Con esta decisión, el Consejo de Ministros ha remitido el proyecto de ley a las Cortes para continuar su tramitación y conseguir su aprobación definitiva. El proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones recupera el IPC anual como índice de revalorización. Además, la ley contempla el refuerzo de la estructura de ingresos del sistema e incluye medidas sobre la jubilación.
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) considera muy positivo que el Consejo de Ministros haya aprobado la reforma del sistema de pensiones. Recuerdan que en el documento se plasman algunos elementos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos sobre las pensiones.
La secretaria general de la organización, María José Landaburu, considera que esto supone un avance “muy positivo”. Según ha dicho, a través de esta reforma “se asegura el poder adquisitivo de los pensionistas, blindando la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC, y se compromete el apoyo financiero a las mismas vía Presupuestos Generales del Estado”.
No obstante, Landaburu espera conocer cómo se plasmará el “nuevo factor de equidad intergeneracional”. Los agentes sociales y el gobierno deben acordar esta circunstancia antes del 15 de noviembre. Este factor supondrá la derogación del factor de sostenibilidad que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy.
En ese sentido, desde UATAE piden concretar “lo antes posible” un acuerdo para la reforma de las cotizaciones sociales y cuyo sentido sea “justo y solidario”. En palabras de Landaburu, “esta reforma aparece mencionada como compromiso en el citado acuerdo de pensiones y viene siendo una recomendación recurrente del Pacto de Toledo que no podemos postergar más”.
Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que la reforma es “el primer paso para una modernización del sistema de pensiones que dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana». El nuevo texto surge del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales y recoge parte de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo.
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