Gobierno y sindicatos pactan convertir en personal fijo a 300.000 interinos

El Gobierno y los sindicatos CSIF, CC OO y UGT han cerrado este lunes el acuerdo para limitar los contratos temporales en el sector público a un máximo de tres años, indemnizar a los interinos que pierdan su plaza con 20 días por año trabajado y hacer fijas más de 300.000 plazas que ahora son temporales antes de 2025. Estos cambios, además de ser una exigencia de los principales sindicatos de funcionarios, eran un clamor tras los recientes pronunciamientos del TJUE y del Tribunal Supremo.

Según informó CSIF en un comunicado, los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. El interino, además, tendrá garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo. Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. Todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos, recuerda CSIF, será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan, ya sea en materia disciplinaria, civil o incluso penal.

De manera paralela, el acuerdo contempla «un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales» que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 «como fecha límite improrrogable». Estos interinos pasarán a ser o bien funcionarios o bien personal laboral fijo, en función de la plaza que ocupen a día de hoy. El objetivo es reducir la temporalidad por debajo del 8% de las plazas de carácter estructural en todas las administraciones. El pacto recoge varios puntos que venían exigiendo los sindicatos. Por ejemplo, de cara a optar al puesto, la experiencia adquirida hasta el inicio del proceso se valorará con hasta un 40% en todos los ámbitos de cara a optar al proceso selectivo de estabilización.

Otra pata del acuerdo hace referencia a los interinos que no superen este proceso. Todos ellos serán incluidos en bolsas de trabajo y recibirán una compensación económica, igualmente de 20 días por año trabajado. Estos procesos selectivos irán unidos a procedimientos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera para preservar también las aspiraciones legítimas de este colectivo. En estas bolsas se integrarán los candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado este, sí hayan obtenido una puntuación que la convocatoria considere suficiente.

El proceso general afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018. CSIF valoró que el pacto «ofrece seguridad jurídica, define con claridad las situaciones en abuso y fraude de ley e incorpora medidas disuasorias y sancionadoras para acabar de una vez por todas con el abuso en la temporalidad».

«El acuerdo garantiza igualmente el principio de no discriminación, ya que al personal temporal se le aplicará el régimen general de los funcionarios de carrera», según CSIF, y las plazas siempre contarán con provisión de personal en las diferentes circunstancias que puedan darse. CSIF ha condicionado su participación en el acuerdo a la constitución de una comisión de seguimiento. Por su parte, CC OO informó de que lo alcanzado establece a partir de septiembre un calendario de negociación y diálogo social con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo global en la Función Pública, en especial todo lo relativo al impulso de la promoción interna y los traslados.

Para CC OO, «las medidas son un buen marco general que deberá ser adaptado a los diferentes sectores y administraciones, incluyéndose en el acuerdo las medidas para que esto sea posible en la administración general, la autonómica y la local». Para el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, el acuerdo «adopta medidas preventivas y sancionadoras para evitar las irregularidades que convierten a nuestro país cíclicamente en un país en abuso de temporalidad».