El autónomo paga un 30% menos de comisiones en su plan de pensiones

Más de un millón de trabajadores con algún tipo de instrumento financiero de ahorro para la jubilación, ya sea plan de pensiones u otro tipo de producto, esperan con los brazos abiertos la activación del conocido como fondo público de pensiones que pretende poner en marcha el Gobierno en 2022. Una medida que pretende aliviar uno de los principales problemas que encuentra el colectivo a la hora de gestionar sus ahorros: los elevados costes en forma de comisiones que asumen. Concretamente, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, esta reducción de coste para los ahorradores podría llegar al 66%, y se daría principalmente en el caso de los planes de pensiones individuales. Sin embargo, el margen de actuación sobre estos costes es escueto atendiendo a las cifras que arroja Inverco al respecto: las comisiones se han visto reducidas en un 30% en la última década.

Históricamente, uno de los obstáculos que ha tenido la industria de planes de pensiones para crecer en nuestro país y conseguir involucrar a más ciudadanos en los planes de ahorro a largo plazo han sido los costes que acarrean y el tratamiento fiscal futuro, que resta atractivo a la inversión y aleja a los potenciales ahorros de estos instrumentos financieros de previsión.

Desde el sector ya se vienen haciendo esfuerzos en este ámbito y según las cifras que se recogen en el Informe 2019 de Seguros y Fondos de Pensiones elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las comisiones de gestión (1,06%) y las de depósito (0,12%) de estos planes sumaban una carga en términos de costes para el ahorrador sobre las aportaciones realizadas del 1,18% en el año 2019. Se trata, si observamos la evolución, de una rebaja de estos costes de hasta el 30% en comparación con hace diez años, cuando la suma de las dos comisiones alcanzaba el 1,72%. Como resultado, estos costes para el depositante son del 0,54% menos ahora respecto a la pasada década.

Cabe recordar que, precisamente, este es uno de los elementos sobre los que pretende actuar el Gobierno con el impulso previsto a los planes de empleo a través del fondo público de pensiones. La comparativa, en este caso, con los costes que acarrean los planes de ahorro colectivo en la empresa es notablemente desfavorable para los planes individuales. En ese mismo 2019, estos ahorros generados en los fondos de pensiones de empleo, estaban sujetos a unos costes de gestión (0,21%) y de depósito (0,02%) que apenas alcanzaba un 0,23% y que hace diez años ya se situaban en el 0,24%, una cifra prácticamente similar. Y más allá, la diferencia con los costes de los planes individuales es de un punto porcentual.

Sobre este fondo público, del que aún no se conocen los detalles más allá de los plazos impuestos por el Gobierno para su aprobación, recientemente, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reclamaba «ir más allá» de lo contemplado en el acuerdo de pensiones alcanzado en el Congreso en el marco del Pacto de Toledo y abordar «soluciones más agresivas» para el sistema público de pensiones. En el caso del fondo de pensiones de empresa impulsado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que «fue una agradable sorpresa», pero lamenta la «falta de detalle» y «aparente enfriamiento» de su propuesta, asumiendo un retraso de hasta tres años en la puesta en marcha del fondo. «Estamos perdiendo el tiempo», decía, antes de apostillar que «Mapfre estará interesada en participar una vez que se conozcan las condiciones», que espera que «respete el interés público y privado».