10 diciembre, 2017

Hacienda prepara un memorándum con las aportaciones de las CCAA a la financiación

El Ministerio de Hacienda prepara un memorándum con las aportaciones remitidas por las comunidades autónomas a la reforma del modelo de financiación, pero no se cerrará ningún borrador o documento antes del 21 de diciembre, cuando hayan pasado las elecciones catalanas.

Así lo cree el experto designado por Baleares y catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casanovas, quien reconoce que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no puede pillarse los dedos dando aval a una u otra propuesta.

Sobre la propuesta del presidente vasco, Íñigo Urkullu, que plantea el concierto vasco como "referencia" de una financiación autonómica más justa, López Casasnovas asegura que el lehendakari intermedia para que si el día 21 de diciembre los soberanistas "mantienen el pulso" haya una propuesta de reencaje.

Urkullu hizo la propuesta justo después de que el líder del PSC, Miquel Iceta, apostara por una hacienda federal para que la Generalitat asumiera la recaudación y gestión, en consorcio con la Administración del Estado, de todos los impuestos que se pagan en Cataluña.

López Casasnovas reconoce las "virtudes" del concierto económico vasco para la soberanía fiscal, pero "si el cómputo del cupo se aplicara a una economía como la catalana, tres veces mayor que la vasca, no habría bastante financiación para el resto". "Si la letra pequeña se aplicara a Cataluña no habría suficiente financiación para las otras autonomías", insiste.

Ya que, en buena medida, explica, "el concierto vasco es posible porque otras comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares asumen la carga a la que ellos no contribuyen". Por eso, y en opinión de este catedrático, tiene lógica que el ministro Montoro no cierre nada antes del día 21 "porque si vuelven a ganar los soberanistas, el único agarre que quede para el reencaje sea activar mi voto particular emitido en la comisión de expertos".

Y en ese voto particular, López Casasnovas mostraba su simpatía por un federalismo fiscal efectivo, pero subrayaba que, para la viabilidad de las propuestas, el concierto vasco debía contribuir a las cargas comunes con la Administración central. Para López Casasnovas el punto de partida tiene que ser la capacidad fiscal: cuánto recaudas de IRPF y cómo participas en el IVA y los impuestos especiales, "pero el problema fundamental es la nivelación".

Hasta ahora, la nivelación la decidía el Estado y la propuesta de López Casasnovas es que sea "pautada" y se mueva en la justificación del sentido común, que es la solidaridad que procede de la progresividad fiscal.

9 diciembre, 2017

Ya son casi 3.000 empresas las que han trasladado su domicilio social fuera de Cataluña

Los últimos datos del Colegio de Registradores reflejan que ya son casi 3.000 empresas las que han trasladado su domicilio social fuera de Cataluña. Formaciones políticas como Ciudadanos o el Partido Popular prometen establecer incentivos y medidas para fomentar el regreso de estas compañías. Sin embargo, algunas grandes empresas como La Caixa o Sabadell ya han señalado que no se plantean volver a fijar su domicilio social en Cataluña y expertos consultados apuntan que esta es la opción mayoritaria de las compañías que han salido del territorio catalán.

“¿Qué sentido tendría volver a cambiar de domicilio en menos de un año?”, apuntan desde una consultora. Una vez asumida la decisión de trasladar la sede, el regreso solo se plantea si ello repercute en aspectos positivos para la compañía, ya sea en el ámbito productivo o reputacional.

Una muestra de que los desplazamientos pueden tener un carácter indefinido es que, tras el cambio de domicilio social, muchas compañías también han cambiado su domicilio fiscal. Así lo señaló la Agencia Tributaria, que el pasado 15 de noviembre informó de que casi 1.000 empresas habían comunicado el cambio de domicilio fiscal, un proceso más lento que el social. Ello provoca un cierto decalaje.

Según la Ley General Tributaria, el domicilio fiscal será también el social, “siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. Empresas que han cambiado de sede están ya desplazando también personal directivo, lo que hace que la decisión sea cada vez más irreversible.

Los partidos nacionalistas catalanes minimizan el impacto de los cambios de sede en la medida en que no supone el traslado de los centros productivos, mientras que los constitucionalistas consideran que el impacto es notable. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que las empresas que se han ido pagarán ahora los impuestos fuera.

En realidad, el efecto sobre las arcas públicas de la Generalitat por el cambio de domicilio social y fiscal es mínimo en el corto plazo. Si no existe un traslado relevante de personal, el impacto en el IRPF es residual. En el caso del IVA, el reparto entre las comunidades autónomas se decide a partir de criterios de consumo. El impuesto sobre sociedades, el tributo que grava los beneficios empresariales, es de carácter estatal.

Para la caja de la Generalitat, el cambio de sede afecta especialmente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales en su modalidad de actos jurídicos documentados, que se abona en operaciones como ampliaciones de capital. En cualquier caso, se trata de un aspecto menor. Los ayuntamientos también se verán afectados en algunos impuestos como el de circulación, que se paga en función de la sede social de la compañía.

Ahora bien, si el cambio de domicilio social y fiscal supone el desplazamiento de cargos directivos, ello empezará notarse en el IRPF. Y en el caso de ejecutivos de empresas cotizadas, la tentación de cambiar Barcelona por Madrid por cuestiones tributarias es elevada. Ello es así porque Cataluña mantiene el impuesto sobre la renta más elevado de España y Madrid aplica el menor gravamen. Un alto directivo de una empresa del Ibex gana de media unos 800.000 euros anuales. Un sueldo de esta magnitud abona en Cataluña 366.583 euros por IRPF.

