Resúmenes y circulares

14 abril, 2018

Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

La primera de las finalidades que se persigue con esta norma, es la de trasponer al ordenamiento jurídico español, la Directiva 2014/26/UE , relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

El contenido de esta Directiva ya se traspuso parcialmente al ordenamiento jurídico interno por medio de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre; sin embargo, hay apartados de la directiva, como los relativos a las autorizaciones multiterritoriales o ciertos aspectos relacionados con la transparencia, que no están presentes todavía en la referida norma. Estos motivos hacen necesaria una reorganización del contenido del título IV del libro tercero del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual donde se recoge la regulación aplicable a las entidades de gestión.

Este título, relativo a la «gestión colectiva de los derechos reconocidos en la Ley», pasa a estar divido en siete capítulos:

  • El capítulo I regula los requisitos exigidos para gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual. Dos son las principales novedades de este Capítulo:
    • Se abre la competencia en el mercado de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual a entidades de gestión, tanto de Estados miembros de la UE como de terceros países. Anteriormente esta actividad estaba reservada a entidades de gestión con establecimiento en España.
    • Se regulan los operadores de gestión independientes, que representan una alternativa a la gestión colectiva ofrecida por las entidades de gestión y cuyas notas diferenciadoras respecto de aquellas entidades serian la existencia de ánimo de lucro (frente a la ausencia del mismo en las entidades de gestión) y la inexistencia de vínculo propietario o de control de los mismos por titulares de derechos (que sí existe en el caso de las entidades de gestión).
  • El capítulo II regula la situación jurídica del titular de derechos de propiedad intelectual en su relación con la entidad de gestión y, fundamentalmente, el instrumento jurídico que la articula: el contrato de gestión. En este punto la principal novedad es la posibilidad del titular del derecho de propiedad intelectual de revocar su contrato de gestión de derechos con la entidad de gestión, total o parcialmente, siempre con un preaviso razonable no superior a seis meses, el cual se regulará en los estatutos de cada entidad de gestión.
  • El capítulo III se centra en la regulación de ciertos aspectos orgánicos y de funcionamiento interno de las entidades de gestión. Destaca la introducción de un órgano que tendrá como función controlar internamente la gestión llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación de la entidad. Este órgano de control interno estará compuesto por miembros de la entidad y, en ciertos supuestos previstos legalmente, por personas independientes ajenas a la misma. Para garantizar su independencia funcional, ninguna de las personas que lo compongan podrá guardar relación alguna con las personas integrantes de los órganos de gobierno y representación de la entidad. Sus funciones de control se centrarán, entre otros aspectos, en los repartos de los derechos recaudados, la tramitación de los expedientes disciplinarios, las quejas y las reclamaciones y la ejecución del presupuesto.
  • El capítulo IV regula las autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las entidades de gestión (conocidas en la práctica comercial como licencias) y sus tarifas generales. Las novedades introducidas por el presente real decreto-ley en este capítulo son escasas, sin perjuicio de las licencias multiterritoriales que se regulan por primera vez en el ordenamiento jurídico español. Estas licencias facilitarán a los proveedores de servicios de música en línea la obtención del permiso necesario, mediante una única autorización trasfronteriza, para utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros e, incluso, de toda la Unión Europea.
  • El capítulo V regula la gestión de los derechos recaudados que abarca la recaudación, reparto y pago de los importes generados por la concesión de licencias a los usuarios de derechos de propiedad intelectual. La principal novedad es la inclusión de un plazo máximo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior y la obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales en los que haya incurrido.
  • El capítulo VI agrupa las distintas obligaciones de información, transparencia y contabilidad a las que están sujetas las entidades de gestión. La principal novedad es la obligación de elaborar un informe anual de transparencia, elaborado en paralelo a las cuentas anuales, y que proveerá, con un elevado nivel de detalle, información financiera y sobre gestión económica.
  • El capítulo VII recoge el régimen sancionador regulado hasta ahora en el título VI del libro tercero del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Las únicas modificaciones que se introducen tienen como objeto aclarar el reparto competencial cuando la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la especificación de los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por la comisión de infracciones muy graves y graves y el mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas respecto de las infracciones cometidas por entidades de gestión que tengan establecimiento en otro Estado miembro de la Unión Europea pero presten servicios en España. Asimismo, se introduce un nuevo tipo infractor muy grave que sanciona la prestación de servicios de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sin haber obtenido la autorización.

Por otra parte, la norma que estamos comentando tiene también por objeto la transposición de la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.

