18 julio, 2018

Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno reformará los plazos máximos de instrucción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado que el Gobierno reformará los plazos máximos de instrucción aprobados por el anterior Ejecutivo para evitar el riesgo de impunidad, al estimar que han sido "especialmente nocivo" en la tramitación de causas complejas vinculadas a la corrupción.

"La necesidad de una Justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad", ha manifestado Sánchez en el pleno del Congreso al anunciar que se reformará el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Jueces y fiscales habían reclamado la derogación de ese artículo, introducido en 2015 a propuesta del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que fijó un plazo máximo de instrucción de 6 meses, ampliables a 18 en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo, siempre a petición de la Fiscalía.

Sánchez ha insistido en el compromiso de su Gobierno de luchar contra la corrupción, que "destruye la fe y la confianza de los ciudadanos en las instituciones", y ha considerado que la detección temprana de las tramas es defender el régimen de libertades y trabajar por regeneración. En este contexto ha garantizado que su Gobierno asume un compromiso de "ejemplaridad en el grado más alto" y no va a escatimar en la lucha contra esa "lacra".

El presidente del Gobierno ha reiterado también ante el pleno la necesidad de reformar la denominada ley mordaza y ha pedido "consenso y voluntad de acuerdo" para hacerlo, convencido de que supuso un "deterioro de la calidad democrática" y atacó las libertades. Ha apelado así a un diálogo político para alcanzar un equilibrio entre los valores de libertad y seguridad; "Alguien dijo: cuando un pueblo renuncia a su libertad en aras de la seguridad, acaba perdiendo ambas", ha recalcado.

Sánchez ha dejado también claro que la justicia es "uno de los ámbitos en el que es más urgente para avanzar en la regeneración democrática y el fortalecimiento institucional". Ha abogado así por una justicia "rápida, independiente y transparente" y ha ratificado su voluntad de dotar de más medios al sector y de dialogar con asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionario.

Su objetivo, ha dicho, es asegurar la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y garantizar los nombramientos basados en criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad, que son, ha dicho, exigencia de una democracia "madura" en la que impera la separación de poderes.

18 julio, 2018

Justicia promete diálogo y culminar la digitalización

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, abogó ayer, durante la inauguración en Santander de la cuarta edición del curso Una Justicia de futuro, organizado por el Ministerio de Justicia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), por abrir el diálogo con los actores del mundo de la justicia para llegar a soluciones de consenso que resuelvan los problemas que aquejan a un servicio público que debe prestarse para y por la ciudadanía.

Además, en línea con los ejes de trabajo del Ministerio presentados recientemente, ha subrayado el compromiso por la modernización de la justicia. En palabras del secretario de Estado, la transformación digital no tiene vuelta atrás: "o es papel 0, o es papel mojado", ha afirmado. Asimismo, ha destacado la apuesta por una justicia que sirva a los intereses públicos, y que proteja especialmente a las mujeres y menores de edad víctimas de violencia de género y al colectivo de personas con discapacidad.

En su discurso, Dolz ha desgranado los ejes principales de trabajo del nuevo equipo del ministerio, sobre los que giran las reformas propuestas la pasada semana en el Congreso de los Diputados por la ministra Dolores Delgado. Entre las prioridades, acercar la justicia a la ciudadanía, que demanda un cambio de rumbo, para que la perciban como creíble, cercana y transparente. Pese a las limitaciones presupuestarias (el Ministerio tan solo cuenta con el 0,3% en las cuentas generales del Estado y "el 80% se dedica a gastos de personal"), cree que hay medidas que pueden abordarse, y ha pedido el esfuerzo de todos los profesionales, como, por ejemplo, las “salas amigables” para evitar la “revictimización” de los menores mediante la reiteración de declaraciones sobre las agresiones sufridas, o como la reforma de la legislación civil basada en el “respeto a la voluntad y preferencias de las personas discapacitadas”, como regla general en la toma de sus propias decisiones.

