22 septiembre, 2017

El Poder Judicial denuncia los “ataques y presiones” para influir a los jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza los "ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones", en referencia a la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la libertad de los 14 detenidos ayer.

A través de una declaración institucional, el órgano de gobierno de los jueces considera esta acción "inadmisible en cualquier circunstancia", pues "supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial", poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales de cualquier Estado constitucional.

Cientos de personas se concentran frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC, para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del 1-O, como continuación de la concentración que congregó ayer a unas 40.000 personas ante la sede del departamento de Economía y Hacienda

Ante esta situación, el CGPJ quiere "mostrar su apoyo a todos los miembros de la carrera judicial que, en defensa del Estado de Derecho, que rige nuestra convivencia, prestan sus servicios en Cataluña".

El Consejo manifiesta su "más absoluto respeto" a los derechos de libertad de expresión y de manifestación y recuerda que están "plenamente vigentes" en Cataluña y en el resto del España, gracias a la Constitución.

Al respecto, considera imprescindible "reafirmar en estos momentos que la actuación del poder judicial persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico".

Es por ello que defiende que "el cumplimiento de su deber por parte del poder judicial no puede verse sometido a ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones".

22 septiembre, 2017

El Gobierno gana la batalla de las renovables en el Supremo

El Tribunal Supremo vuelve a avalar la reforma eléctrica del Gobierno del PP con la que se instauró el recorte a las renovables. En una sentencia el alto tribunal desestima el recurso que 25 instalaciones fotovoltaicas de Castilla-La Mancha presentaron contra la regulación de 2014. El Supremo considera que el cambio regulatorio no vulneró los principios constitucionales de irretroactividad ni el de seguridad jurídica, como alegaban los afectados, y que estos no tienen derecho a indemnización.

La decisión del Supremo se produce solo unos meses después del varapalo que el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, dio a España en mayo pasado. Los árbitros dieron la razón al fondo de inversión Eiser y obligaron a España a indemnizarlo con 128 millones de euros (algo más de la mitad de los 300 que reclamaba). El Ciadi consideró que España había incumplido la Carta de la Energía al privar de un trato justo y equitativo a Eiser. Este tratado internacional, de 1994, establece que los Estados deben mantener condiciones estables para las inversiones de otros países. En España, sin embargo, los tribunales siguen dando la razón al Gobierno.

El PP justificó su reforma eléctrica en la necesidad de evitar el aumento del déficit tarifario por la crisis económica. El recorte a las primas a la producción de energías renovables provocó un aluvión de recursos judiciales. Los productores habían invertido fiándose de la rentabilidad que garantizaban esas primas, vigentes entre 2006 y 2012. Solo los inversores extranjeros pudieron acudir a los arbitrajes internacionales. Varias comunidades autónomas fueron al Tribunal Constitucional. Y centenares de productores recurrieron al Tribunal Supremo, a la vía administrativa, al considerar ilegal que el Gobierno cambiara las condiciones con las que ellos planificaron sus inversiones. Lo que reclaman es el daño patrimonial que les supuso la pérdida de rentabilidad.

En este caso, los productores recurrieron el real decreto de 2014, que desarrollaba una norma anterior de 2013, que reguló la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Hasta ahora, el Supremo ha avalado la reforma del PP en al menos seis sentencias. También el Constitucional, que en 2015 determinó que los ajustes eran efecto de las difíciles circunstancias del sector en su conjunto y de la necesidad de asegurar el equilibrio económico. En esta última sentencia, de la sección tercera de la sala de lo contencioso, los magistrados recuerdan el fallo del Constitucional y además rechazan tomar en consideración el laudo del Ciadi, como pedía la defensa de los productores, porque “el presente recurso se enjuicia bajo la aplicación del derecho español y comunitario, sin que resulte de aplicación al caso el régimen derivado del sometimiento voluntario de determinados sujetos y Estados a un concreto régimen arbitral”.

La sentencia, de la que es ponente José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, tiene dos votos particulares. En el primero, el magistrado Eduardo Espín Templado señala el recurso debería haber sido estimados por la "retroactividad contraria a derecho por incurrir en la vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima". El segundo, de María Isabel Perelló Doménech, es muy contundente: “No resulta fácil imaginar una vulneración más palmaria del principio de seguridad jurídica que la que consiste en abocar a un sector económico tan altamente regulado como este […]a adoptar resoluciones empresariales de considerable entidad, incluso la propia continuidad en el ejercicio de la actividad, sin conocer el régimen jurídico y económico que les va a ser de aplicación”.

