Resúmenes y circulares

9 octubre, 2017

Relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018

Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

El apartado 2 del artículo 32 de la Ley del Catastro dispone que las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.

Para ello, es preciso que los Ayuntamientos soliciten la aplicación de estos coeficientes y que reúnan los siguientes requisitos:

  1. Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2018 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2013.
  2. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.
  3. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo, sin que se haya desistido más tarde.

Pues bien, en aplicación de este procedimiento, y por medio de la norma que estamos comentado, se publica la lista de los municipios afectados que incluye varias capitales de provincia como Valencia, Granada, Lleida, Badajoz o Huesca (que también estaban en la lista del año pasado).

Los coeficientes de actualización serán los que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.

La presente orden entró en vigor el 22 de septiembre de 2017 y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018.

17 septiembre, 2017

II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que publica el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad. (BOE, 14-09-2017)

En el BOE del pasado día 14 de septiembre, se publicó el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, que es el resultado del debate que impulsó España, durante su presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en al año 2015.

Efectivamente, en el año 2015, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la resolución 1325 (2000), y desde su presidencia del Consejo de Seguridad, España impulsó la celebración de un debate abierto de alto nivel sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Durante este debate se aprobó por unanimidad una nueva resolución del Consejo de Seguridad sobre esta agenda, la resolución 2242, que fue copatrocinada por setenta estados.

La resolución 2242 sentaba unas bases renovadas, sólidas y ambiciosas para la agenda Mujeres, Paz y Seguridad y recogía el compromiso de los Estados y organizaciones de convertir los objetivos en acciones concretas y reducir la distancia entre los textos y la realidad de las mujeres en el terreno.

España anunció entonces sus compromisos para potenciar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, entre los que destacaba la aprobación de un nuevo Plan de Acción que renovara el compromiso de España con esta agenda y actualizara el primer plan, aprobado en 2007.

Pues bien, el documento, publicado en el BOE del pasado día 14 de septiembre, es el resultado de un diálogo interministerial y con las organizaciones de la sociedad civil que han participado en la elaboración del documento. Tendrá una vigencia de seis años y prevé como mecanismo de seguimiento y evaluación la presentación de los correspondientes informes ante el Parlamento cada dos años.

Los objetivos específicos del Plan son los siguientes:

  • Integrar la perspectiva de género en la prevención, gestión y resolución de conflictos y la consolidación de la paz.
  • Hacer realidad la participación significativa de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones en relación a la prevención, gestión y solución de conflictos.
  • Garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y postconflicto.
  • Introducir de forma efectiva la perspectiva de género en la definición de las medidas concretas de reparación y recuperación de las víctimas de los conflictos.

Además de los objetivos y acciones, el Plan contempla cuatro áreas temáticas de actuación que guían los objetivos y acciones y que se desprenden de las Resoluciones 1325 (2000) y 2242 (2015); fundamentalmente:

  • violencia sexual en conflicto y violencia basada en género;
  • mujeres y niñas refugiadas;
  • género y prevención y lucha contra el extremismo violento y el terrorismo,
  • y trata de mujeres y niñas.

El Plan también fija las organizaciones internacionales y países y áreas geográficas prioritarias en la acción exterior del Plan. España se compromete, en especial, a promover la Agenda Mujeres, Paz, Seguridad en organizaciones internacionales (Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN, OSCE, entre otras) y en siete países y áreas geográficas: Afganistán, Mali, República Centroafricana, Colombia, Palestina, Líbano y Ucrania.

TEXTO COMPLETO:

13 septiembre, 2017

Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que publica el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos.

En el BOE del pasado día 14 de septiembre, se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha de 28 de julio de 2017, que aprueba el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que tiene por finalidad aplicar en el ámbito nacional los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos humanos, adoptados mediante resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos. 

Este Plan tiene por finalidad:

1) Reforzar las herramientas que facilitan la puesta en práctica del compromiso de España de proteger los derechos humanos frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos.

El Plan pretende apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial, a la vez que sensibilizar a las que todavía no han completado ese proceso, prestando una particular atención a las peculiares circunstancias de las pequeñas y medianas empresas. Se presenta, por tanto, como un Plan con vocación de sensibilización y de promoción de los derechos humanos entre los actores empresariales, públicos y privados.

2) Dar seguimiento en el plano interno a los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea.

En este Plan se plasma el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo.

Asimismo, este Plan responde a los requerimientos y recomendaciones efectuados en el marco de la Unión Europa, a través de la Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas y del Plan de Acción de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia 2015-2019.

Por otro lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada mediante Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, invita a las empresas a alinear su estrategia corporativa de negocio con los objetivos de desarrollo para buscar el valor añadido que pueden aportar en los países en desarrollo. Igualmente, en el marco del fomento de un sector empresarial dinámico y eficiente, la Agenda 2030 incluye una mención expresa de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

3) fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el marco global.

Además, el Plan contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones empresariales, previniendo y mitigando riesgos basados en los derechos humanos y fortaleciendo sus capacidades al respecto.

4) Situar a España en el grupo de países con mejores prácticas en este ámbito.

España se convierte en el decimocuarto país que cuenta con un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, junto a Reino Unido (2013), Holanda (2013), Dinamarca (2014), Finlandia (2014), Lituania (2015), Suecia (2015), Noruega (2015), Colombia (2015), Suiza (2016), Italia (2016), Estados Unidos (2016), Alemania (2016) y Francia (abril 2017).

Por último, señalar que el proceso de elaboración del Plan, que se inició a principios de 2013, se inspiró en la metodología utilizada por el profesor Ruggie, el representante especial del Secretario General sobre derechos humanos y empresas, para la elaboración del texto de los Principios Rectores, es decir, la celebración de consultas amplias entre Administración, empresas y sociedad civil en una primera fase que se extendió durante casi dos años, y que fue seguida de un intenso trabajo de coordinación interministerial durante los últimos meses.

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