Importe económico de las actuaciones previstas en el Anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita

En el día 25 de marzo de 2025 entraba en vigor, con efectos desde el día 1 de enero de 2025, la nueva Orden procedente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la que se determina el importe económico de los módulos y bases de compensación económica-Profesionales de la Abogacía y de la Procura en el seno del servicio público de asistencia jurídica gratuita.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas. No en vano, sin el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, muchas personas quedarían al margen de este acceso a la justicia, sin instrumentos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Por eso, el Estado asume el coste económico derivado de la justa indemnización a los profesionales de la Abogacía, de la Procura y a otros profesionales que intervienen en los procesos judiciales.

Es con el Reglamento de asistencia de jurídica gratuita aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, cuando se establecieron los requisitos generales de acceso a la prestación del servicio público de justicia gratuita por parte de los profesionales del derecho, se estableció el sistema de libramientos mensuales y que tanto las certificaciones mensuales como la justificación anual para el pago de la asistencia jurídica gratuita debería ser presentada en un formato que permita su tratamiento automatizado.

La retribución a los profesionales se realizará conforme a bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan dichos profesionales. En cabio, dichos importes no se habían actualizado desde el año 2018, mediante la Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre.