11 diciembre, 2017

La edad de jubilación se retrasa hasta 65 años y seis meses desde enero

La aplicación de la reforma de las pensiones sigue su curso mientras el Pacto de Toledo continúa, después de más de un año de trabajos, buscando fórmulas para asegurar el presente y futuro del sistema. La llegada de 2018 traerá un nuevo cambio en los requisitos para acceder a la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones que desde 2013 está obligando a trabajar más años y cobrar menos como fórmulas para sostener el sistema, que lucha por recuperarse de una crisis que acabó con 3,7 millones de empleos.

La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo del año próximo con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos los 65 años y seis meses. Hasta 2018, la edad de jubilación se incrementará un mes por cada ejercicio, para a partir de esa fecha aumentar en dos meses cada año hasta 2027.

¿Qué ventajas tiene para el sistema público retrasar la edad jubilación? Por un lado, permite disponer de más población activa que, por un lado, financie las pensiones, y por otro, retrasar el cobro de la pensión. Es decir, si un trabajador sigue activo hasta los 67 años, son dos años más que aporta a la caja común, pero no consumiendo pensiones.

El retraso que se aprueba con carácter general tiene sus excepciones. Los trabajadores que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 36 años y seis meses o más. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses. La generación que se está jubilando ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar y con sueldos más bajos. También tendrán problemas las mujeres con lagunas de cotización.

En 2018 también cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que ese año quedará fijado en 21 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde los 15 años a los 25 años. A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le va sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022.

El nuevo año también traerá modificaciones en la jubilación anticipada. La norma retrasa hasta 63 años y seis meses la edad para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que en paralelo a la legal de retiro podrá realizarse dos años antes también hasta 2027, cuando quedará establecida en el mínimo de 65 años. Además, para acceder a esta modalidad son necesarios al menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación la pensión sufrirá una penalización progresiva que irá desde el 2% de la base reguladora, si se han cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados.

¿En el caso de jubilación forzosa, podrá realizarse hasta cuatro años antes de la edad legal de retiro? en 2018, a los 61 años y seis? Serán necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización irá desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados.

La ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT en febrero de 2011. La ley fue aprobada definitivamente en agosto de 2011, cuando algunas de sus disposiciones entraron en vigor, y otras lo hicieron en enero de 2012, si bien la puesta en marcha del grueso de la reforma, como la subida de la edad de jubilación, se estableció en el 1 de enero de 2013, con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Cambios normativos y nuevas cuantías para las pensiones en 2018. El próximo 1 de enero más de 8,5 millones de pensionistas percibirán un alza en sus rentas del 0,25%, el mínimo fijado por la ley de pensiones para épocas de crisis como la actual. El sistema está en números rojos desde 2011; un año después el Gobierno se vio obligado a abrir la «hucha» de las pensiones, a la que hoy solo le quedan 8.095 millones, menos de que se pagar por una extra a los jubilados. Los recursos del Fondo de Reserva han servido en los últimos seis años para pagar la extra a los pensionistas, y en el último ejercicio se ha consumido también un crédito del Tesoro a la Seguridad Social de 10.192 millones.

Ese será el quinto ejercicio en el que se aplicará el nuevo índice que incluye la reforma, aunque ya en 2014, por decisión del Gobierno, las pensiones dejaron de actualizarse con el IPC, tal como ocurría desde comienzos de los años noventa, y subieron también un 0,25%. En ejercicios anteriores la inflación interanual registrada en noviembre servía para ajustar el alza aplicada en enero con el fin de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. El coste generado por esas revalorizaciones, derivado de las desviaciones de la inflación respecto a las previsiones iniciales, provocó elevadas facturas adicionales para el sistema, lo que provocó el cambio en el método de cálculo, desligado de los precios.

Desterrada definitivamente la referencia de la inflación para subir las pensiones, desde el año 2016 se aplica el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones, un complejo indicador que tiene en cuenta diversos factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (la diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas que entran en el sistema), el número de pensiones, los ingresos contributivos y el gasto en pensiones.

11 diciembre, 2017

El Gobierno quiere adaptar el nuevo contrato de formación a la FP dual

Mariano Rajoy citó el fomento de la formación profesional dual como uno de sus objetivos de gobierno. Lo dijo justo cuando la norma que regula la FP dual –que es aquella en la que el estudiante trabaja en una empresa aprendiendo su profesión a la vez que asiste al centro educativo– cumple ahora cinco años. Desde 2012 su desarrollo ha sido exponencial hasta lograr 24.000 estudiantes este curso. Si bien son solo alrededor del 4% de todos los jóvenes que optan por la FP.