Por último, las disposiciones adicionales primera a cuarta del presente real decreto-ley regulan el régimen jurídico aplicable a las situaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigor. La disposición adicional quinta y la transitoria única se refieren a las normas comunes aplicables a los contratos por obra o servicio determinados celebrados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música con arreglo a la regulación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos. La disposición final primera modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, con objeto de aclarar el régimen aplicable a las importaciones de bienes muebles.

La disposición final primera modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, con objeto de aclarar el régimen aplicable a las importaciones de bienes muebles,

La disposición final segunda modifica la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial dando nueva redacción a su disposición final quinta, por la que se autoriza al Gobierno para elaborar, antes del 31 de diciembre de 2019, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la citada Ley 10/2015, de 26 de mayo, así como las disposiciones en materia de protección del patrimonio histórico contenidas en normas con rango de ley.

La disposición final tercera, por su parte, especifica el momento en el tiempo a partir del cual resultarán de aplicación a las entidades de gestión las normas de contabilidad y auditoría que se ven modificadas por este real decreto-ley y la obligación de elaborar y aprobar el informe anual de transparencia.

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27 marzo, 2018

Modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación

Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

Al igual que en el caso anterior, la presente orden recoge las novedades introducidas en el modelo de depósito de cuentas consolidadas establecido en la Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, así como la actualización de las especificaciones técnicas del soporte electrónico recogidas en el anexo II y la de los test de errores recogidos en el anexo III de la mencionada orden, como consecuencia de los cambios registrados en la normativa en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la mencionada orden.

En este caso la principal novedad viene dada por la la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, que tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales

Por ello, las novedades que se incluyen en el nuevo modelo, en relación al anterior aprobado en la Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, que se deroga, son las siguientes

  1. Instrucciones de cumplimentación: Se modifica la redacción del punto 4. Información que se debe presentar en el Registro Mercantil para adaptarla a la incorporación del Informe sobre información no financiera.
  2. Contenido de la página de presentación en el Registro Mercantil: Se inserta una nueva casilla entre las destinadas a identificar los documentos contables para indicar si se ha efectuado el depósito del Informe sobre información no financiera en caso de que la empresa obligada decida emitir, en relación con estas materias, un informe separado del informe de gestión.

Respecto a las novedades en el modelo de presentación en soporte electrónico:

  1. Se modifica el anexo II de la Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.
  2. Se incorpora la nueva codificación correspondiente al Informe sobre información no financiera, así como la información que contienen los nuevos códigos

Señalar, por último, que, los nuevos modelos de cuentas anuales consolidadas están disponible en formato PDF editable en la página Web del Ministerio de Justicia, en formato bilingüe con las lenguas cooficiales propias de las Comunidades Autónomas.

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27 marzo, 2018

Modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación

Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

La presente orden recoge las novedades introducidas en los modelos de depósito de cuentas establecidos en la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, así como la actualización de las especificaciones técnicas del soporte electrónico recogidas en el anexo II y la de los test de errores recogidos en el anexo III de la mencionada orden, como consecuencia de los cambios registrados en la normativa en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la citada orden y la actualización de los test de errores recogidos en el anexo III, para adaptar los de carácter obligatorio relativos a los periodos medios de pago.

La principal novedad que se contiene en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la llamada «identificación del titular real de la sociedad».

Están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado en virtud del artículo 3.6 a) i) de la directiva y el artículo 9.4 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Tienen la cualidad de «titular real» la persona física o personas físicas que cumplen con los requisitos establecidos en la Directiva y en la legislación española. En general se entiende por «titular real» a la «persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica». Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de esta.

Otra novedad deriva de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, que tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales.

Por lo demás, el resto de las novedades que se incluyen en los nuevos modelos se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

Modelo normal.

  1. Instrucciones de cumplimentación: Se modifica la redacción del punto 3. Información que se debe presentar en el Registro Mercantil para adaptarla a la incorporación tanto de la Declaración de identificación del titular real como del Informe sobre información no financiera.
  2. Contenido de la página de presentación en el Registro Mercantil: Se insertan dos nuevas casillas entre las destinadas a identificar los documentos contables para indicar si se ha efectuado el depósito del Informe sobre Información no financiera en caso de que la empresa obligada decida emitir, en relación con estas materias, un informe separado del informe de gestión; así como el depósito de la Declaración de identificación del titular real.
  3. Contenido de la memoria normal: Se modifica la página M3, Apartado 3. «Aplicación de resultados» para eliminar la aplicación a reserva por fondo de comercio.

Modelo abreviado.

