El Gobierno prorroga la rebaja de impuestos para paliar el alza imparable de la electricidad

El Consejo de Ministros aprobó, finalmente, un paquete de medidas energéticas que incluye la prórroga de los recortes de impuestos de la factura de la luz aprobados en el segundo semestre de este año para paliar los efectos de la escalada de los precios del mercado mayorista de la electricidad, que caducaban el 31 de diciembre. Asimismo, las medidas, incluidas en un real decreto ley, contienen un alargamiento de los plazos de la autorización administrativa de los proyectos de renovables que se encuentran atascados por razones burocráticas, tanto en el Ministerio para la Transición Ecológica como en las comunidades autónomas.

Tal como habían avanzado la semana pasada la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno renueva desde enero y hasta el 30 de abril los recortes del IVA de la factura de la luz (del 21% al 10%) y del impuesto de la electricidad (del 5,1% al 0,5%), que se aprobaron en septiembre, así como la eliminación del 7% a la producción eléctrica hasta el 31 de marzo, que rige desde el pasado junio. La prórroga de estas medidas, que han evitado a los domésticos en este tiempo una subida superior al 20% en el recibo, se justifica a la vista de que “las perspectivas del precio del mercado mayorista, que hoy ha vuelto a batir un récord (360 euros/MWh), no son particularmente halagüeñas”, según aseguró Teresa Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es fundamental mantener la supresión de estas figuras impositivas para que esta coyuntura no acabe reflejándose en las facturas que pagan los consumidores”, añadió.

Estas medidas, junto con el resto de las aprobadas ayer en materia energética, generarán un impacto sobre las cuentas públicas de 2.000 millones de euros, según la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El paquete incluye un alargamiento del plazo para las autorizaciones administrativas para proyectos renovables que terminan el 24 de diciembre y en abril. La acumulación de solicitudes de puntos de evacuación a las redes (hasta 150 GW) ha desbordado al Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas (especialmente, Aragón y Andalucía).

Esto ha llevado al Gobierno, a petición de las consejerías de Medio Ambiente o Energía autonómicas, a ampliar los plazos de los hitos que terminaban este mes y en abril. De no ser así, se ejecutarían los avales presentados por los promotores y estos acudirían a los tribunales contra las Administraciones. En esta línea, el ministerio que dirige Teresa Ribera “abrirá una ventanilla”, durante un mes, para que los promotores, que así lo consideren, renuncien a sus permisos y recuperen los avales, lo que dejaría capacidad libre.

Además, para los grandes consumidores de gas industrial se flexibilizan los contratos, que pueden suspender sin coste hasta el 31 de marzo. Una medida dirigida a las plantas que han tenido que suspender su actividad pero que están obligadas a seguir asumiendo el coste del caudal. Estos consumidores habían pedido también un recorte de peajes.

Entre las medidas energéticas destacan algunas relacionadas con una nueva regulación de los puntos de recarga del coche eléctrico, como la obligación de instalación en estaciones de servicio y en grandes aparcamientos: un poste por cada 40 plazas, así como ciertas exenciones fiscales. El objetivo es conseguir que haya 100.000 puntos de recarga antes de 2023.

El paquete energético incluye también un impulso para el autoconsumo que, según Ribera, se ha multiplicado por 2,5 con el Gobierno del PSOE. Así, desde 2020, la capacidad de autoconsumo instalada ha pasado de 1.000 MW a 3.000 MW en la actualidad. El objetivo del ministerio se amplía ahora de 9.000 MW a 14.000 MW en 2030. Se aligeran las cargas para la evacuación de energía al sistema para las instalaciones de menos de 100 kW. El Consejo de Ministros aprobó, por último, otro real decreto ley para impulsar la digitalización de las redes, a las que se destinarán 525 millones de euros hasta el año 2023.