo tendría que ver más bien con una estrategia propia de quien deja el cargo: Andrej Babis, el polémico magnate populista que perdió las últimas elecciones.

A la ruptura de las discusiones sobre energía la semana pasada también contribuyó el debate en torno a la energía nuclear y el gas, que un buen número de países quieren incluir en la llamada taxonomía verde. La Comisión tiene previsto aprobar en breve esta clasificación que distinguirá qué es un bono verde y qué no, con el objetivo de teledirigir las finanzas hacia la transición ecológica emprendida por la UE.

“No podemos ser testigos mudos frente a esta situación que impacta en las familias, en los hogares, pero también en la industria en general, en la capacidad de recuperación”, ha señalado Ribera, que también se ha referido a las últimas propuestas de la Comisión de la semana pasada. “Se han abierto algunas puertas”, ha explicado en referencia a la iniciativa de crear reservas estratégicas de gas y permitir las compras conjuntas de este combustible de forma voluntaria, recogiendo de forma parcial una sugerencia española, pero sin posibilidad de que esta se aplique de forma inmediata. “Tomar una decisión e implementarla a nivel europeo, desgraciadamente, tarda mucho más tiempo de lo que nos gustaría”, ha reconocido antes de adentrarse en el encuentro con sus homólogos.

En la cita, los ministros se han puesto al día sobre su visión del llamado Pacto Verde Europeo, un gigantesco paquete de medidas con el que la UE pretende reducir en 2030 un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática en 2050. En el turno de palabra, Polonia ha dejado claro que no solo va a ser dura de convencer en el debate sobre los precios de la energía; también mostrará resistencia en la discusión de este paquete destinado a la transición ecológica del continente.

“Esta crisis por estos precios tan altos de la energía cambia un poquito la dinámica de la negociación”, ha arrancado Anna Moskwová, ministra polaca de Medio Ambiente. “Me recuerda todas las pegas que tenemos con el ETS”, ha añadido, alertando también de que trasladar este mecanismo de derechos de CO₂ a los sectores del transporte por carretera y edificios, tal y como ha propuesto Bruselas, podría “aumentar las cargas sociales de los hogares más vulnerables”. El debate será largo.