En Madrid, la factura fiscal asciende 336.525 euros. Un 8% menos. Además, Madrid es la única comunidad autónoma que no aplica el impuesto sobre el patrimonio, lo que supone un incentivo adicional a la atracción de personas adineradas. Hay que tener en cuenta que el impuesto sobre el patrimonio se abona allí donde reside el contribuyente, con independencia del lugar en el que se ubique su riqueza.

9 diciembre, 2017

La UE ha publicado una lista negra de estos territorios con flagrantes ausencias

La Unión Europea, por fin, ha logrado el consenso necesario para publicar su primera lista negra de paraísos fiscales. La opacidad a la hora de confeccionarla y la falta de voluntad política para señalar todos los territorios que deberían formar parte de ella han dado como resultado una lista descafeinada, donde sólo aparecen 17 países.

Para la UE no son paraísos opacos, Suiza, Albania, Serbia o Macedonia a los que clasifica, junto con otros 43 Estados, en un listado gris para revisar el cumplimiento de transparencia, impuestos justos o medidas contra la elusión fiscal que se han comprometido a aplicar. En cambio, no hay rastro de las Islas Vírgenes o de lugares tan cercanos a nosotros como Gibraltar.

Tampoco refleja países cuyos regímenes fiscales dañan las bases imponibles del Impuesto de Sociedades del resto de estados miembros comunitarios ocasionando pérdidas millonarias, como es el caso de Holanda, Irlanda o Luxemburgo. De hecho, la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial se sitúa entre el 4% y el 10% del total de ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones anuales.

Ante esta lista negra, condicionada lamentablemente con criterios políticos, nuestra alternativa refleja un listado con casi el doble de nombres hasta alcanzar un total de 30 países. Además, al margen de la negra hemos confeccionado una lista gris con 100 paraísos, frente a los 47 países que refleja la europea, que ya se han comprometido a poner en marcha cambios fiscales. Las listas que hemos elaborado desde el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda incluyen 130 países y centros financieros offshore, clasificados en dos listados diferentes en función de su capacidad para favorecer la evasión o la elusión tributaria.

Lo que tratamos de demostrar es que, a todas luces, el listado europeo es incompleto y tendrá unos efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos. Debería haber reflejado el nombre de todos los países que han prometido “adoptar un proceso de aprobación” de medidas de transparencia, a los que no han demostrado esa transparencia, a los paraísos situados en países en desarrollo, a los del Caribe asolados por los recientes huracanes, a los países de la propia UE que favorecen la elusión fiscal, y a los territorios offshore que pertenecen a algunos miembros comunitarios.

Por otra parte, esta lista europea de paraísos no cooperativos debería haberse extendido, tal y como estableció Bruselas al inicio del proceso, a todos los territorios con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en los ámbitos bancario, registral y mercantil.

Esto permitiría a la Comisión Europea crear una base de datos de evasores y elusores fiscales transfronterizos a la que los países miembros accederían y podrían implantar sanciones concretas a las empresas con intereses en esas jurisdicciones que aparezcan en el listado.

8 diciembre, 2017

España, el tercer país que menos recauda por IVA de toda la Unión Europea

España ha mejorado sus ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) desde el mínimo registrado en 2009 del 3,9% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), aunque en 2016 (últimos datos disponibles) se redujeron una décima respecto a 2015, hasta el 6,4%, al tiempo que se mantiene como el tercer país de la UE con menor recaudación por este impuesto. Así se desprende de los últimos datos sobre la recaudación de impuestos sobre PIB elaborado por la agencia estadística europea Eurostat, que sitúa a España a la cola en la recaudación por IVA en la UE, sólo por delante de Irlanda (4,7%) e Italia (6,1%).

En el conjunto de los Veintiocho, la recaudación proporcionada por el IVA se ha mantenido estable en los últimos años. Para 2016, el promedio se situó en un 7% sobre el PIB, según los datos de Eurostat, mientras que para la zona euro alcanzó el 6,8%. No obstante, el porcentaje de recaudación por IVA varía notablemente en los países de la UE, con cifras por encima del 10% e inferiores al 5%. En concreto, el mayor volumen de ingresos tributarios por este concepto corresponde a Croacia (13%) y Dinamarca (9,6%). Les siguen Estonia, Finlandia, Suecia y Bulgaria con cifras en torno al 9%, al tiempo que Portugal, Chipre, Eslovenia y Rumanía superan el 8%.

De su lado, Austria alcanza un 7,7% y Alemania un 7%, la misma cifra que la media de la UE-28, mientras que por debajo del promedio se sitúan diez países: Bélgica (6,8%), Irlanda (4,7%), España (6,4%), Francia (6,9%), Italia (6,1%), Luxemburgo (6,5%), Países Bajos (6,9%), Rumanía (6,5%), Eslovaquia (6,7%) y Reino Unido (6,8%). Se reduce la presión fiscal La presión fiscal en España, el conjunto de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB, se situó en 2016 en el 34,1%, cuatro décimas menos que un año antes, y sensiblemente por debajo de la media del 41,3% de la zona euro y del 40% de la UE.

De este modo, España aparece como el noveno país de la eurozona con menor presión fiscal, por detrás de Bulgaria, Irlanda, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Eslovaquia y Rumanía. Por contra, los países de la UE con mayor presión fiscal en 2016 fueron Bélgica, Dinamarca, Francia, Austria y Suiza.

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