El Gobierno permitirá que los inquilinos reciban ayudas a la rehabilitación de vivienda

El Gobierno pretende que los inquilinos de vivienda habitual puedan beneficiarse, junto a los propietarios de los inmuebles, de las ayudas europeas que dan forma al programa de rehabilitación residencial, uno de los proyectos estrella del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado recientemente por la Comisión Europea y pendiente de ser validado por el Consejo. En un primer momento, los principales beneficiarios de las subvenciones y deducciones diseñadas por el Ejecutivo en materia de rehabilitación estaban llamados a ser los propietarios, pero ahora, según explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también podrán percibir estas ayudas los propios arrendatarios.

El programa de rehabilitación, financiado con un total de 6.820 millones de euros, destinará 3.420 millones a las intervenciones que mejoren la eficiencia energética inmobiliaria a lo largo de tres ejes: vecindarios y barrios, edificios en su totalidad o viviendas individuales. Uno de los casos en los que se abre la puerta a los inquilinos es el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificios completos, financiado con 1.994 millones de los 3.420 millones de euros. En estos supuestos, el inquilino “podrá tener la consideración de beneficiario” cuando haya acordado con el propietario de la vivienda costear, “a su cargo” y “a cambio del pago de la renta”, las actuaciones de rehabilitación que correspondan.

En estas ocasiones, el arrendatario “podrá solicitar de la comunidad de propietarios o, en su caso, del propietario único, la adopción del correspondiente acuerdo que se requiere” para pedir estas ayudas, según recoge el texto del proyecto de real decreto que regulará el programa, abierto hasta el 9 de julio para recibir aportaciones.

Las actuaciones a nivel edificio, las más ambiciosas de todas las que ha diseñado la cartera de Transportes por su cuantía total, tienen por objeto la financiación de actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad del inmueble en su conjunto, con especial atención a la envolvente edificatoria o a la instalación de calderas comunes o paneles fotovoltaicos. Estas ayudas abonarán entre el 40% y el 100% del coste de la intervención, siempre en función del impacto energético.

Otro de los supuestos en los que los inquilinos podrán convertirse en los receptores de las ayudas es el relativo a las intervenciones en viviendas a nivel individual, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares. En estos casos, el ministerio ha diseñado un sistema de transferencias directas, con una inversión máxima subvencionable por vivienda de 5.000 euros, y otro de deducciones en el IRPF a los que “también podrán acogerse los inquilinos que quieran acometer obras de mejora en sus casas si así lo permite el propietario”, detallan desde el ministerio.

La novedad, apuntan las mismas fuentes, se ha impulsado pensando principalmente en los contratos de arrendamiento de larga duración, para “atacar por todas las vías” y que “todas las alternativas posibles que ayuden a impulsar la rehabilitación a gran escala formen parte del juego”.

Así, aunque en Transportes reconocen que el grueso de las actuaciones seguirá viniendo mayoritariamente de la mano de los propietarios de vivienda, confían en que esta novedad contribuya a acelerar en parte el proceso y llegar al objetivo marcado de 510.000 inmuebles intervenidos de aquí a 2026. Sobre todo, explican estas fuentes, porque muchos inquilinos pueden llegar a recibir ayudas que superen el 100% del coste de la obra a la vez que ven abaratadas sus rentas mensuales. Cabe recordar, insisten estas fuentes, que a las ayudas directas en edificios (que pueden llegar a sufragar la totalidad de la actuación) se le suman bonificaciones en el IRPF de hasta el 60%, por lo que los beneficios pueden llegar a superar al coste.

La última de las actuaciones planeadas por Transportes es la que atañe a barrios o vecindarios enteros. En este caso, los beneficiarios serán quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del área delimitada por la actuación, pero en ningún caso propietarios o inquilinos.