El Gobierno quiere recuperar la ultraactividad de los convenios

En un segundo borrador de negociación entregado por el Ministerio de Trabajo a finales de abril a empresarios y sindicatos se propone modificar el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores (ET) para que «transcurrido el proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo». La propuesta de Trabajo nada dice, sin embargo, de la aplicación de la subida salarial pactada en el convenio prorrogado. Fuentes jurídicas matizan que la subida recogida en el último convenio se aplicará el año siguiente dependiendo de la literalidad de la redacción. Es decir, si se recoge en el convenio el periodo temporal de la aplicación que se pactase en el convenio que se prorroga.

No obstante, el catedrático de derecho laboral, Jesús Lahera, matiza que el actual punto 3 del artículo 86 (que no será modificado) establece que durante un año se mantiene vigente la subida, salvo pacto colectivo en contrario, que podría repetirse más de un año. En su opinión, pues, la ultraactividad conlleva también la prórroga de la subida salarial que se aplicó en el convenio. Alfredo Aspra, responsable del departamento de laboral de Andersen, sin embargo, explica que la mayoría de los convenios establecen los periodos temporales de aplicación de las subidas, en especial aquellos que se pactan para varios años. Lo que impediría que se repitiera el incremento.

Fernando Moreno, de Analistas de Relaciones Industriales, Arinsa, por su parte, entiende que hay muchos convenios que, al no determinar su aplicación temporal, con la ultraactividad se volvería a aplicar la subida pactada en el convenio prorrogado, como se aplica el horario pactos, en línea con la opinión de Lahera. En cualquier caso, Trabajo pretende que la ultraactividad no desincentive la voluntad de acuerdo de los negociadores. Por ello, exigirá que «las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 (ET), para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes».

E, igualmente, deberán someterse, «siempre que exista pacto expreso» a los procedimientos de arbitraje, aunque el Gobierno elevará al laudo arbitral «de la misma eficiencia jurídica que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 98 del ET». Lo que supondrá un impulso a la Fundación SIMA (Sistema de Mediación, Arbitraje y Conciliación) nacida del acuerdo de empresarios y sindicatos y apoyado y financiado por el Gobierno.

Trabajo busca, además de recuperar la ultraactividad como venía sucediendo antes de 2012, poner fin a las dudas interpretativas que genera la actual redacción del ET. Fuentes jurídicas consultadas resaltan que la reforma del PP establece que la continuidad del convenio dependerá de lo que hayan pactado las partes anteriormente, pero en caso de no establecerse, no determina qué debe hacerse. Así, la realidad actual, según estas fuentes, es que jurídicamente queda en un limbo si hay ultraactividad o no.

Una sentencia del Tribunal Suprema de diciembre de 2014 estableció una solución salomónica, según la cual aquellos trabajadores que estuviesen contratados con el anterior convenio en vigor, tendrán derecho a la ultraactividad, y los nuevos empleados se someterán al amparo genérico del ET. Pero la realidad es que la ultraactividad es la tónica general. El 60% de los convenios actuales así lo establece, solo en un 10% el convenio deja de tener vigencia al año y el 30% restante se somete a lo que «diga la ley».

La negociación colectiva es una pata principal de la actual negociación laboral y una de las peticiones de los sindicatos ligada a la derogación de la reforma de 2012. El PP introdujo dos cambios principales: eliminar la ultraactividad e imponer la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. Trabajo ha propuesto, como base de la negociación, revertir ambas medidas, aunque no propone volver a la redacción exacta anterior a 2012. En el primer documento presentado por el Gobierno, el 30 de marzo, se postergó lo referido a la ultraactividad, propuesta que presentó 20 días después.