24 abril, 2018

El asegurado no puede imponer un arbitraje en las pólizas de defensa jurídica

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado un precepto de la ley de contrato de seguro que facultaba al asegurado a someter a arbitraje cualquier diferencia sobre el contrato que pueda surgir entre él y la compañía en el ámbito del seguro de defensa jurídica. El artículo anulado disponía: “el asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro”.

La sentencia, de 11 de enero de 2018, declara inconstitucional el artículo 76 e) de la ley 50/1980, de 8 de octubre, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de la compañía aseguradora, que garantiza el artículo 24 de la Constitución Española. Dejar en manos del cliente la sumisión arbitral de las controversias que puedan surgir a lo largo de la vida del contrato, resulta contrario, según el TC, al derecho de la compañía de acudir a los órganos jurisdiccionales para resolver el litigio.

La cuestión sobre la posible nulidad del precepto fue planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El tribunal plantea en su escrito que la disposición, ahora anulada, establece una suerte de arbitraje “imperativo” solo para una de las partes, la aseguradora, a la que se impone este cauce, impidiéndole el acceso a la vía judicial y el control jurisdiccional de la cuestión.

El precepto cuestionado fue incorporado a la ley de contrato de seguro para transponer una directiva comunitaria en el año 1990. Pero, según la fiscalía, la vigente directiva, del año 2009, no establece un sistema de arbitraje obligatorio ni exige a los Estados implantar en beneficio de los asegurados un sistema unilateral de sometimiento arbitral.

Conforme a la doctrina constitucional, el arbitraje, como solución alternativa para la resolución de conflictos, debe sustentarse en la voluntad de las dos partes del contrato, pero la previsión legal establecía un derecho exclusivo del consumidor para fijar esta vía, vulnerando los derechos de la aseguradora.

24 abril, 2018

Los recursos de casación tributaria, a punto de colapsar el Supremo

Durante el tiempo que lleva vigente el nuevo recurso de casación, aprobado el 21 de julio de 2015, el Tribunal Supremo ha dictado 100 sentencias, de las que la mitad correspondieron al ámbito tributario, según se informó en una jornada sobre las experiencias acumuladas desde la entrada en vigor del nuevo modelo casacional, organizadas por Garrido Abogados, y que reunió a cuatro magistrados del alto tribunal: Manuel Vicente Garzón Herreros, Emilio Frías Ponce, José Antonio Montero Fernández y Joaquín Huelín Martínez de Velasco.

Sin embargo, los recursos no paran de llegar y los expertos alertan del riesgo de que este flujo llegue a colapsar el sistema. En este sentido, en 2017, de los 917 recursos de casación admitidos por el Tribunal Supremo, la mitad correspondieron al ámbito tributario, de los que tenían carácter repetitivo 357 de ellos. Por este motivo, los cuatro magistrados del Supremo que participaron en la jornada organizada por Garrido Abogados coincidieron en que la justicia tributaria necesita una profunda reforma para acortar al máximo el tiempo que transcurre entre la casación y la resolución.

"Las inspecciones de Hacienda duran cuatro años y es imposible que se hable de liquidaciones de tributos con menos de quince años de trámite", afirmo el magistrado Montero. Y añadió: "Soy partidario de crear dentro del Supremo una jurisdicción especializada en derecho tributario".

A este respecto, Emilio Frías recordó que "muchos de los recursos de casación que llegan de los tribunales superiores tienen entre 12 y 15 años de antigüedad y tenemos que resolverlos teniendo en cuenta que están planteados sobre normativas tributarias que, en muchas ocasiones, están obsoletas o no han sido adaptadas a las directrices de la Unión Europea".

24 abril, 2018

España pide a la UE que «lidere» el libre comercio ante el proteccionismo

Los temores a una guerra comercial entre EE UU y China llevan sobrevolando toda la semana en la reunión anual del FMI con el Banco Mundial que se está celebrando en Washington. Este sábado el ministro de Economía, Román Escolano, mostró el firme rechazo de España a las medidas arancelarias aprobadas por la administración de Donald Trump y abogó por que la UE asuma el «liderazgo internacional en la defensa del orden multilateral y el libre comercio».

