El Gobierno propone prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero, pero analizará caso por caso

El Gobierno ha propuesto este martes a los empresarios y los sindicatos prorrogar los ERTE (Expedientes de regulación temporal de Empleo) hasta el próximo 31 de enero, pero en esta ocasión la extensión no será generalizada, sino que el Ejecutivo analizará caso por caso las peticiones que reciba. La autoridad tendrá 10 días para analizar las peticiones de las empresas.

Como se prevé que haya una gran cantidad de solicitudes (aún hay más de un cuarto de millón de personas en suspensión temporal de empleo) en la mesa se han tratado dos posibilidades: un silencio negativo o uno positivo. Es decir, en caso de que el Gobierno no responda se daría por rechazada la petición de ERTE y en el segundo por aceptada. La primera opción ha generado bastante rechazo en varios de los interlocutores, según fuentes de la negociación.

“Se prorrogan hasta el 31 de enero con carácter general todas las situaciones de ERTE regulados en los Reales Decretos anteriores. No se producirá automáticamente, sino que las empresas deberán solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores”, han explicado en el sindicato UGT.

Por otro lado, el Ejecutivo contempla en su propuesta que, para poder acogerse a las exoneraciones, las empresas deberán ofrecer formación a sus trabajadores. Este anuncio va en línea con las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien la semana pasada había indicado que los nuevos ERTE debían de orientarse a la formación antes que a la reactivación de las personas que aún siguen en ERTE.

“Algunos de ellos tendrán que reajustar sus actividades dentro de la empresa o hacia otras empresas o sectores. Ese esfuerzo de formación de calidad y orientado a una mejora de sus habilidades tiene que ser un elemento adicional y central en el nuevo esquema que se inicie. Este es el elemento principal”, había dicho Escrivá. La intención del Gobierno es que esta nueva prórroga, que será por cuatro meses en vez de por tres como venía siendo habitual, sirva como experiencia puente hacia los nuevos ERTE de formación que se lanzarán en 2022 con fondos europeos.

“No constituye una prórroga de los ERTE sino un mecanismo nuevo, que teóricamente pretende ayudar a las empresas pero que, entre otras cosas, vincula las exoneraciones a una formación cuyo sistema actual se ha demostrado ineficaz. Así que seguiremos trabajando”, han comentado, por su parte, desde la CEOE. “Estas acciones formativas deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022. Esta modificación ha generado dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación”, ha añadido UGT.

En la propuesta trasladada este martes a los agentes sociales, el Gobierno unifica las exoneraciones para los ERTE por impedimento en el 100%, pero las reduce para los ERTE por limitación. En este caso, las exoneraciones pasan del 75% (como estaban en septiembre con el anterior Real Decreto pactado en mayo) al 50% para las compañías con más de 50 empleados; y del 65% al 40% para empresas más grandes.

Con los datos facilitados por Seguridad Social a mitad de este mes, actualmente quedan en suspensión temporal de actividad 253.000 trabajadores, de los cuales 79.000 se encuentran en una suspensión parcial. El resto, unos 177.000 no trabajan ni una sola hora. Del total de personas que todavía se encuentran en esta situación, unas 91.000 están en modalidades de ERTE que no conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.