El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado la firma de un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para mejorar la coordinación entre ambos organismos a la hora de luchar contra el fraude en el sector del transporte. «Se da un paso más para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia, así como en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector», han señalado desde el Ministerio.
En concreto, ambas entidades han firmado un protocolo a seguir para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Transporte Terrestre coordinen sus acciones contra el fraude en el sector del transporte por carretera, con el fin de acabar con la economía sumergida y la competencia desleal.
Con este acuerdo, se prevé que el número de inspecciones aumente durante los próximos meses. Además, tal y como explican desde el Ministerio, se priorizará el control sobre aquellas empresas que no tengan a sus trabajadores debidamente contratados. Es decir, aquellas compañías que no den de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, aquellas que contraten a conductores a tiempo parcial mientras desempeñan una jornada completa o aquellas que obliguen a sus empleados a ser falsos autónomos.
Además, en el sector del transporte también se da otro tipo de fraude que en otras áreas de actividad es más complicado de llevar a cabo. El Ministerio advierte que existen empresas que cursan fraudulentamente sus altas en otros estados miembros de la Unión Europea mediante la creación de estructuras empresariales sin actividad real. Esta práctica, llamada ‘empresa buzón’, será una de las más perseguidas por la Inspección.
Tal y como explican desde el organismo, el objetivo es detectar prácticas como las usadas con las «falsas Cooperativas» o nuevas formas de prácticas fraudulentas que puedan surgir. Por otro lado, la Inspección también pondrá el foco en que las ‘empresas buzón’ no puedan llevar a cabo sus infracciones, ya que utilizan la figura de los desplazamientos transnacionales u otras figuras de movilidad intracomunitaria para eludir las normas españolas.
Asimismo, también han anunciado que, respetando la ley de protección de datos, intercambiarán y cruzarán bases de datos con el fin de facilitar la detección de posibles casos de fraude. Para ello, ambos Ministerios tendrán que impartir una formación a sus inspectores para que sepan que documentación pueden y no pueden examinar y, así, desarrollar mejor sus funciones en coordinación con la otra parte.
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