El déficit pierde protagonismo en la reforma de las reglas fiscales europeas

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Las reglas fiscales europeas se mantienen en suspenso desde marzo de 2020, una excepcionalidad que la Comisión Europea ha propuesto extender hasta 2022 para ayudar a paliar los efectos económicos de la pandemia, lo que supone, en la práctica, que ningún país entrará en procedimiento de déficit excesivo (PDE) o brazo correctivo sea cual sea su situación fiscal, ya que no hay objetivos a cumplir.

Cuando las normas fiscales se restauren, previsiblemente en 2023, todo apunta a que serán diferentes a las actuales, muy centradas en el dato anual de déficit -que no puede superar el 3 % del PIB- y, en menor medida, en el tope de deuda -debe mantenerse por debajo del 60 % del PIB- y la evolución del gasto público.

La reforma de las reglas fiscales, que se consideran complejas y difíciles de aplicar -sobre todo en el brazo preventivo-, ya estaba prevista desde antes de la pandemia, aunque ahora adquiere más urgencia ante los abultados datos de déficit y deuda acumulados por los países. La intención de la Comisión es acelerar los trabajos en la segunda mitad de 2021 para contar con una propuesta a finales de año que, según las primeras conversaciones, podría pasar por prestar mayor atención a la deuda y la inversión o reforzar el papel de las instituciones fiscales independientes como la AIReF para vigilar las estrategias fiscales y la sostenibilidad de la deuda.

Los expertos consultados coinciden en que las reglas fiscales necesitan una reforma, ya que han demostrado ser procíclicas, es decir, que atajan los desequilibrios derivados de las crisis con ajustes de gasto y subidas de impuestos que acaban agravando la propia crisis. Abogan, en cambio, por mover el foco del déficit anual a métricas a medio plazo, sobre todo de evolución del gasto público, con el objetivo de garantizar que los instrumentos no obstaculizan el crecimiento económico.

El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, propone directamente suprimir el tope de déficit del 3 % del PIB, que a su juicio es «bastante arbitrario» y acaba siendo contracíclico, y sustituirlo por «una regla de gasto estructural». Esta nueva regla mediría únicamente el gasto estructural -el que es independiente del ciclo, como las pensiones o el sueldo de los funcionarios-, que no podría aumentar por encima de una determinada referencia a medio plazo salvo que se incrementaran también los ingresos estructurales o recurrentes.

De esta manera, no sería necesario realizar ajustes si una crisis eleva puntualmente el déficit, evitando así dañar el tejido productivo, mientras que las situaciones de expansión provocarían superávit, una métrica «más racional desde el punto de vista económico» pero también «más compleja». También el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, aboga por vigilar el gasto público estructural como vía para corregir el déficit estructural de manera compatible con el crecimiento económico.

Sin embargo, plantea esta métrica como un complemento a las reglas actuales que sirva de vía para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo, algo a lo que también contribuirían indicadores como la exigencia de reformas o una adecuada medida de la presión fiscal. En ese mismo sentido, en un documento publicado en octubre de 2020, Fedea planteaba incorporar en la reforma un control del gasto público, que no debería superar el crecimiento potencial a medio plazo de la economía ni el objetivo de inflación, un límite que sería aún más restrictivo para los países con una deuda superior al 60 % del PIB o con un déficit abultado.

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