El nuevo mapa judicial

La modernización de la Administración de Justicia es una reclamación histórica de todos los colectivos del sector. Con este objetivo surge el anteproyecto de la ley de eficiencia organizativa, aprobado en abril por el Consejo de Ministros. Los ejes fundamentales del nuevo mapa, que Justicia aspira a reformar en tres años, son: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en el municipio, antiguos juzgados de paz.

Los tribunales de instancia sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema de organización colegiada. Con este nuevo modelo construido sobre la actual distribución territorial de la justicia en España, habrá 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales. Desde las principales asociaciones judiciales reconocen que superar la clásica fórmula del juzgado, como célula aislada, y tender a la unificación de criterios dota de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Sin embargo, temen que mantener los partidos judiciales suponga que esta reforma sea un mero cambio de denominación y no un cambio estructural.

El anteproyecto contempla también la creación de gabinetes técnicos en los tribunales de Instancia con la finalidad de asistir a los magistrados. Para las asociaciones de jueces los principales escollos para su implementación son la falta de concreción de su composición y funciones y la escasez de personal. “Sin un incremento real de la plantilla de jueces en España, cualquier cambio será siempre insuficiente” afirman desde la AJFV. También desde el sindicato CSIF rechazan la creación de esta figura ya que lamentan que implicará dedicar unos recursos “que no se podrán invertir en el servicio público de justicia a pie de calle que es donde hacen falta” opinan.

El nuevo modelo organizativo implica además implantar las oficinas judiciales, creadas en 2003 para dar apoyo a los juzgados, y transformar los juzgados de paz en oficinas municipales. Las nuevas oficinas municipales son, por su proximidad al ciudadano, valoradas positivamente por letrados de justicia y funcionarios. CSIF y STAJ coinciden en la necesidad de potenciar las bondades de estas unidades, sobre todo en zonas rurales donde sus habitantes tienen más dificultas de acceso a estos servicios, dotándolas de nuevas funciones. Fernández Alaya, vicesecretario general de STAJ, aboga por que se asignen labores de Registro Civil y competencias en colaboración con los órganos del partido judicial como el otorgamiento de poderes o la información sobre trámites. Desde CSIF rechazan que se reduzcan a meras unidades administrativas y reclaman que sean consideradas parte de la oficina judicial.

La ley de eficiencia organizativa es tan solo una de las tres patas en las que el ministerio fía la modernización de la Justicia a través del programa 2030. Junto con el anteproyecto de eficiencia procesal, adoptado en diciembre, el departamento de Juan Carlos Campo confía en poder aprobar el borrador de la norma sobre eficiencia digital este verano.