El Gobierno cifra en 1.000 millones el ‘hachazo’ a las eléctricas por el CO2

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para limitar los beneficios de las centrales nucleares e hidroeléctricas por el alza de los derechos de emisión de CO2, un recorte para las grandes compañías eléctricas que asciende a más de 1.000 millones de euros (si se mantiene la cotización de CO2 al precio actual) y que supone entorno al 25% de los ingresos que reciben de media estas centrales. «Son algo más de 1.000 millones de euros al año que pasan directamente a las cuentas de las empresas y pensamos que una parte de estos beneficios deben ir a minorar la factura eléctrica», ha asegurado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Esta estimación supondría una reducción de la factura de la luz de entre alrededor del 4,8% para consumidores domésticos y del 1,5% para la gran industria, según fuentes del ministerio para la Transición Ecológica.

Esa minoración del dividendo de carbono afectará solo a las plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado porque ese año fue cuando se inició ese mercado de CO2, por tanto, según Ribera, «ninguna planta ha tenido en cuenta en su contabilidad este coste de CO2 a la hora de tomar decisiones de inversión».

Los consumidores domésticos pagaron el mes pasado la factura más alta del año debido al alza del precio de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales y no es previsible que el precio del CO2 se reduzca en los próximos meses. El precio del CO2 ha crecido un 150% en el último año, mientras el 90% del sistema eléctrico español no genera CO2, una incongruencia que se produce porque el mercado español es marginalista, es decir, la última tecnología en casar oferta y demanda es la que marca el precio para el resto, por tanto, si la última en entrar son los ciclos combinados (queman gas natural) que sí están afectados por el CO2, el resto de tecnologías se benefician de ese precio. Entre ellas, los propietarios de nucleares e hidráulicas.

El destino de esos 1.000 millones de euros se repartirá entre el bono social, al cual irá destinado el 10% del total recaudado, y a reducir los cargos por las primas a las renovables (RECORE), incluidas dentro de los costes regulados del recibo (el 90% restante), que ascienden a un total de 6.500 millones de euros.

De esta forma, la medida engrasa a la perfección con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), conocido como fondo ‘verde’, que ha sido aprobado como proyecto de ley también este martes y que prevé eliminar del recibo estas primas a las renovables con cargo a todas las empresas energéticas, aunque las petroleras son las que tienen que pagar la mayor proporción (43,7%), frente a gasistas (24,80%) y eléctricas (31,50%). Por tanto, con los ingresos de los dividendos de carbono, estas empresas tendrán que asumir una cantidad inferior, sobre todo en los primeros años, según confirman fuentes del Ejecutivo.

Ambas medidas supondrían una reducción del 15% del recibo de la luz, según fuentes del ministerio para la Transición Ecológica. Las compañías más afectadas son Iberdrola y Endesa, que son las empresas con más centrales hidroeléctricas y nucleares, respectivamente, aunque esta decisión también afecta a Naturgy y Acciona. Fuentes del sector trasladaron que esta medida se trata de una «intervención del mercado» cuya puesta en marcha podría suponer un freno para el despliegue de nuevas tecnologías planteado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), pero Ribera les ha recordado que el diferencial entre rentabilidad y coste de nucleares e hidráulicas es muy amplio y «esto supone solo una parte de la rentabilidad extra que reciben».

En concreto, este mecanismo supone eliminar el 90% de los beneficios por el dividendo de carbono, pero se mantiene el 10% de ese concepto, así como la cuantía extra que reciben por el alza del gas natural que también afecta a los ciclos combinados. Sobre la posibilidad de que esta decisión del Gobierno pudiera acelerar el cierre del parque nuclear (previsto entre 2027 y 2035 según un acuerdo del Gobierno, las compañías y ENRESA), Ribera ha sido clara: «Cuando se estableció el calendario de cierre ordenado, la tonelada de CO2 estaba en 20 euros y el megavatio-hora en alrededor de 50 euros, si las cuentas les salían entonces, nada ha cambiado ahora». Además, ha añadido que «el operador del sistema (REE) debe garantizar si es posible cerrar una central para poder contar con la electricidad cuando se necesita».