En este sentido, ha adelantado que los trabajos de esta ambiciosa reforma están terminados y que se elevará próximamente como anteproyecto a Consejo de Ministros. Más cauto ha sido con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), basada en el modelo del fiscal instructor y bajo la mirada de la perspectiva de género, señalando que se sentiría satisfecho si se llega a presentar un anteproyecto. Por otro lado, ha indicado que el anuncio de la derogación 324 de la LEcrim, que limita en un primer momento a seis meses el tiempo de investigación permitido para una causa, responde a una "necesidad de los colectivos" y que ha provocado conflictos entre jueces, letrados y ministerio fiscal, al margen de los ámbitos de impunidad que puede ocasionar.

Dolz ha abogado por la recuperación de la justicia universal, en la línea ya anunciada por la ministra, y ha subrayado que existen "deficiencias" en la euroorden, específicamente respecto a la doble incriminación. A su juicio, no se pueden cuestionar los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión, y hay que perfeccionar la cooperación judicial.

El secretario de Estado ha querido finalizar su intervención con una cita de Cicerón: "El bienestar del pueblo es la suprema ley", remarcando que este es el objetivo del nuevo equipo, con la colaboración de todos los actores de la justicia.

17 julio, 2018

El asesor fiscal debe asumir todos los gastos derivados de su negligencia

El importe de la sanción por una incorrecta liquidación de un impuesto, los intereses de demora por lo que se había dejado de ingresar a la Agencia Tributaria (AEAT), los intereses por el aplazamiento del pago de la sanción y los gastos de la ampliación del préstamo hipotecario por parte del contribuyente, han de ser abonados por el asesor fiscal en la medida en que sean imputables a su actuación negligente. Es decir, que el asesor debe hacer frente a todos los gastos que se excedan de la deuda tributaria principal y se deban a su imprudencia profesional.

Por tanto, como se hace en una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia debe justificarse uno por uno que esos costes extra efectivamente han sido provocados por los errores del asesor fiscal sin el consentimiento ni conocimiento del contribuyente.

En este caso concreto, el asesor realizó una incorrecta calificación de la actividad económica de su cliente en las autoliquidaciones del IRPF y del IVA, que él mismo presentó. Cuando la AEAT las comprobó inició un procedimiento para regularizar y liquidar las sumas adeudadas más los intereses de demora, y terminó sancionando al obligado tributario.

Como se explica en la sentencia, todas las gestiones con la AEAT fueron realizadas por el asesor sin que para llevarlas a cabo recibiera instrucciones de su cliente. Es más, éste no tuvo conocimiento del alcance de las responsabilidades tributarias acordadas con la AEAT hasta que recibió las providencias de apremio en las que se le imponía un recargo del 20% sobre la deuda, por la falta de abono en plazo.

En ese momento su única posibilidad era pedir un aplazamiento del pago para evitar un embargo. Además, debido a la sanción y a los retrasos en su abono, la deuda tributaria llegó a ser de casi el doble del importe inicial, por lo que el contribuyente se vio obligado a ampliar un préstamo hipotecario que ya tenía.

El tribunal ha determinado que todos estos gastos no se habrían producido si el asesor fiscal hubiera actuado con diligencia y hubiera informado oportunamente a su cliente de los trámites y los plazos ante la AEAT. En consecuencia, se trata de conceptos indemnizables.

14 julio, 2018

El Poder Judicial entrega los galardones a la Calidad de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entregó los premios de Calidad de la Justicia a varios órganos judiciales en reconocimiento a su labor como servicio público en un acto que estará presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, y al que asistirá la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Según informa el CGPJ, en esta octava edición, se ha decidido conceder el galardón en su modalidad de Más eficaz al juzgado de primera instancia número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas abusivas, "por conseguir dar una respuesta y solución rápida y eficaz al ciudadano frente a un nuevo problema social". En otra modalidad, la de Justicia más transparente, el premio en la categoría destinada a órganos judiciales ha sido para el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Alicante por su proyecto Celeridad en la tramitación y resolución de procedimientos. Apuesta por la oralidad, que utiliza esta herramienta para garantizar la transparencia.

Por último, en la categoría de Justicia más accesible, el órgano judicial que ha recibido el galardón ha sido en este caso el juzgado de lo social número 3 de Córdoba por su proyecto Sistema de acumulación de procesos en los Juzgados de lo Social de Córdoba. Años 2007 a 2016.

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