Los empresarios critican los excesos regulatorios del Gobierno

El Círculo de Empresarios lanzó ayer una advertencia muy seria al Gobierno y a todas las fuerzas políticas sobre lo que llamó el «deterioro de la calidad institucional». En opinión del 87% de los empresarios es el mayor obstáculo para la competitividad de la economía y de las propias empresas españolas. El «deterioro de la calidad institucional» es el clima de enfrentamiento, «de ruido político», de «cuestionamiento de algunas de las instituciones fundamentales del país», que ha surgido entre los diferentes partidos. Así lo explicaron ayer Manuel Pérez-Sala, presidente de Círculo de Empresarios y Miguel Iraburu, director de una encuesta con 200 directivos, que presentó ayer la institución.

Sin hacer referencias explícitas, el Círculo de Empresarios se refirió así a la elevada fragmentación parlamentaria, algunos de cuyos partidos ponen en cuestión la unidad de España. También a la propia monarquía parlamentaria o el enfrentamiento permanente entre el Gobierno y el Partido Popular, que impide que pacten las reformas que, a juicio de los empresarios, necesita España.

Es más, un 65% de los directivos de sociedades de todos los tamaños y sectores sostienen que, por ésta y otras razones, cuando salen fuera prefieren hablar de la marca Europa, en lugar de la marca España. Además, un 82,7% de los empresarios valora muy negativamente la «carga regulatoria» de este Gobierno. Por ejemplo, con el reciente real decreto ley para limitar los beneficios de las eléctricas o la reforma laboral que prepara el Gobierno. Entre otras cosas, para reducir la contratación temporal, la negociación colectiva y la subcontratación.

Los empresarios también valoran de forma muy negativa los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y a las compañías tecnológicas. Un 80,3% opina así. De la misma forma que el Círculo de Empresarios sostiene que es falso que las empresas españolas tributen por debajo del 10% en el Impuesto de Sociedades.

La institución rechazó así el acuerdo que cerró ayer en el seno del Gobierno de coalición para fijar un tipo mínimo del 15% de los beneficios en el Impuesto de Sociedades. Medida que irá en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Pérez-Sala defendió que la media del impuesto que pagan las empresas españolas es del 18%, una vez que se han deducido la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación.

No obstante, un dato sorprendente es que un 45% de los consultados considera que la nueva imposición puede tener un impacto positivo sobre la competitividad. Sin duda se debe a que muchos empresarios consideran que la tributación verde puede colocar en un plano de igualdad competitiva a quienes ya han tomado medidas para reducir la contaminación con los que todavía no lo han hecho. Por ejemplo, un 40% de los consultados estima que la nueva tributación sí puede ser perjudicial para la competitividad de su empresa.

En relación también con las medidas pactadas ayer por el Gobierno de coalición, casi el 80% de los empresarios considera negativa o muy negativa, la regulación de los precios del alquiler de la vivienda, y el 71,6%, el incremento del salario mínimo interprofesional. Este último ha crecido un 1,6% en el cuarto trimestre del año, hasta los 965 euros al mes, y la previsión del Ejecutivo es que se eleve a 1.000 euros en 2022, como ha pactado con los sindicatos.

Pérez-Sala pidió «prudencia» el Ejecutivo, porque la subida de esta renta «no perjudica a los empresarios; perjudica a los trabajadores que están en el paro y a los que menos posibilidades tienen de encontrar trabajo». Pérez-Sala se hizo eco de un reciente informe de Cepyme y Randstad Research, que calcula que el reciente incremento del SMI impedirá la creación de entre 60.000 y 130.000 empleos. El Banco de España sostiene que la subida en un 22,3% del SMI en 2019 hizo que las empresas no generasen en torno a 175.000 puestos de trabajo. De la misma forma, el Círculo criticó el incremento en un 2% del salario de los funcionarios para 2022.