El IPC escala al 3,3% y elevará la factura de las pensiones

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se disparará hoy a su nuevo máximo histórico, cerrando un agosto histórico que triplica los precios registrados el año pasado, y eso ha dado una nueva vuelta de tuerca a la inflación. El índice de Precios de Consumo (IPC) se acelera cuatro décimas en agosto, de acuerdo con el dato adelantado publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, la inflación se dispara al 3,3%, lo que, a su vez, encarece la factura de las pensiones, tensa las negociaciones salariales, merma la competitividad de las empresas y lastra la balanza por cuenta corriente.

El IPC se elevó en agosto cuatro décimas, hasta el 3,3%, impulsado fundamentalmente por la fuerte subida de la luz, aunque también han jugado un papel significativo el incremento de los precios de los carburantes y los aumentos de los precios de los negocios ligados al coronavirus, que han experimentado un fuerte rebote fruto de la reapertura de la actividad y la liberación de la demanda embalsada el próximo ejercicio, a lo que hay que sumar también el efecto de la política monetario en todo el mundo y de la interrupción de las cadenas de suministro de suministro, que han disparado el precio de materias primas y bienes intermedios.

Y todo ello hace que, aunque el incremento de precios esté concentrado en la factura eléctrica, por el momento, amenace con trasladarse al resto de productores. De hecho, el coste energético es un factor clave en determinadas manufacturas, como la industria metalúrgica, la química o la siderúrgica, pero también en determinados servicios, como es el caso de la hostelería o la venta minorista, debido al elevado coste de la refrigeración de la comida o el espacio de atención al público. Todo ello puede hacer que la subida de precios, ahora en el 3,3% anual, se acabe filtrando hacia otros productos y disparando hasta el 3,8% en los meses finales del año, tal como prevé la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), lo que supondría un gran daño a la economía.

Sin embargo, para las arcas públicas quizá el problema más acuciante es el de las pensiones, que se revalorizaron un 0,9% en enero, con la perspectiva de un leve incremento de precios este año, pero la realidad ha superado ampliamente las expectativas. De hecho, si los precios mantuvieran la tónica actual en los próximos meses del año, la actualización de las pensiones con el IPC actual, para evitar la pérdida de poder adquisitivo, el sobrecoste ascendería a más de 3.200 millones de euros al final del ejercicio.

Esta cifra es demoledora para el equilibrio de las cuentas públicas, ya que supone casi una cuarta parte del déficit proyectado para este año. En otras palabras: da igual (o casi) a qué velocidad se reequilibre el mercado laboral, ya que la Espada de Damocles del gasto seguirá pendiendo sobre el ajuste presupuestario del sistema de previsión. Y más, una vez derogada por completo la reforma de las pensiones de 2013, que introducía mecanismos para evitar que la subida de precios se trasladara a las pensiones y para moderar el impacto de la longevidad en las nuevas prestaciones. Ahora el primero de estos mecanismos desaparece y el segundo se aplaza hasta 2027, lo que reduce significativamente su efecto.

Y a eso, además, habría que sumar el incremento derivado de las subidas de precios que se esperan para el próximo ejercicio. De hecho, si el Gobierno tratara de revalorizar las pensiones con el dato del IPC de noviembre, como se hacía anteriormente, que Funcas prevé que se situará en el 3,8%, el incremento supondría una enorme sobrecarga para la Tesorería de la Seguridad Social, ya que implicaría un desembolso extra de más de 5.300 millones de euros. Sin embargo, es muy probable que el Gobierno opte por una revalorización conforme a No mura unas previsiones más moderadas, tal como hizo el pasado ejercicio, con el objetivo de evitar sobrecargar todavía más las cuentas del sistema.

Además, hay que tener en cuenta que el importe de las pensiones en la actualidad sirve como base para el cálculo de las pensiones en el futuro, por lo que la revalorización este año se irá trasladando hacia los próximos ejercicios y su efecto se mantendrá en la medida en que las actuales cohortes de pensionistas sigan de alta en el sistema. En otras palabras, un sobrecoste de 3.240 millones por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones este año tendrá un impacto acumulado de 42.120 millones de euros a lo largo de la vida de los pensionistas, y la futurible revalorización de 2022, la friolera de 69.160 millones de euros a lo largo de la vida esperada de los pensionistas actuales. En definitiva, la inflación de este año podría suponer un sobrecoste de más de 111.200 millones de euros, casi el 80% de la factura de este año.