La aspiración recaudatoria del Ejecutivo respecto a la tasa Tobin pincha en el primer año en funcionamiento

Esta norma entró en vigor el pasado 16 de enero y grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. El Gobierno pretendía recaudar 850 millones de euros anuales con este gravamen, sin embargo, en términos relativos, y atendiendo a la evolución de esta figura impositiva a lo largo del ejercicio, «es probable que a finales de año no llegue a los 400 millones de euros», tal y como señalan desde la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).

Desde que este nuevo gravamen entró en marcha en España, tanto la banca como los principales brókeres advirtieron a los clientes con cuentas de valores que este tributo correría a su cuenta. No obstante, los propios bancos también son poseedores de acciones de empresas en España, con casi un 3% del total, aunque el grueso está en manos de inversores extranjeros (50,2%), sociedades no financieras (20,8%) y familias (16,1%); mientras que los restantes porcentajes se distribuyen entre inversión colectiva y seguros (7,3%) y la Administración pública (2,8%).

Las entidades asociadas a Ceca, entre las que destacan CaixaBank, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja o Cajasur, incrementaron el año pasado los impuestos aportados al Estado, a pesar de los menores beneficios obtenidos durante la pandemia y la bajada de la actividad que propició. Concretamente, aportaron 2.619 millones de euros, la mayor cifra registrada en cinco años y desde que comenzó a elaborarse este estudio. El motivo, pese a la menor actividad, es que el grueso de los tributos que aporta el sector financiero son fijos, como el IVA soportado no recuperable a distinción de otras compañías, que ascendió a 638 millones; el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito (IDEC), por el que pagaron 161 millones, o el gravamen que absorben desde hace dos años, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), ligado a las hipotecas, que les costó 163 millones el año pasado. Respecto al Impuesto de Sociedades, contribuyeron con 347 millones.

Además, la contribución a la Seguridad Social por los empleados que mantiene el sector ascendió a casi 1.000 millones. A pesar de los ajustes que está llevando a cabo la banca (en el global de las entidades que operan en el país han recortado, o están en ello, en torno a los 18.000 empleos), las contribuciones se mantienen por la aportación de las prejubilaciones a los trabajadores hasta que llegue la fecha real de jubilación.

Con este resultado, de cada 100 euros que ganan los bancos y cajas asociados a Ceca, 53 euros van a las arcas públicas. El porcentaje se incrementa hasta el 61%, o hasta 61 euros por 100 ingresados, si a este volumen se le añaden otras obligaciones fijas como la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), al Fondo Único de Resolución europeo (FUR) o al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), a los que el año pasado destinaron un total de 939 millones.