La Comisión Europea prevé aprobar antes de fin de año una propuesta de directiva para adoptar un impuesto mínimo del 15% en la Unión Europea, con el fin de que esta pueda ser aprobada en el primer semestre de 2022 o, en todo caso, «lo antes posible». Así lo anunció este martes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en el transcurso de un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid. El comisario juzgó «un paso fundamental» el acuerdo adoptado en la OCDE, y respaldado por el FMI y el G20, para introducir una fiscalidad mínima en todo el mundo para las empresas. «Es un paso fundamental y estamos listos para implementarlo», dijo.
La Comisión Europea esperará a conocer el «modelo de reglas» que la OCDE prevé publicar a finales de noviembre para coordinar la introducción de esta fiscalidad mínima en las principales economías del mundo y después formulará la directiva, «antes de fin de año». El propósito es que la Presidencia francesa de la UE, en el primer semestre de 2022, impulse la tramitación. En el segundo semestre del próximo año la Presidencia corresponderá a España, que ya ha incorporado un tipo efectivo mínimo del 15% en el proyecto de ley de Presupuestos para 2022.
Gentiloni subrayó que este 15% es un nivel de base a escala global para el impuesto de sociedades, por lo que seguirá habiendo países, principalmente las grandes economías, que aplicarán un gravamen más elevado. «Un 15% en vez de un 12% en Irlanda todavía es inferior al nivel de Alemania o Italia. No estamos armonizando el impuesto de sociedades, estamos armonizando el mínimo para evitar esta carrera hacia abajo en los impuestos, que creo inaceptable especialmente tras la crisis», afirmó.
Gentiloni elogió el método de diálogo social impulsado por el Gobierno español para acometer la reforma laboral comprometida con las autoridades europeas, pero evitó adelantar ningún juicio sobre su contenido. «Evaluaremos la propuesta final que nos envíe el Gobierno, no sobre lo que vemos en la prensa», dijo Gentiloni sin querer entrar en la polémica que en los últimos días divide a los dos socios del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).
«No tenemos una preocupación especial» sobre el hecho de que la reforma española abordará las recomendaciones de la Comisión Europea, dijo Gentiloni. En particular, citó los objetivos de frenar la «segmentación» del mercado laboral (entre empleados con contratos indefinidos y temporales), la «precariedad» de los empleos, «mejorar la negociación colectiva de los salarios», y dota de un mayor «dinamismo» a las relaciones laborales. «Estamos muy expectantes en la Comisión, pero solo evaluaremos la propuesta que nos llegue», dijo el comisario. Del cumplimiento de los objetivos de aprobar antes de fin de año una reforma laboral y una primera fase de la reforma de pensiones dependerán el desembolso de fondos europeos a España previsto para junio de 2022.
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