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La nueva orden ministerial publicada para regular las empresas de trabajo temporal (ETT) introduce modificaciones clave destinadas a alinear sus disposiciones con las recientes reformas laborales. Esta normativa refuerza la transparencia y la seguridad jurídica, estableciendo un marco actualizado para la formalización y comunicación de los contratos de puesta a disposición, vitales para este sector.

La orden se enmarca en el desarrollo del Reglamento de las empresas de trabajo temporal (ETT) aprobado por el Real Decreto 417/2015, adaptándose a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 32/2021. Entre sus objetivos principales están la actualización de los modelos oficiales de contratos de puesta a disposición y la relación mensual de contratos celebrados, además de la reordenación de los códigos de identificación para las autorizaciones administrativas de las ETT.

Principales disposiciones

1. Inscripción en el registro y autorizaciones administrativas: Las ETT deben contar con un número de autorización administrativa de ocho dígitos, conforme al anexo I de la norma. Este registro asegura un control estricto sobre las empresas autorizadas a operar en el sector.

2. Modelo de contrato de puesta a disposición: El anexo II introduce un modelo oficial para la formalización de contratos. Este modelo podrá adaptarse con modificaciones formales o informativas siempre que no alteren los conceptos esenciales definidos por la orden.

3. Relación mensual de contratos celebrados: El anexo III regula el formato para la comunicación mensual de los contratos de puesta a disposición. Esta información deberá ser remitida por medios electrónicos al registro correspondiente, garantizando una supervisión eficiente por parte de las autoridades laborales.

Derogaciones y actualizaciones

La orden deroga la Orden ESS/1680/2015 para evitar solapamientos normativos, consolidando así un marco normativo único y actualizado. Además, introduce ajustes necesarios para la denominación de organismos públicos implicados en su aplicación.

Entrada en vigor

La norma entró en vigor el 1 de diciembre de 2024.

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