El aparente gran esfuerzo fiscal que el Gobierno está realizando con el recorte de impuestos en la factura de la luz para compensar la escalada de precios en el mercado mayorista no va a resultar tal, ya que, según las previsiones, pese a estas medidas, el Estado ingresaría este año unos 1.100 millones de euros más que en los dos ejercicios previos a la pandemia, en que recaudó unos 10.400 millones anuales.
Y es que el propio encarecimiento de la electricidad se traduce de por sí en un incremento sin precedentes de la recaudación de los tributos que gravan directamente el recibo de la luz, el IVA y el impuesto especial de la electricidad, y otros seis que lo hacen de manera indirecta: el canon hidráulico; el impuesto al carbón; a los residuos nucleares; la tasa de ocupación de la vía pública (TOVP) y los ingresos por las subastas derechos de emisión de CO2. Precisamente, las arcas del Estado se están beneficiando de la importante subida de estos derechos, que, junto con el precio del gas, son los factores que están empujando los precios eléctricos hacia una cima aún desconocida.
Las fuertes presiones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez comenzó a recibir a comienzos de verano por los precios del pool, al que esta indexada la factura de los consumidores domésticos, le llevó, en un primer momento, a aprobar un recorte inédito del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año, así como la eliminación hasta el 30 de septiembre del impuesto del 7% a los ingresos por la venta de cualquier tipo de energía. Un tributo que, aunque pagan los productores, lo repercuten como un coste en el precio final. Otro tanto ocurre con los derechos de CO2 que tienen que comprar para producir las plantas que emiten (gas y carbón).
Estas medidas, que tuvieron un efecto inmediato en la factura, no contentaron a los consumidores, que vieron cómo las ventajas fiscales se diluyeron ante los imparables precios del pool. A mediados de agosto, la luz superaba por primera vez los 100 euros/MWh y en apenas un mes trasvasó la barrera de los 175 euros/MWh (el pasado martes). Para hoy cotiza a 165,19 euros/MWh.
Hace una semana el Gobierno optó por otra vuelta de tuerca con nuevas medidas urgentes, que volvían a incluir recortes fiscales: una bajada del impuesto de la electricidad del 5,1% al 0,5%, que recaudan las comunidades autónomas, hasta el 31 de diciembre, y la ampliación hasta esa fecha de la suspensión del 7% a la generación. La decisión sobre el IVA se mantiene igual.
Según escenarios basados en indicadores del sector, a un precio base de 50 euros/MWh las Administraciones públicas recaudan 10.427 millones de euros por los ocho tributos citados (ver cuadro). En 2018 el pool se saldó con una media de 57,29 euros/MWh y 2019, a 47,68 euros/MWh, mientras que el primer año de pandemia, en 2020, se derrumbó a 33,96 euros/MWh.
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