Montero reconoce que no se podrá cumplir con el objetivo de déficit hasta 2025

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha aplazado hasta 2024 o incluso 2025 la posibilidad de poder presentar a la Comisión Europea una senda de corrección del déficit dentro del límite del 3% del PIB, umbral sobre el cual las normas fiscales europeas contemplan una especial vigilancia a través de un procedimiento de déficit excesivo. Así, ha explicado ante el Pleno del Congreso que por mucho que el déficit público para este año caiga del 11% al 8,4%, y que en 2022 se sitúe en el 5%, para 2024 la tasa de referencia que contempla el Gobierno seguirá por encima del 3%, concretamente dos décimas.

Aunque este cálculo no incluye aún los efectos de la reforma tributaria que el Gobierno busca impulsar para elevar la recaudación desde 2023, es un aviso a navegantes en pleno debate europeo sobre la revisión de las reglas fiscales comunitarias ese año, que España aspira a ver suavizadas para no lastrar la recuperación.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes continuar con las reglas fiscales suspendidas en 2022 ante la situación extraordinaria provocada por la pandemia. La votación ha salido adelante con los apoyos, además del PSOE y de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu y el PDeCAT. En contra, han votado Vox y Foro Asturias, mientras que el PP, UPN, la CUP y el BNG han optado por la abstención.

Montero ha recordado que la suspensión de las reglas fiscales viene avalada tanto por las autoridades europeas como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La paralización de estas reglas permite a las administraciones públicas incurrir en déficit estructural y no estar sujetas a objetivos fiscales, si bien cuentan con tasas de referencia. Según esta referencia, la Administración central pasará de un déficit del 6,3% al 3,9%, un salto, ha incidido Montero, «muy superior al que se pide a la Seguridad Social o a las comunidades autónomas», para las que se prevé un mantenimiento del gasto para hacer frente a la financiación de los servicios públicos de Sanidad, Educación y Dependencia.

En el caso de la Seguridad Social, pese a comunicarse a Bruselas un déficit del 0,8%, se contempla un desfase en las cuentas del 0,5%, al asumir tres décimas el Estado con una transferencia que se elevará en las próximas cuentas a 18.369 millones de euros (un 32% más que en anteriores Presupuestos, en las que el trasvase de recursos se quedaba en unos 13.000 millones).