Organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria

La Resolución de 11 de mayo de 2026, publicada en el BOE del 25 de mayo, va precisamente en esa línea. No estamos ante una gran reforma tributaria ni ante un cambio que afecte directamente al contribuyente en su liquidación de impuestos, pero sí ante una reorganización interna que tiene bastante importancia desde el punto de vista operativo y organizativo dentro de la AEAT.

Uno de los movimientos más claros afecta a la Unidad de Coordinación de Contenidos de la Sede electrónica y de la Intranet. Hasta ahora dependía de la Subdirección General de Comunicación Externa, pero pasa a integrarse en el Gabinete de la Dirección General. Detrás de este cambio hay una idea bastante evidente. La Agencia Tributaria quiere que la gestión de la comunicación institucional y de los contenidos digitales dependa de una estructura más cercana al núcleo de dirección y con mayor capacidad de reacción.

No hay que olvidar que hoy buena parte de la relación entre contribuyentes y Hacienda se desarrolla ya casi exclusivamente por vía electrónica. La sede electrónica, los avisos, las campañas informativas o incluso los asistentes virtuales se han convertido en herramientas habituales de trabajo tanto para asesores como para empresas y particulares. Por eso, cada vez tiene más sentido que estas áreas ganen peso dentro de la estructura central de la Agencia.

La resolución también redefine las funciones de la Subdirección General de Planificación y de Coordinación de la Información y Asistencia, que asume un papel mucho más amplio del que tradicionalmente venía desarrollando. No solo coordinará cuestiones relacionadas con la planificación estratégica y operativa, sino también aspectos vinculados a la asistencia al contribuyente y a la integración de los distintos canales de atención.

Y esto, sinceramente, era algo bastante previsible. La AEAT lleva años intentando unificar criterios entre atención presencial, telefónica y electrónica, porque la experiencia práctica demuestra que muchas veces existían diferencias importantes dependiendo del canal utilizado o incluso de la oficina concreta que atendía al contribuyente.

La norma insiste bastante en la necesidad de homogeneizar procedimientos y herramientas tecnológicas. De hecho, se atribuyen expresamente competencias relacionadas con la administración electrónica y con el desarrollo del Plan de Transformación Digital del Ministerio de Hacienda. Todo ello confirma algo que ya se percibe claramente en el día a día profesional. La gestión tributaria depende cada vez más de sistemas automatizados, plataformas digitales y procedimientos electrónicos, y eso obliga a reorganizar internamente la Administración.

Otro bloque importante de la resolución afecta a la Subdirección General de Comunicación Externa. Aquí se mantienen y refuerzan funciones relacionadas con las relaciones institucionales, la colaboración con entidades públicas y privadas, los acuerdos de colaboración social y las actuaciones vinculadas a transparencia y acceso a la información pública.

Además, se regulan de forma más concreta dos unidades específicas. Por un lado, la Unidad de Cesión de Información, que será la encargada de coordinar y canalizar los intercambios de datos con otros organismos públicos. Por otro, la Unidad de Transparencia, Derecho de Acceso y Reutilización de la Información, que centralizará las cuestiones relacionadas con las obligaciones de transparencia administrativa.

Ahora bien, probablemente la parte más relevante de toda la resolución sea la creación y regulación de las Dependencias Regionales de Relaciones Institucionales. Estas dependencias tendrán presencia en comunidades especialmente relevantes desde el punto de vista territorial y económico como Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco.

La función de estas dependencias no se limita únicamente a tareas protocolarias o institucionales. Van a asumir labores de coordinación con comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y otros organismos públicos. También participarán en actuaciones relacionadas con educación cívico-tributaria y relaciones con universidades.

Mención aparte merecen Navarra y País Vasco. En estos territorios, las nuevas dependencias asumirán además funciones específicas relacionadas con las Haciendas Forales y con los procedimientos derivados del Concierto Económico y del Convenio navarro. Quienes trabajan habitualmente con expedientes de tributación compartida o conflictos de competencia tributaria saben perfectamente que este tipo de coordinación no es precisamente sencilla.

La resolución entró en vigor el 26 de mayo de 2026.