El Consejo de Ministros aprueba este martes medidas para «detraer los beneficios extraordinarios de las eléctricas»

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El Consejo de Ministros aprobará otra rebaja de impuestos a la electricidad con el fin de que la factura de la luz que paguen los ciudadanos a finales de año sea “similar” a la de 2018. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con TVE. Sánchez explicó que el Ejecutivo bajará el impuesto especial de la electricidad [transferido a las comunidades autónomas] de un 5,1% a un 0,5%, que es «lo mínimo que exige la legislación comunitaria».

«En ministros el Consejo de Ministros vamos a detraer los beneficios de las empresas energéticas y redirigir los beneficios a los consumidores, entre otras medidas para reducir el recibo de la luz», dijo Sánchez. Las nuevas medidas llegan tras la presión recibida por la oposición y su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, en un contexto de subidas históricas de los precios de la electricidad, que para mañana marca los 153,43 euros el megavatio hora (MWh).

El Ejecutivo ya aprobó a finales de julio una rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7% [que también se alargará hasta el 31 de diciembre]. Según el presidente del Ejecutivo, ambas medidas suponen que el Estado deje de ingresar 1.400 millones de euros.

Sánchez consideró que es necesario «detraer los beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas» con el fin de redirigirlos a los consumidores, «topando» el recibo del gas y reduciendo así la factura de la luz. «No es razonable que tengan esos beneficios extraordinarios. Tenemos que ser todos solidarios», resaltó.

De este modo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la minoración temporal del exceso de retribución que obtienen las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 (nucleares e hidroeléctrica), según informa EL PAÍS citando a fuentes gubernamentales. Se tratará así de una medida que estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2022 y que se aplicará bajo una fórmula similar a la empleada para limitar los llamados beneficios caídos del cielo.

Por otro lado, el Gobierno tiene previsto obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se crearán mecanismos de mercado “alternativos” compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un “peso importante” en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales “a un precio fijado por subasta”.

Europa no permite que los Gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear [más baratas de producir] y, por ello, propone pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales. Asimismo, las medidas incluirán previsiblemente el fortalecimiento de la cobertura a los consumidores vulnerables e iniciativas que aseguren que las malas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas [venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios] no se vuelva en contra de los consumidores.

En concreto, se definirá un consumo mínimo vital y se estudia aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas para “tener orden” sobre las concesiones hidroeléctricas. Este artículo recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales.

Además, el Ejecutivo ha puesto en marcha dos proyectos de ley para abaratar el recibo eléctrico: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y otro para frenar la sobrerretribución que percibe la generación mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. Ambas medidas harán que las energéticas afronten el pago de unos 8.000 millones de euros y que los consumidores domésticos se beneficien de una rebaja en el coste final del recibo de la luz de hasta un 15%.

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