22 septiembre, 2017

El BCE prepara un nuevo índice de referencia tras el fracaso con el euríbor

El Banco Central Europeo (BCE), junto al Sistema Europeo de Supervisión Financiera (FSMA), la Autoridad Europea de Mercados (ESMA) y la Comisión Europea, ha anunciado que lanzará un nuevo índice de referencia diario a partir de 2020 tras el fracaso de la reforma del euríbor.

Así, las autoridades de la eurozona han decidido lanzar un nuevo índice de referencia de los tipos de interés que complemente a las tasas de referencia utilizadas por los bancos, después de que se denunciara la manipulación del euríbor por parte de los bancos comerciales distorsionando las referencias en beneficio propio y cuyo proceso de reforma, iniciado a principios de año, ha fracasado.

Esta nueva referencia reflejará las transacciones que se produzcan en el mercado interbancario de la zona euro y recogerá así los datos estadísticos que faciliten los propios bancos, con el objetivo de proporcionar más información, transparencia y mejorar el funcionamiento del mercado monetario.

Por último, el BCE ha invitado a los bancos de la eurozona a participar en una consulta que se prolongará a lo largo de 2018, donde podrán dar sus opiniones respecto al enfoque de la nueva tasa de referencia.

22 septiembre, 2017

Gobierno y sindicatos se dan una semana más para pactar la mejora salarial de los funcionarios

El Gobierno y sindicatos han cerrado este jueves una semana clave en las negociaciones que mantienen para sellar un acuerdo a tres años que establezca la subida salarial de los empleados públicos y cierre otros consensos en materia de jornada laboral, recuperación de derechos y ampliación de plantillas.

La decisión in extremis del Ejecutivo de prorrogar una semana más la aprobación de los presupuestos de 2018, prevista para mañana viernes y que se pospone para el próximo día 29, da más margen al Ministerio de Hacienda y a los sindicatos de funcionarios para seguir negociando un acuerdo que con las últimas propuestas planteadas se ha puesto muy difícil.

Hacienda plantea una subida salarial en tres años que estaría compuesta por una parte fija y otra variable. La fija sería del 1,5% en 2018, el 1,75% en 2019 y el 2% en 2020. Y adicionalmente, el miércoles mejoró su oferta inicial con un 0,5% más a pagar en 2020 siempre y cuando España haya cumplido con el objetivo de déficit.

La parte variable estaría vinculada al crecimiento del PIB y sería del 0,50% en 2018 y del 0,75% en 2019 y 2020, en el mejor de los casos. El mecanismo ideado por el Ejecutivo para obtener esos incrementos variables es que el PIB aumente un 0,4% por encima de la previsión oficial del Gobierno. Así, en el mejor escenario, y al final del periodo, en 2020, los empleados públicos acumularán un incremento salarial del 7,95%, incluidos los deslizamientos que supone aplicar los incrementos en 2019 y 2020 sobre una base que ya se ha visto incrementada respecto a la de 2017.

Ese alza que el Gobierno ha redondeado al 8% sigue siendo muy insuficiente en palabras de los sindicatos, ya no solo por la cuantía, que dista de las cifras que manejan las organizaciones sindicales como pérdida de poder adquisitivo media acumulada (que según los estudios sitúan entre el 13% y el 23%); sino también porque buena parte de la misma, algo más de dos puntos, está vinculada al PIB que si no evoluciona como estime el Gobierno podría verse comprometida. Por ello, los sindicatos han reclamado este jueves a Hacienda nuevos mecanismos que garanticen en mayor medida que los incrementos pactados serán los que efectivamente se cobren.

Sigue sin haber acuerdo tampoco en materia de jornada laboral, uno de los aspectos clave para los sindicatos y sin el que no será posible el consenso. Pese a que ya existen cinco comunidades autónomas donde se ha pactado recuperar las 35 horas semanales, el Gobierno central insiste en recurrir esos acuerdos y en tratar de obligar a que todos los territorios apliquen las 37,5 horas semanales.

Por último, en lo que hace referencia al empleo público, se ha logrado que la tasa de reposición en todos los sectores no considerados prioritarios pase el próximo ejercicio del 50% al 75% y que en algunos considerados esenciales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se alcance el 115%. Además, todos los interinos que lleven en su puesto más de tres años podrán consolidar su plaza en la convocatoria extraordinaria que saldrá próximamente a tal efecto.

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