24 Junio, 2017

Las ejecuciones hipotecarias quedarán suspendidas hasta que se pronuncie el TJUE

ejecuciones hipotecarias están paralizadas en España. Y previsiblemente lo seguirán estando, al menos, hasta finales de año. Las están dejando en suspenso los jueces a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que viene ejerciendo como faro judicial en materia de cláusulas hipotecarias abusivas, aclare su criterio sobre los efectos de la nulidad de las condiciones de vencimiento anticipado, aquellas por las que la banca suele iniciar el trámite para cancelar el crédito y quedarse el inmueble que sirve como garantía.

El propio Tribunal Supremo ha remitido una consulta en este sentido para evitar otro varapalo como el que recibió en diciembre, cuando la Corte de Luxemburgo tumbó su criterio y exigió devoluciones con retroactividad total de lo cobrado por cláusulas suelo opacas. Aunque la suspensión no es oficial, algunas Audiencias Provinciales vienen optando por paralizar las ejecuciones y, según los ponentes de unas jornadas hipotecarias celebradas el viernes por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), desde los jueces de primera instancia a los Supremo, en los recursos, también lo están haciendo.

“Hay argumentos a favor y en contra de suspender las ejecuciones. Pero el letrado del acreedor que pretenda una ejecución tiene todas las de perder”, explicaba el viernes durante el acto Javier García Marrero, magistrado en excedencia y counsel del bufete Pérez Llorca Abogados. Después de todo, expone, el Supremo está optando por aguardar a que Europa se pronuncie como ya hizo con las cláusulas suelo en abril de 2016 cuando comenzó a suspender los recursos de casación que recibía por este asunto hasta conocer el dictamen del TJUE, que llegó en diciembre.

El Supremo tiene claro que la tradicional redacción de las cláusulas de vencimiento anticipado, que permitían a la banca ejecutar una garantía hipotecaria ante el impago de una sola cuota por parte del cliente, es abusiva y debe ser anulada. Pero, más allá, la duda que traslada el Alto Tribunal es qué ocurre cuando se anula esta cláusula, pues si los impagos continúan el banco podrá acabar solicitando el desahucio del hipotecado y este contaría con menos garantías si el asunto no se encauza desde el procedimiento hipotecario, que es más protector para el consumidor que la vía judicial ordinaria. Será el TJUE quien aclare cómo proceder.

22 Junio, 2017

Los notarios muestran sus armas en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Consejo General del Notariado ha hecho balance sobre el funcionamiento de la base de datos de titular real (BDTR) que lleva activa cinco años y ha destacado que, desde 2012, fiscales anticorrupción, magistrados de la Audiencia Nacional y jueces de instrucción han solicitado información en más de 105.000 ocasiones.

Según ha explicado Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado, esta base de datos pretende ayudar en las investigaciones judiciales para encontrar "a los titulares reales, a las personas que están detrás de las sociedades y toman realmente las decisiones". Galindo ha destacado que, tras cinco años de existencia, esta herramienta ha identificado de manera acreditada los titulares reales de 1.678.681 sociedades limitadas -el 86% de las existentes-; 68.937 sociedades anónimas -61%-; y 35.607 asociaciones, fundaciones o partidos políticos -22%-.

Cabe destacar que el acceso a la BDTR, mediante solicitud de información al notariado, únicamente está en manos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios (Sepblac), para los fines encomendados a este organismo; las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales; los notarios, en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y otros sujetos previstos en la ley como entidades financieras, auditoras o entidades de seguros.

También la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea, tiene acceso a la información que figura en esta base según ha explicado Galindo, que ha señalado que a raíz de la inminente modificación de la Directiva Europea de Blanqueo el Consejo de Europa se muestra contrario a dotar de accesibilidad pública de este tipo de datos para no afectar al derecho a la privacidad patrimonial.

21 Junio, 2017

Trabajar 12 días sin descanso, legal según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Abogado General del Tribunal de Justica de la Unión Europea, Henrik Saugmandsgaard Øe, considera que los trabajadores pueden ejercer su labor durante 12 días seguidos, siempre y cuando se respeten las 11 horas de descanso diario.

Según Saugmandsgaard, el derecho de la UE "no exige que se conceda un período de descanso como muy tarde el séptimo día después de seis días de trabajo consecutivo". Lo que la directiva europea relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo dispone es que todos los trabajadores deben disfrutar de un mínimo de 24 horas de descanso por cada siete días de trabajo, pero no especifica cuándo. Y, por tanto, concluye, pueden trabajar más de siete días seguidos, hasta un máximo de 12.

Las conclusiones del Abogado General del TJUE subrayan que puede obligarse al trabajador a realizar su labor hasta 12 días consecutivos, "siempre y cuando se cumplan las demás disposiciones mínimas de la Directiva". En particular, Saugmandsgaard se refiere al descanso mínimo diario de 11 horas y al semanal de 24.

El Abogado insiste en cualquier caso en que la finalidad de la directiva es garantizar un periodo mínimo de descanso. Son los legisladores nacionales y los interlocutores sociales, añade, los que deben determinar la ordenación del tiempo de trabajo. Su opinión no es vinculante. El Tribunal se pronunciará en los próximos meses, pero la corte suele respetar en un 80% de los casos las recomendaciones de los letrados.

El caso que ha dado lugar al documento es el de Maio Marques da Rosa, un ciudadano portugués que trabajó entre 1991 y 2004 para un casino gestionado por la empresa Varzim Sol. El trabajador denuncia que entre 2008 y 2009 trabajó más de siete días seguidos en varias ocasiones. Marques da Rosa reclamó una compensación por las horas extra realizadas al considerar que no se le habían concedido los días de descanso a los que tenía derecho.

20 Junio, 2017

La entrada de asuntos aumentó en la jurisdicción civil y en la social, se mantuvo en la contencioso-administrativa y descendió en la penal

El número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles en el primer trimestre de este año ha sido de 1.501.522, lo que representa un incremento del 1 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, según el informe de Situación de los órganos judiciales que recoge el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En total, los órganos judiciales resolvieron 1.552.034 asuntos entre el 1 de enero y 31 de marzo de este año quedando en trámite al final del trimestre poco más de dos millones de asuntos, lo que supone un 4,2% menos que en la misma fecha del año anterior.

La entrada de asuntos experimentó un incremento tanto en la jurisdicción civil, con una subida del 7,8%, como en la social, donde el incremento fue del 15,2%. El número de asuntos resueltos en esta jurisdicción fue de 112.856 y el de los que quedaron en trámite al final del periodo fue de 274.710.

En la contencioso-administrativa ingresaron 49.000 asuntos y no hubo variación en comparación con 2016 mientras que en la penal descendió un 4,2%, registrando un cómputo de 833.067 casos resueltos y 701.650 de casos en trámite, según expone dicho informe publicado por la sección de estadística del órgano de gobierno de jueces.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre del año fue de 32,3 asuntos por cada mil habitantes, siendo Canarias y Andalucía, las que mostraron una tasa mayor de 40,8 y 37,3, respectivamente. Le siguen Asturias con un 34,4 e Islas Baleares con un 32,7. Por contra, las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (21,5), Navarra (23,7) y el País Vasco (24,6).

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