En este sentido, el titular de Economía resaltó el impacto a escala global que podría tener un enfrentamiento comercial entre las dos principales potencias económicas del planeta. De hecho, Escolano advirtió sobre el riesgo de entrar en una dialéctica de «unos contra otros» propia del proteccionismo que «crea dudas y genera reacciones adversas en los mercados financieros».

El ministro, que participó en una cena junto a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y sus homólogos europeos, puso de manifiesto la importancia de que el club comunitario coordine la respuesta ante este reto. «Debemos estar seguros de que la UE permanece unida y que transmitamos a las autoridades estadounidenses nuestro rechazo al plazo de imposición de aranceles y que la UE no debe ser objeto de estos aranceles», apuntó. De momento, los Veintiocho han quedado excluidos de las tasas impuestas por EE UU a las importaciones del acero (25%) y al aluminio (10%), que afectan principalmente a China. Sin embargo, la decisión final tendrá que tomarla la administración norteamericana en las próximas semanas.

Hay que tener en cuenta que España lleva varios meses luchando para convencer a Washington de que retire un arancel medio del 21,6% impuesto de manera provisional a la aceituna negra española. El gobierno estadounidense argumenta que el gravamen se debe a la competencia desleal por las subvenciones recibidas. Algo que el ejecutivo español rechaza.

En este sentido, Escolano recordó que España defenderá el intercambio comercial y la internacionalización de las empresas como elemento estratégico para el crecimiento a través de las exportaciones, que, en su opinión, permiten crear puestos de trabajo. Por ese motivo, insistió en que el Gobierno tiene un claro interés en este debate y participará de forma «muy activa».

24 abril, 2018

Bruselas refuerza la protección a denunciantes de ilegalidades en empresas y administraciones públicas

La Comisión Europea ha propuesto un paquete de medidas para reforzar la protección de quienes denuncien el quebranto de leyes europeas por parte de empresas y administraciones públicas. El objetivo es crear un mecanismo que sistematice el modo de realizar este tipo de denuncias y blindar al denunciante de posibles represalias.

En la documentación relacionada, el Ejecutivo comunitario menciona explícitamente casos en los que este tipo de denunciantes han permitido sacar a la luz escándalos. Entre ellos, el Dieselgate (manipulación de pruebas de emisiones de gases tóxicos por parte de Volkswagen), el Luxleaks (concesión masiva de pactos fiscales por parte de Luxemburgo a multinacionales para que estas pudiesen rebajar su factura fiscal), o los Panama Papers (el uso de estructuras corporativas en paraísos fiscales para eludir o evadir impuestos).

Las medidas afectarán a todas las empresas con más de 50 empleados o una facturación superior a los 10 millones de euros, a todas las administraciones públicas estatales y regionales y a las de municipios con más de 10.000 habitantes.

La nueva legislación, que requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, cubriría áreas como las licitaciones públicas, los servicios financieros, el blanqueo de dinero, la financiación terrorista, protección a los consumidores y al medio ambiente, seguridad nuclear, salud pública y alimentaria, bienestar animal, protección de datos y seguridad de sistemas de información.

Según la Comisión Europea, esta propuesta es necesaria porque en estos momentos solo 10 países de la UE garantizan una protección adecuada a los denunciantes. Serían Francia, Hungría, Irlanda, Lituania, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. El mecanismo para denunciar establece tres canales. En primer lugar, el denunciante deberá comunicar la presunta quiebra de legislación en un canal interno que establezca su organización. Esta tendrá 3 meses para responder.

En el caso de que no haya respuesta o que el uso de ese canal pueda poner en peligro la investigación de la presunta ilegalidad (porque, por ejemplo, la dirección de la compañía está involucrada), el denunciante podrá reportar directamente a las autoridades públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

Si en un plazo que oscila entre 3 y 6 meses no ha recibido respuesta o, al igual que ocurre con el primer canal, la denuncia ante la administración pública relevante puede poner en peligro una investigación de los hechos, se abriría la tercera vía: denuncia en los medios de comunicación o redes sociales.

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