Circular sobre la Central de Información de Riesgos

El pasado día 30 de octubre de 2026 se publicaba en el BOE la Circular del Banco de España sobre la Central de Información de Riesgos (CIR) que no entrará en vigor sino hasta el 19 de noviembre de este mismo año y que viene a refundir en un único texto el régimen de la CIR.

La CIR del Banco de España es un instrumento esencial para salvaguardar la estabilidad financiera, controlar el riesgo asumido por las entidades y ejercer la función de supervisión. Su misión principal es proporcionar a las entidades declarantes y al propio supervisor información estructurada y homogénea sobre los riesgos de crédito que las instituciones asumen frente a sus clientes. Así se atenúan las asimetrías de información en el mercado de crédito y la supervisión cuenta con una base sólida para analizar la solvencia y la exposición agregada al riesgo.

El régimen jurídico de la CIR se encuentra en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, cuyo capítulo VI le atribuye la naturaleza de servicio público. Lo desarrollan la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España. Esta última ha sido modificada catorce veces desde su publicación, y esa reiteración de reformas ha llevado a aprobar un texto refundido que reúna toda la regulación en una única norma, supere la fragmentación normativa y refuerce la seguridad jurídica.

A ello se suma la Orden ECM/531/2026, de 27 de mayo, que modificó la Orden ECO/697/2004. Esta orden reintroduce en el ordenamiento las previsiones de la Orden ETD/699/2020, de regulación del crédito revolvente, que el Tribunal Supremo había anulado por defectos formales en su Sentencia 519/2025, de 6 de mayo. La nueva circular incorpora así la reducción del umbral de exención de declaración individualizada de 3.000 a 1.000 euros.

Principales novedades

Nuevo umbral de exención. El umbral de exención de declaración individualizada baja a 1.000 euros. Para que las entidades puedan adaptarse, un régimen transitorio lo mantiene en 3.000 euros hasta el 1 de enero de 2027. Por tanto, el nuevo umbral se aplicará a partir del 2 de enero de 2027. El régimen transitorio también alcanza al límite para excluir el riesgo indirecto de quienes hayan comprometido su firma en efectos. Y alcanza al riesgo acumulado mínimo exigido a determinadas entidades: el Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos, SAECA, las entidades de crédito en libre prestación de servicios y los prestamistas inmobiliarios.
Más flexibilidad en los plazos. Se suaviza la exigencia de remitir ciertos módulos de datos el día 5 del mes siguiente. Con carácter general, el plazo máximo de presentación pasa a ser el día 10 del mes siguiente.
Módulos de datos en aplicaciones técnicas. Los antiguos anejos 1 y 2 de la Circular 1/2013, que detallaban la información que debía declararse («módulos de datos»), pasan a unas aplicaciones técnicas que se publicarán en la web del Banco de España.
Entidades en libre prestación de servicios. Se aclara que solo declararán las operaciones derivadas de servicios financieros prestados en España sin establecimiento permanente en las que algún titular directo resida en España. En esas operaciones deberán incluir a todos los intervinientes, directos e indirectos, residentes o no.
Sucursales en el extranjero. Cuando la legislación del país de la sucursal impida facilitar los datos de forma individualizada, la entidad enviará al Banco de España una declaración justificada que indique a qué datos afecta el impedimento y en qué normativa se basa. Desaparece la exigencia de declaración jurada, y la declaración deberá actualizarse al menos cada dos años.
Anticipos de pensiones y nóminas. Los anticipos por cuenta de las Administraciones públicas solo se declararán cuando tengan la condición de préstamos. El cambio se alinea con la modificación que la Circular 1/2025 introdujo en la norma 52 de la Circular 4/2017.
Relación electrónica. Se recuerda que las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con la CIR por medios electrónicos, conforme al artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015.

Aspectos del régimen que se consolidan

Declaración operación a operación. La declaración de riesgos debe hacerse de forma individualizada. Quedan excluidos los préstamos a plazo destinados al consumo con un importe inicial inferior al umbral y un plazo de hasta 24 meses, así como el factoring sin recurso, las tarjetas de crédito, los descubiertos y los préstamos a la vista. Para que la exclusión opere, todos los titulares deben cumplir cuatro condiciones:

ser hogares, sociedades no financieras o instituciones sin fines de lucro sin participación del sector público;
no tener otras operaciones declarables;
tener un riesgo acumulado inferior al umbral;
no tener importes en vigilancia especial o dudosos, o que estos no lleguen a 100 euros.

Alcance de la obligación. En las entidades españolas, la obligación de declarar abarca la totalidad de su negocio, incluido el de sus sucursales en el extranjero. Se mantienen regímenes simplificados para tres grupos: las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, las entidades de pago y de dinero electrónico que operen en régimen de libertad de establecimiento, y las que operen en libre prestación de servicios.
Información mensual. La CIR facilita cada mes, a cada entidad declarante y a cada intermediario de crédito inmobiliario, información sobre los titulares con los que tengan algún riesgo a final de mes, siempre que el riesgo acumulado sea igual o superior a 1.000 euros. Las entidades solo pueden usar esta información para valorar el riesgo de la operación que justifica la consulta. Además, deben conservar la documentación durante seis años.
Préstamos impagados. Se siguen declarando hasta que se extinguen los derechos de la entidad o hasta su recuperación.

Derechos de los titulares

Cualquier titular puede acceder a la información que le afecte. Las personas jurídicas deben hacerlo por vía telemática, a través de la Sede Electrónica del Banco de España. Las personas físicas también pueden hacerlo presencialmente o por correo. El plazo máximo de respuesta es de diez días hábiles.

Si el titular considera que sus datos son inexactos o incompletos, puede pedir la rectificación o supresión directamente a la entidad o a través del Banco de España. La entidad debe responder en quince días hábiles si el reclamante es persona física y en veinte si es persona jurídica. Mientras tanto, la CIR suspende la cesión de los datos controvertidos. Si la entidad se ratifica en su declaración, la suspensión se prorroga dos meses más. Las personas físicas pueden además acudir a la Agencia Española de Protección de Datos.

Derogación

Como la nueva circular regula de manera integral la CIR, queda derogada la Circular 1/2013, de 24 de mayo.