El Gobierno prevé poner en marcha una reforma fiscal integral en 2023

Se adaptará las normas tributarias a la economía digitalizada, eliminará beneficios fiscales ineficaces, mejorará la progresividad del sistema y, sobre todo, incrementará los ingresos, pero, ¿qué sabemos de esta reforma fiscal? Tal y como se apunta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno ha creado un Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal que elaborará y presentará, en febrero de 2022, un Libro Blanco de propuestas que el Ejecutivo tendrá en cuenta para su reforma.

Así, el calendario prevé revisar las recomendaciones de los expertos y aprobar las medidas a lo largo de 2022 para implementarlas en 2023, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puntualizado que la puesta en marcha podría retrasarse si para 2023 aún no se ha recuperado el PIB previo a la pandemia. Sin embargo, el Ejecutivo sí prevé empezar a aplicar algunos «pequeños ajustes» de impuestos antes de esa fecha, sobre todo aquellos con fines sanitarios o medioambientales, y da por reformados algunos tributos con los cambios ya implementados.

IRPF: Los Presupuestos de 2021 aumentaron en dos puntos el tipo del IRPF para rentas de trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos para rentas del capital superiores a 200.000 euros. Además, bajaron la reducción máxima por aportaciones a planes de pensiones de 8.000 a 2.000 euros en los individuales y subieron de 8.000 a 10.000 euros en los de empresa. En principio, el Gobierno no prevé realizar más cambios en el IRPF aunque analizará posibles propuestas del grupo de expertos. Así, por ejemplo, la memoria de impacto de género del Plan apunta a la posibilidad de eliminar la reducción por tributación conjunta, una opción que el Gobierno asegura que no está comprometida con Bruselas pero que revisará en línea con la recomendación ya formulada por la AIReF.

Sociedades: El impuesto de sociedades es una de las piezas clave de la reforma fiscal, sobre todo porque en los últimos años ha perdido capacidad de recaudación. El Presupuesto de 2021 ya obligó a tributar una parte de los beneficios de las filiales en el extranjero, pero el Gobierno quiere ir más allá, especialmente después de que la administración estadounidense haya planteado un impuesto de sociedades mínimo global. Tal y como avanzó antes de la pandemia, el Ejecutivo prevé establecer un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15 % (el nominal es del 25 %) que supondría, en la práctica, limitar las deducciones que pueden aplicarse las empresas.

IVA: La revisión de beneficios fiscales prevista en el Plan también supondrá examinar los tipos reducidos del IVA, algo reclamado insistentemente por la Unión Europea, aunque, ha insistido Montero, esto no implica necesariamente que se vayan a eliminar. En ese sentido ya se ha suprimido el IVA reducido para las bebidas azucaradas y edulcoradas.

Patrimonio: Los Presupuestos de 2021 incrementaron en un punto el tipo máximo del impuesto de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros. El Plan no contiene ningún otro compromiso relativo a este impuesto, aunque Montero ha abogado en varias ocasiones por establecer algún tipo de armonización para evitar competencia fiscal entre comunidades autónomas, una armonización que también pretende extenderse al impuesto de sucesiones y donaciones.

Hidrocarburos: El Plan de Recuperación prevé revisar las bonificaciones del impuesto de hidrocarburos, lo que afecta principalmente al diésel. El Gobierno ya planteó elevar la tributación del diésel, que es menor a la de la gasolina pese a ser más contaminante, en las cuentas de 2021, aunque finalmente retiró la medida en el marco de las negociaciones parlamentarias.

Impuestos medioambientales: La reforma fiscal pretende mejorar la tributación ambiental, que en España es una de las más bajas de Europa, más allá del impuesto de hidrocarburos. Por el momento, se han aprobado los nuevos impuestos sobre residuos en vertedero y plásticos de un solo uso. Además, el Plan alude directamente a la modificación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y del impuesto de matriculación de vehículos para adaptarlo al estándar medioambiental, al tiempo que sugiere la posibilidad de aprobar nuevos tributos.

Nuevos impuestos: Por el momento, ya están en vigor los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales y las transacciones financieras, aunque el Gobierno prevé adaptarlos si finalmente se alcanza un consenso internacional para gravar estas materias.