20 Julio, 2017

El pacto por la Justicia, cada día más lejano

El PSOE ve muy lejana la posibilidad de firmar un pacto sobre la Justicia como pretende el Gobierno. Los socialistas mantienen esta posición en coherencia con la de las cuatro asociaciones de jueces con las que tienen previsto reunirse hoy. El colectivo tiene una cita con los cuatro grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de los Diputados con el objetivo de exponerles las reivindicaciones que negocian con el Ministerio de Justicia y que básicamente se refieren a reformas legales y, sobre todo, a medios materiales.

La representación de los jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) no oculta su profundo malestar por decisiones del Gobierno como la falta de dotación presupuestaria o la escasa oferta pública de puestos de trabajo para la justicia. Por ejemplo, esa oferta pública de empleo prevé 2.000 plazas para la agencia tributaria y solo 65 para jueces y 35 para fiscales. También lamentan lo que consideran falta de dotación a los juzgados que deben atender las reclamaciones por las cláusulas suelo.

La delegación socialista, que encabezan la portavoz Margarita Robles y el responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, entiende que no puede haber pacto de Justicia si no se atienden las peticiones que tienen más que ver con la actividad de los juzgados y tribunales en el día a día que con reformas institucionales.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, propuso al PSOE al inicio de la legislatura ese acuerdo que incluye una reforma del proceso penal, coincidente con un proyecto elaborado por los socialistas en la etapa de Zapatero. Solo la unión de PP y PSOE garantiza la aprobación de cualquier norma, pero los socialistas quieren acompañar el malestar de los jueces, poniendo distancia con ese pacto.

20 Julio, 2017

La UE impone barreras legales a la inversión especulativa

La Unión Europea se prepara para poner coto a los fondos que invierten a corto plazo en compañías cotizadas, ya que acaba de aprobar una directiva pionera a nivel mundial que obligará a estos inversores a hacer pública su estrategia de inversión en el sentido más amplio del término. Se trata de la directiva de la Comisión y del Parlamento Europeo 2017/828, de 17 de mayo de 2017, sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas.

La nueva directiva, que deberá trasladarse a los ordenamientos de los estados miembros entre 2018 y 2019 como muy tarde, marca una tendencia "hacia una nueva política legislativa de la Unión Europea en relación con las grandes sociedades cotizadas", tal y como explica Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y responsable de societario de Ramón y Cajal Abogados.

En cuanto a la necesidad de regular este ámbito, este experto se remite a la propia exposición de motivos de la directiva de la UE: "La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que los inversores institucionales y los gestores de sus activos no suelen implicarse en las sociedades en las que invierten" y desde los mercados de capitales "ejercen presión sobre las firmas para que obtengan resultados a corto plazo, poniendo en riesgo las inversiones en I+D y, ligado a ello, la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo de las sociedades en perjuicio de éstas, de los inversores últimos (pequeños accionistas) y de la sociedad civil".

En opinión del catedrático, no hay que olvidar que los grandes fondos representan, de media, más del 50% del capital social de las compañías europeas y, por tanto, su estrategia de inversión tiene importantes repercusiones en la evolución de las empresas en las que participan. "Son capaces de controlar grandes porcentajes de un grupo y no hay que confundirlos con un accionista particular, ya que son profesionales de la inversión". Y, según el experto, buscar la rentabilidad a corto plazo no siempre es lo mejor para una compañía, que crea valor en el largo plazo.

Alberto Alonso Ureba explica que cada país podrá llevar esta directiva tan lejos como desee, pero hay unos mínimos que todos deberán exigir. Los fondos de inversión que participen en alguna sociedad cotizada europea, independientemente de dónde tengan su sede (por lo que afectaría también a los de Estados Unidos, principal país de donde proceden este tipo de firmas), deberán publicar información sobre las estrategias de inversión y cómo las aplican; las políticas de implicación en las sociedades y cómo tienen pensado ejercer sus derechos, como el de voto en las juntas; los gestores de activos deberán explicar la composición y rotación de las carteras de valores, es decir, cuándo y por qué compran o venden acciones de una compañía, e incluso tendrán que hacer público los instrumentos que utilicen, como los préstamos.

