Al final de julio se cerró el plazo para sumarse al Código de Buenas Prácticas redactado por el Ministerio de Asuntos Económicos para marcar las normas que regularán las quitas y las refinanciaciones a empresas y autónomos que cuenten con préstamos avalados por el ICO. Un total de 102 entidades, las más importantes del sector y que representan el 98% del sector, se adhirieron a este acuerdo que busca ofrecer unas garantías a las empresas que se acojan a estos préstamos. Pero 26 decidieron no hacerlo por motivos como su escaso negocio con empresas o por evitar estar sometidas al criterio de los grandes bancos.
La norma impulsada por el departamento que encabeza Nadia Calviño exigía hacer públicos los nombres tanto de los firmantes del Código como de los que no se adhirieran. El objetivo era suministrar esa información a los clientes. Entre los no firmantes figuran ING, Banca March, Triodos, el portugués Novo Banco (a punto de pasar a manos de Abanca), Banca Pueyo, American Express, Société Générale, HSBC Europa, tres cajas rurales, así como varias financieras de consumo españolas y extranjeras, algunas de grandes bancos que sí están acogidos al Código.
El sistema normativo regulará el fondo dotado de 3.000 millones que creó el Gobierno para paliar los problemas de la pandemia en empresas y autónomos. Las firmas que se encuentren en dificultades —y que los bancos crean que tienen viabilidad futura— podrán prorrogar los vencimientos de los préstamos con garantía pública; convertir los préstamos avalados en préstamos participativos (que tienen un tratamiento similar al capital) o negociar una quita para reducir la financiación avalada como medida de último recurso. Y el Código garantiza a las empresas el cumplimiento de estos derechos.
El Banco de España ha advertido de que en 2020 aumentó un 35% el crédito a empresas clasificado en vigilancia especial, un estadio previo a la morosidad. Esto indica que pronto llegarán los problemas de compañías con grandes dificultades para pagar sus deudas.
El Código obliga a aceptar los acuerdos tomados por los bancos que tengan la mayoría del crédito concedido, así como a mantener abiertas las líneas de circulante del deudor beneficiado hasta el 31 de diciembre de 2022, entre otras medidas.
Las razones por las que los bancos citados no se han adherido son variadas. ING dice tener operaciones “muy puntuales” bajo las líneas avaladas por el Estado. “Son operaciones muy limitadas con grandes empresas, con las cuales mantenemos una comunicación continua y con las que hemos hecho el esfuerzo de flexibilizar cuando lo han solicitado”, aseguran en el banco holandés. El Código, además, tiene un claro foco en pymes, un segmento que en esa entidad no trabajan, concluyen.
“Seguiremos apoyando a nuestros clientes, como hemos hecho desde el principio de la crisis actual, sin necesidad de adherirnos al Código de Buenas Prácticas, que es voluntario”, recuerdan en Banca March, la entidad número 20 de España si se tienen en cuenta los activos de los bancos, según sus balances individuales a diciembre de 2020.
La entidad, propiedad al 100% de los cuatro hijos de Juan March Servera, dice que se ha adherido hasta la fecha a todas las iniciativas impulsadas por los gobiernos central y balear para aliviar la crisis de la covid, como las líneas de avales ICO, carencias y moratorias sectoriales, por un importe de 1.550 millones. Entonces, ¿por qué no apoyar el Código? La respuesta es que la entidad quiere mantener su “soberanía” en la gestión de su riesgo. “El Código de Buenas Prácticas obliga a un sistema de mayorías en la toma de decisión (sobre quitas, créditos participativos, plazos) que nos dejaría sin poder contribuir en la mayoría de los casos. Los primeros bancos del cliente liderarían el proceso, siendo habitualmente las entidades con mayor cuota del sistema. Normalmente no sería Banca March la que lideraría el pool, por lo que nos veríamos arrastrados a decisiones que podríamos no compartir”, explican.
El banco balear insiste en que continuará apoyando tanto a los clientes acogidos a las ayudas ICO como a los que decidieron no hacerlo “adoptando en cada caso las medidas necesarias para contribuir a la viabilidad de sus clientes de empresa”.
Banca March asegura que tratará cada caso individualmente, “para encontrar coordinadamente con los clientes y el resto de acreedores las medidas que favorezcan su viabilidad en un marco de negociación más amplio, que incluya posibles, renovaciones/ampliaciones de crédito, carencias de plazo y cualquier otro tipo de medidas al efecto”. Y recuerda que su morosidad, fruto de su gestión del riesgo, es de las más bajas, con un 1,5% en marzo de 2021.
Otro banco relevante que no ha firmado el Código es Triodos Bank, una entidad denominada “ética y sostenible”, cuyos créditos buscan “proteger la calidad de vida de las personas y del medio ambiente”, según su web. Sus razones son técnicas: “La redacción final del texto no nos permite garantizar el cumplimiento de una de las medidas concretas que recoge el Código, la de la conversión a préstamo participativo, un producto que Triodos no ofrece a sus clientes”.
Afirma que ha dejado claro “a las instituciones” que el banco está comprometido con el futuro de los proyectos de la economía real que financia y con las personas que los ponen en marcha. “El número reducido de clientes que podrían acceder a estas ayudas tienen, por nuestra parte, propuestas alternativas, adecuadas y personalizadas a sus necesidades y características concretas que les permitirán seguir adelante con sus proyectos en las mejores condiciones posibles”, asegura Triodos.
También hace referencia a la salud de su cartera de préstamos, con una morosidad del 1,51%, de empresas que tienen “unas perspectivas de futuro muy positivas, por lo que en la mayoría de los casos no precisarían estas medidas adicionales”. “Incluso sin adherirnos al Código podemos mantener el compromiso de financiación y sostenibilidad a largo plazo con los emprendedores y empresas. Y lo hacemos poniendo la dignidad humana en el epicentro de nuestras actividades”, añaden.
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