Los retos de Pilar Llop como ministra de Justicia

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“Ya me conocen, saben de dónde vengo. Quiero decirles que estoy aquí para ustedes”. Con estas palabras, la magistrada Pilar Llop (47 años) recogió el pasado lunes la cartera del ministerio de Justicia de las manos de Juan Carlos Campo. La nueva ministra, magistrada especialista en violencia de género, recibió un maletín cargado de asuntos pendientes, que no le auguran un camino de rosas en sus primeros meses de mandato.

Llop encara una complicada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la digitalización definitiva de la justicia y el avispero de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta última fue la gran tarea que Campo no pudo culminar. Jueces, fiscales, abogados y procuradores piden a la nueva ministra más medios, más plazas y abordar reformas urgentes.

La renovación del órgano de gobierno de los jueces, que cumple dos años y siete meses en funciones, es la gran preocupación del sector legal. Los jueces se muestran intranquilos ante la anómala situación del consejo, pero los partidos no se ponen de acuerdo en cómo repartirse la designación de vocales, de cuya renovación depende las sillas del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Llop ya ha expresado que ve “imprescindible” desbloquear los nombramientos y confía en que la situación se resuelva “cuanto antes”.

Mientras, las principales asociaciones de jueces mueven ficha. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) expresa la necesidad de “modificar el sistema de renovación de al menos la mitad de los vocales para cumplir los estándares de independencia judicial que nos exige la UE”, apunta su portavoz nacional, Jorge Fernández Vaquero. Por su parte, Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) insta a la nueva ministra a implementar “un sistema de elección de los vocales judiciales para que sean elegidos por los propios jueces”.

Un paso más allá va los representantes de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que este miércoles acudieron al despacho de Carlos Lesmes para pedir su dimisión como presidente del CGPJ ante una situación que tachan de “insostenible”. El grupo señala al principal partido de la oposición como la causa que “impide el mandato constitucional de renovar el consejo”. La última renovación se llevó a cabo en 2013, con el Partido Popular en el Gobierno. Adaptar el proceso judicial español a las exigencias de la Unión Europea es otro de los grandes asuntos en el tintero. Los fiscales meten prisa a la ministra para cerrar un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, antes de poner en marcha el modelo de fiscal instructor que exige Europa.

Con el nuevo sistema, el fiscal asumirá las riendas de las investigaciones judiciales, tarea que hasta ahora llevaba el juez instructor. La Unión Europea apremia a estas reformas, pero España necesita poner a punto profundos cambios para abordar el asunto. Juan Antonio Frago, presidente y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), incide en la falta de presupuesto para digerir una reforma de tal magnitud. “Les ponen de ministro, pero sin dinero detrás. Nadie habla del coste económico de una modificación del calado de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal”, resalta.

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