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Nadia Calviño será la clave de bóveda del nuevo Gobierno pergeñado por Pedro Sánchez. La ministra de Asuntos Económicos, ahora vicepresidenta primera, se convierte en su mano derecha para gestionar los 140.000 millones en ayudas y préstamos que llegarán de la UE para propulsar la digitalización de la economía y su transición verde. También pilotará las reformas necesarias para recibir ese dinero, de manera que ella será la suma sacerdotisa en las reformas del mercado de trabajo, de las pensiones y de la fiscalidad.

Calviño estará escoltada por José Luis Escrivá, que se mantiene al timón de Inclusión y Seguridad Social, por María Jesús Montero, la autoridad en Hacienda y ahora también en Función Pública, por Teresa Ribera, que sigue al frente de Transición Ecológica y por Yolanda Díaz, con quien mantiene una disputa por la reforma laboral. Raquel Sánchez se estrenará en el área económica como la nueva mandamás de Transportes en sustitución de José Luis Ábalos.

La remodelación del Ejecutivo, con muchos nombres nuevos, incluye la entronización de Calviño como dueña y señora de la política económica del Ejecutivo hasta el final de la legislatura. Ya sin antagonistas como Pablo Iglesias y sin las estrategias comunicativas de Iván Redondo, la exdirectora de Presupuestos de la UE tiene vía libre para hacer y deshacer casi a su antojo. Su gran misión será que los 19.000 millones que rieguen la economía española este año gracias a Bruselas, y también los 51.000 que irán liberándose cada semestre a partir de 2022, permitan que el PIB y la creación de empleo retomen el vuelo.

Calviño pondrá negro sobre blanco los cambios en el mercado laboral, que incluirá la simplificación de los contratos, para situarlos en tres –el indefinido, el temporal justificado y limitado, y el de formación–, la modernización de la negociación colectiva, la regulación de las subcontratas, la revisión de las bonificaciones a la contratación y la puesta en marcha de un mecanismo de estabilidad en el empleo a partir de la experiencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la pandemia.

La oposición a Calviño estará en su propio Gobierno, con Yolanda Díaz como la voz más crítica con la reforma laboral del PP de 2012, que supuso la rebaja de la indemnización por despido, así como la pérdida de fuerza de la negociación colectiva. La ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta segunda ha defendido como un mantra la derogación absoluta de la modificación que ejecutó el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero en este momento su colega de Asuntos Económicos tienes la de ganar. Cierto es que Calviño sí se ha mostrado partidaria de modificar los «aspectos más lesivos» de la reforma ejecutada hace nueve años, como la recuperación de la ultraactividad de los convenios y la prevalencia del convenio sectorial.

Las últimas disputas han versado sobre la subida del salario mínimo. En contra de los postulados de Díaz, que ha abogado por volver a elevarlo este año, Calviño ha optado por la prudencia, al señalar que sería prematuro elevarlo en medio de la actual coyuntura, en línea con la patronal. Esta fue otra batalla que ganó, puesto que el incremento del salario mínimo ni se hizo en enero ni tampoco se espera para lo que queda de 2021. Los deberes en esta materia quedan para 2022.

La reforma de las pensiones, como jefa reforzada de la política económica, tiene visos de convertirse en una realidad más pronto que tarde. José Luis Escrivá defiende por activa y por pasiva «que es necesario aumentar la edad efectiva de jubilación para neutralizar la mayor esperanza de vida”, con los baby boomers (los nacidos en los 60 y la primera mitad de los 70) en el punto de mira. Así prevé finiquitar el déficit de la Seguridad Social en tres años. También creará un fondo público de pensiones, que debería arrancar en 2020, pondrá coto a las prejubilaciones indiscriminadas para elevar la edad efectiva de retiro desde los 64 años y exigirá que los autónomos coticen por sus ingresos reales.

La posición de Nadia Calviño está en sintonía con la de su colega de gabinete. La vicepresidenta ha asegurado que es urgente que se tomen medidas para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas dentro de 20 o 40 años por una cuestión de justicia intergeneracional. No se esperan problemas en esta cuestión, salvo los que surjan desde los sindicatos.

El tercer nudo que la flamante vicepresidenta primera deberá deshacer, junto a María Jesús Montero, será el de la reforma fiscal. Hasta ahora, la convivencia de estas dos mujeres fuertes el en Gobierno de Pedro Sánchez se ha saldado sin disputas y, en adelante, deberán trabajar codo con codo para lograr que los cambios tributarios estén en vigor en 2023.

Los expertos convocados por Montero el pasado abril ya están echando cuentas para exponer las líneas maestras en febrero del próximo año, que se centrarán en tres bloques. Primero, el Ejecutivo quiere elevar la potencia recaudatoria del impuesto de Sociedades con su simplificación y con la revisión de exenciones y deducciones para lograr una tributación mínima de un 15%.

La segunda misión es revisar la fiscalidad de los negocios digitales, con la denominada tasa Google, que ha entrado en vigor este año con el objetivo de recaudar unos 1.000 millones anuales y se perseguía la armonización de la tributación patrimonial. Esta última parte supondrá revisar los gravámenes a las rentas altas y abrir el melón de hacer unos impuestos autonómicos más homogéneos, con la diana en Madrid, que bonifica los impuestos de Sucesiones y Donaciones, y de Patrimonio.

Con Teresa Ribera y con la propia Montero, Calviño tiene el tercer objetivo de diseñar la fiscalidad medioambiental. Hacienda abre la vía de crear nuevas figuras tributarias que graven los comportamientos nocivos con el medio ambiente, así como aquellos hábitos que dañen la salud, y prevé que en el cuarto trimestre de 2022 se retome el plan para equiparar el gravamen del diésel al de la gasolina, con la que se espera recaudar 500 millones.

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