  1. Instrucciones de cumplimentación: Se modifican las circunstancias que permiten la utilización del modelo abreviado. Se modifica la redacción del punto 3. Información que se debe presentar en el Registro Mercantil para adaptarla a la incorporación de la Declaración de identificación del titular real.
  2. Contenido de la página de presentación en el Registro Mercantil: Se adapta la página de presentación, única para los tres modelos de depósito de cuentas, para ajustarla a los cambios introducidos en el modelo normal.
  3. Contenido de la página de identificación: En la hoja «IDA2. Datos generales de identificación e información complementaria requerida en la legislación española» se elimina la reserva por fondo de comercio en el cuadro sobre la aplicación de resultados. Se modifican tanto el título del cuadro como su nota a pie de página del apartado sobre aplicación de resultados de la hoja «IDA2. Datos generales de identificación e información complementaria requerida en la legislación española», con el objeto de aclarar que se trata de la propuesta de aplicación de resultados, según el artículo 253.1 de la LSC.

Modelo de PYMES.

  1. Instrucciones de cumplimentación: Se modifica la redacción del punto 3. Información que se debe presentar en el Registro Mercantil para adaptarla a la incorporación de la Declaración de identificación del titular real.
  2. Contenido de la página de presentación en el Registro Mercantil: Se adapta la página de presentación, única para los tres modelos de depósito de cuentas, para ajustarla a los cambios introducidos en el modelo normal.
  3. Contenido de la página de identificación: Se modifican tanto el título del cuadro como su nota a pie de página del apartado sobre aplicación de resultados de la hoja «IDP2. Datos generales de identificación e información complementaria requerida en la legislación española», con el objeto de aclarar que se trata de la propuesta de aplicación de resultados, según el artículo 253.1 de la LSC.

Respecto a LOS MODELOS DE PRESENTACIÓN EN SOPORTE ELECTRÓNICO, se incorpora la nueva codificación correspondiente tanto al Informe sobre información no financiera como a la Declaración de identificación del titular real, así como la información que contienen los nuevos códigos.

Finalmente señalar que, los nuevos modelos de cuentas anuales están disponibles en formato PDF editable en la página web del Ministerio de Justicia, en formato bilingüe con las lenguas cooficiales propias de las Comunidades Autónomas.

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21 marzo, 2018

Régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La norma tiene como finalidad el desarrollo del régimen jurídico de la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

El título I se ocupa de la delimitación de las funciones necesarias y puestos reservados a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que serían:

FUNCIONES NECESARIAS:

  • las funciones de secretaría;
  • control y fiscalización interna de la gestión económico, financiera y presupuestaria,
  • así como la función de contabilidad y las de tesorería y recaudación.

PUESTOS RESERVADOS

  • secretaría,
  • intervención,
  • tesorería
  • y puestos de colaboración con los anteriores

El título II se dedica a la estructuración de la escala de estos funcionarios en subescalas y categorías:

  • Secretaría,
  • Intervención-Tesorería
  • y Secretaría-Intervención

Se establece, como novedad, la posibilidad de que se efectúen agrupaciones para el desempeño del puesto de Tesorería, y la posibilidad de clasificar el puesto de secretaría en una clase inferior a la que correspondería, cuando se efectúe una reducción de cargas administrativas, como consecuencia de la asunción de la gestión de determinados servicios, por parte de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.

En materia de titulaciones exigidas para el ingreso en cualquiera de las subescalas de la habilitación nacional, se exigirá la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Su título III recoge las particularidades de las situaciones administrativas y reingresos. La novedad más importante es la de incluir dentro de los supuestos de la situación de servicio activo, el de los funcionarios a los que se haya adscrito a un puesto de su grupo de titulación en la misma Corporación, como consecuencia de haber sido cesados por libre designación, en un puesto reservado, o por haberse suprimido un puesto de colaboración del que era titular.

El título IV aclara y desarrolla pormenorizadamente el régimen y procedimiento disciplinario. Se regula de forma más extensa la sanción de destitución, así como las peculiaridades en la tramitación de los expedientes disciplinarios, y la articulación procedimental necesaria entre las diferentes Administraciones Públicas en relación con los citados expedientes.

Entre las disposiciones adicionales, cabe destacar la tercera que contempla la aplicación del mismo a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra por su régimen específico, y la cuarta a los Municipios de Gran Población.

Las disposiciones transitorias, entre otras cuestiones, afectan al mantenimiento de la actual clasificación de puestos reservados hasta que se produzca la adaptación de los mismos a las nuevas previsiones estatales, integraciones y concursos convocados antes de la entrada en vigor del real decreto.

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