La patronal Foment del Treball pidió ayer, en relación con el anteproyecto de ley de Reforma de la Ley Concursal sacado a trámite de audiencia pública por el Ministerio de Justicia y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que la prioridad sea “la continuidad de la empresa y no el privilegio de los créditos públicos”.
En un comunicado, la patronal insistió ayer en que mientras que el anteproyecto califica de preferentes los créditos públicos ante Hacienda o la Seguridad Social, el “compromiso prioritario” del derecho concursal debería ser la continuidad de la empresa, en sus palabras.
La organización ve algunas novedades positivas, como el procedimiento especial para pymes “con mayor agilidad procesal”
“Hacienda y la Seguridad social no tienen que fijar la mirada en el pasado, centrándose solamente en las deudas concretas, sino que se tienen que contemplar los posibles ingresos públicos futuros que puedan derivarse de la continuidad de la empresa”, así como de las unidades productivas, argumentó Foment.
La patronal defendió que “la visión basada en los privilegios de los créditos públicos únicamente servirá para certificar en los juzgados mercantiles más insolvencias y reducción de ocupaciones”, y añadió textualmente que, en ocasiones, lo que es bueno para Hacienda no es bueno para el país.
La organización que preside Josep Sánchez Llibre y forma parte de la CEOE afirmó que la actividad empresarial siempre conlleva un riesgo –que ha aumentado por la situación de pandemia– y que el sector público “no puede ser ajeno a este entorno”.
Sin embargo, Foment consideró que el anteproyecto incluye novedades positivas como el procedimiento especial para pymes, “con mayor agilidad procesal”, la regulación legal del pre pack (venta de unidades productivas) y la incorporación del proceso electrónico y de las visitas telemáticas.
El anteproyecto va dirigido a garantizar que las empresas y los empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad.
La nueva legislación que prepara el Gobierno pretende que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo “razonable”, favoreciendo la segunda oportunidad, y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR