El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un nuevo techo de gasto

La cifra se alcanzará englobando nuevas ayudas del fondo de recuperación europeo, importantes revalorizaciones de los sueldos públicos y las pensiones, la cobertura de partidas de la Seguridad Social y guiños a los socios de investidura que allanen el camino a la aprobación de las cuentas pese a la minoría parlamentaria del Ejecutivo. El techo de gasto de 2021 batió todas las previsiones con un aumento interanual del 53%, hasta los 196.097 millones de euros. Su construcción partía de una actualización del 7% sobre las cifras del año previo, un alza del 30% tras sumar el adelanto vía deuda de las primeras ayudas de la UE, y el monto total citado al añadir transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

En esta ocasión, según fuentes conocedoras de los planes del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda ultima un incremento comparativamente testimonial del techo de gasto pero que permita lanzar el mensaje de que el Presupuesto será claramente expansivo. El departamento que dirige María Jesús Montero aprovechará que la Unión Europea mantendrá de nuevo en suspenso las reglas fiscales el año próximo, evitando condicionar las cuentas con objetivos de déficit y deuda. La expectativa del Gobierno está puesta en que este nuevo empuje permita impulsar el PIB lo suficiente como para que el desequilibrio fiscal del Estado rebaje su peso relativo, permitiendo llegar en una situación aparentemente más saneada a 2023, para cuando está previsto actuar sobre el problema poniendo en marcha una reforma tributaria, entre otras medidas. Así al menos está comprometido con Bruselas, si bien está por ver qué grado de incidencia tiene sobre estas decisiones el calendario electoral.

De momento, el Gobierno aspira a gastar a manos llenas el año que viene sirviéndose de las ayudas europeas. Aunque 8.000 de los 10.000 millones del fondo ReactEU han sido ya consumidos este año, tras su reparto entre las regiones, se espera ingresar ahora el grueso de los fondos del NextGeneration. Tras la reciente aprobación del Plan de Recuperación español, el país recibirá en cuestión de días un anticipo inicial de 9.000 millones y cobrará un primer pago semestral de 10.000 antes de final de año. El resto, hasta los 69.500 millones en transferencias que le corresponden, se repartirá entre 2022 y 2023. Además, el Gobierno ha anticipado a Bruselas que el año próximo comenzará a solicitar parte de los 70.000 millones en créditos blandos a los que tiene derecho hasta 2026 a fin de sufragar los nuevos ERTE ligados a formación o planes de recapitalización de pymes.

Más allá, España tendrá que hacer frente al coste del reciente pacto social de reforma de las pensiones, que se aspira aprobar en el Parlamento antes de final de año. En 2022, por tanto, se estrenaría el nuevo sistema de revalorización de las pensiones conforme al IPC medio del año previo. “Por cada punto de IPC, el gasto en pensiones aumenta en 1.400 millones”, detalla María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. Las previsiones más recientes, de Bruselas, apuntan a un alza de la inflación del 2,1% este año, lo que arrojaría unos 2.800 millones de gasto extra. A esta cifra, habría que añadirle una paga compensatoria en abril por la desviación producida este año frente a la revalorización realizada del 0,9%, es decir algo más de un punto extra, recuerda Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas públicas y Protección social de CC OO. Por tanto, el Estado afronta un incremento de gasto de unos 4.500 millones solo en pensiones.

A su vez, el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas avanzaba la intención del Gobierno de promover “un incremento retributivo de los empleados públicos” que vaya “en línea con la evolución de precios”. A razón de otros 1.400 millones por punto de IPC, según el gabinete económico de CC OO, ambas partidas elevan el gasto de 2022 en más de 7.500 millones, que además se consolidan para futuros ejercicios.