Las CCAA y los sindicatos exigen ‘seguridad jurídica’ en la reforma para los interinos

Las autoridades de seis comunidades autónomas, la confederación de sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han pedido este viernes “seguridad jurídica”, tras confirmarse un acuerdo entre el Gobierno, ERC y el PNV para permitir enmiendas al proyecto de Ley sobre temporalidad. Miembros de los Gobiernos de Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, La Rioja y Madrid se han manifestado respecto al pacto y, si bien la medida ha sido respaldad por las comunidades y los sindicatos, hay unanimidad en que la reforma debe regularse con cautela.

Las autonomías gobernadas por el PP han sido las más críticas. El consejero de Hacienda y Financiación Europea de Andalucía, Juan Bravo (PP), ha pedido este viernes que el Gobierno tenga «cuidado» a la hora de regular la posibilidad de convertir en fijos a funcionarios interinos, para garantizar la legalidad de la medida y evitar que derive en «sentencias» e «indemnizaciones» que tengan que pagar los ciudadanos.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado el acuerdo de «extraordinariamente preocupante» y la reforma de concesión demagógica: «Esto va a ser una entrada masiva de personas que no se irán nunca. Me parece que no es susceptible de ser viable», ha zanjado. El consejero asegura que España no se debería encaminar hacia ese modelo, sino a uno más «flexible», siguiendo un estilo que permita «el movimiento entre sector público y privado» como en Alemania o Reino Unido:

Del otro lado, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno de Asturias, la socialista Melania Álvarez, ha afirmado hoy que en este asunto están «alineados» con el Gobierno de España, aunque ha insistido en la importancia de dotarse de un marco jurídico para que los cambios se den correctamente. Así mismo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado una «buena noticia» el acuerdo, y ha afirmado que servirá para disminuir esta modalidad de trabajo. Fernández, sin embargo, ha aclarado que: «ahora tenemos que ver la letra chica, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo». Canarias y La Rioja también se han mostrado favorables al acuerdo.

CCOO también se ha manifestado, y ha pedido al Gobierno «una respuesta con seguridad jurídica» para el colectivo de interinos de la administración pública y «que no genere más incertidumbre». En un comunicado, el sindicato señaló que «la respuesta definitiva» al problema de la temporalidad en el sector público «no puede generar una mayor incertidumbre o una nueva discriminación». Por ello, la organización de trabajadores indicó que «seremos respetuosos con los cambios que se puedan introducir, siempre y cuando sirvan para dar una solución definitiva y que no acabe en un largo proceso judicial».

La CSIF, por su parte, ha exigido que las reformas se tramiten “celeridad y equidad en el conjunto del estado” y ha afirmado por el momento no puede hacer una valoración precisa: “El texto que finalmente salga del Congreso debe ir en consonancia con nuestro marco legislativo, la directiva europea y la reiterada jurisprudencia sobre el acceso al empleo público. En este sentido reclamamos a los grupos responsabilidad y sentido de Estado para que el futuro proyecto de Ley salga adelante con el máximo consenso posible, evitando que los tribunales la declaren inconstitucional y con ello, lejos de lograr el objetivo de acabar con la temporalidad, se genere mayor incertidumbre a los opositores” ha afirmado la organización en un comunicado.

El acuerdo del Gobierno permitirá que los trabajadores interinos de la administración pública, que pasen cinco años cubriendo el mismo puesto, consigan una plaza fija de forma automática sin necesidad de opositar, y se consumará como unificación de enmiendas de los distintos partidos a la ley de estabilización de la función pública. La reforma supone rebajar a la mitad el periodo de 10 años inicialmente planteado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la hora de regularizar a interinos.