20 Julio, 2017

Economía sacará ya la ley final de regulación bancaria con concesiones al sector

La supuestamente revolucionaria directiva europea Mifid 2 para que los mercados financieros funcionen mejor, aprobada en mayo de 2014 y prevista para su entrada en vigor el pasado enero, ni siquiera ha sido sometida a consulta pública. La fecha límite oficial venció el pasado 3 de julio. La misión es que esta norma, una trasposición de la europea, aunque el Gobierno cuenta con margen para realizar modificaciones de calado, esté lista antes de que finalice el presente ejercicio, para que entre en vigor el 3 de enero de 2018.

El plan inicial del Ministerio de Economía es publicar el texto casi definitivo, a falta de los últimos retoques y de eventuales modificaciones en su tramitación parlamentaria, este mismo mes, según fuentes financieras conocedoras de la situación. Si bien, existe la posibilidad de que se aplace a septiembre.

La cartera que pilota Luis de Guindos ya diseñó una suerte de esquema de cómo elaboraría la adaptación de la directiva a la normativa española. Este fue sometido a consulta preliminar el 15 de marzo y el plazo concluyó el 3 de mayo. En la normativa final será capital para el sector financiero cómo se regula el cobro de incentivos por la venta de productos.

Una directiva delegada restringe a tres supuestos la capacidad de las entidades –léase, bancos y empresas de servicios de inversión– de embolsarse una parte de las comisiones del fabricante del producto en concepto de un incentivo para su venta.

Fuentes del sector dan por hecho que se introducirá un cuarto supuesto, como han solicitado las patronales financieras. La Asociación Española de Banca (AEB) ya especificó que la regulación debe considerar “las redes de distribución como son las oficinas o el esfuerzo digital (internet o teléfono), que permiten llegar a un conjunto más amplio de clientes”, como explicó a este periódico su portavoz, José Luis Martínez Campuzano.

En la patronal, defienden que debe darse una facilidad a esa red de sucursales con personal formado y con herramientas que permiten hacer una selección muy personalizada para cada cliente.

Desde las asociaciones de usuarios, entre las que destaca Adicae, que ha mantenido una reciente reunión sobre este tema al más alto nivel, se mantiene una oposición frontal a que se abra la puerta al cobro de incentivos con el parapeto de que una entidad cuente con una amplia red. Así, fuentes conocedoras de las negociaciones prevén que Economía sea ecuánime: se dará más libertad al sector, pero al tiempo se respetará el espíritu de la directiva original.

20 Julio, 2017

El Gobierno escuchará todas las recomendaciones sobre el presente y el futuro de las pensiones que realice el Pacto de Toledo

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que el Gobierno escuchará todas las recomendaciones sobre el presente y el futuro de las pensiones que realice el Pacto de Toledo antes de tomar las decisiones pertinentes sobre las mismas para 2018.

Así lo ha señalado la titular de Empleo y Seguridad Social tras un desayuno de Fórum Europa con el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, donde también ha destacado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está trabajando para tener "cada día en España lo que quieren los españoles que es más y mejores pensiones y empleo".

También ha recordado que en este momento el Pacto de Toledo, que "es el mayor pacto social de la democracia", está trabajando en esta serie de recomendaciones y que también hay abierta una mesa de diálogo social en el ámbito tripartito (con empresarios y organizaciones sindicales) para hablar de este tema.

Preguntada sobre el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la recuperación española y sobre la recomendación de congelar las pensiones, Báñez ha asegurado que la realidad y el mérito del "impresionante" crecimiento económico y de la creación de empleo que se ha registrado en los últimos años en España es mérito de toda la sociedad española y de sus empresas.

En esta línea, ha asegurado que la garantía del sistema de pensiones es "precisamente esto", el crecimiento económico y la creación de empleo, porque 9 de cada 10 euros que se dedican en España a pensiones se pagan con empleo.

"Vamos en la buena dirección, aunque nos queda camino que recorrer", ha recordado la ministra, tras insistir en que el Gobierno va a seguir trabajando "intensamente todos los días en el diálogo social y en el político y parlamentario" para que esta legislatura se centre en los más de tres millones de parados que todavía hay en el país.

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