Esta fórmula educativa que recupera la tradicional figura del aprendiz y que eligen casi la mitad de los jóvenes mayores de 16 años en Alemania, por ejemplo, en España podría decirse que está aún en pañales. ¿A qué se debe? Una de las principales causas, según los expertos consultados, es la falta de una normativa que homogeneice los 17 modelos distintos de FP dual que existen: uno en cada comunidad autónoma. Y eso es precisamente lo que el Gobierno intenta solucionar ahora.

Desde el Ministerio de Educación han redactado ya un primer borrador de real decreto, con el objeto de fijar una normativa marco para todas las comunidades, y remover algunos obstáculos de los que se quejaban los empresarios para ofrecerse como formadores de la FP dual. En estos momentos, los técnicos gubernamentales están en conversación con los de las comunidades –cuyo consenso es imprescindible– y en Educación esperan aprobarlo antes del próximo verano.

En este borrador, el Gobierno quiere adecuar el actual contrato de formación a la FP dual, de forma que pueda utilizarse si fuese necesario en horario nocturno o en turnos de fines de semana, entre otros, algo que ahora no se permite. “Lo que queremos es que en la norma se acoten muy bien los casos en los que se podrían hacer estas excepciones para usar el contrato formativo para FP dual”. Por ejemplo, si el estudiante está aprendiendo a mantener las vías del metro, deberá trabajar de noche que es cuando se realizan dichas tareas.

No obstante, fuentes de Educación aseguran que dado que el Ministerio de Empleo está en proceso de concentrar todos los contratos en tres modalidades (fijo, temporal con indemnización creciente y de formación), el Real Decreto de FP dual, además de permitir las citadas excepciones, “deberá hacer referencia a cómo quede en el futuro la nueva modalidad formativa, que aunará los actuales contratos de formación y de prácticas”.

10 diciembre, 2017

Recortar un año la duración máxima de los contratos por obra y servicio

Gobierno y agentes sociales analizan recortar un año la duración máxima de los contratos por obra y servicio para que no puedan extenderse más de tres años (frente a los cuatro actuales), dentro de las medidas que tratan de acordar en el marco del diálogo social para reducir la temporalidad laboral.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y los responsables de los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme se volverán a sentar esta semana a la mesa de calidad en el empleo para hablar de limitar la utilización y la duración de los contratos eventuales e incrementar su indemnización al término del mismo.

Según el borrador de la propuesta de Empleo, la duración del contrato temporal por obra y servicio se reduciría en un año, al pasar de los cuatro actuales (tres más uno de prórroga, si así lo establece el convenio colectivo) a tres años (dos más uno).

De esta forma se restringiría aún más la duración máxima permitida en estos contratos temporales, que fue fijada en los tres años prorrogables por uno más en la reforma laboral de 2010, ya que hasta ese momento no existía límite.

De acuerdo con el documento, continuaría siendo obligatorio convertir en indefinidos a aquellos trabajadores que durante 30 meses hubieran estado contratados 24 meses en total y, para evitar abusos, la negociación colectiva podrá prevenir la utilización abusiva de contratos temporales de distintos trabajadores para desempeñar un mismo puesto.

La utilización de la figura del contrato temporal deberá estar justificada mediante "una necesidad temporal concreta" y, ante la falta de forma escrita o si continúa fuera del plazo, dichos contratos pasarán a ser indefinidos.

Para ello, Empleo propone también eliminar el contrato de duración determinada a término y el del primer empleo joven y obligar a formalizar por escrito todos los contratos temporales, independientemente de su duración, ya que hasta ahora sólo era necesario en los superiores a cuatro semanas.

También quiere reforzar el papel de la negociación colectiva, que podrá establecer en los convenios colectivos las pautas sobre lo que se entiende por "necesidad temporal de mano de obra" en cada sector o empresa, así como la relación adecuada del uso de esta modalidad contractual respecto del total de la plantilla.

9 diciembre, 2017

El gasto social en España está por debajo de la media europea

El gasto en protección social en los países de la Unión Europea ha crecido muy levemente desde 2010. Ha pasado de representar el 28,6% del PIB hace siete años al 29% en 2015, según los datos difundidos este viernes por Eurostat. La oficina estadística europea explica que la mayor parte de los ingresos para financiar las prestaciones sociales procedían de las cotizaciones sociales, el 54%, y el resto de la recaudación de los impuestos de cada país.

La estadística muestra grandes desigualdades entre países. Mientras Francia destina el 34% de su PIB a pensiones, desempleo, prestaciones familiares y para la infancia, exclusión social y dependencia, Rumania o Lituania apenas destinan el 15% del PIB. España, por su parte, gasta el 24,7%, casi cinco puntos menos que la media europea. Todos los países de nuestro entorno invierten más en protección social. Hasta Portugal y Grecia, que han atravesado profundas crisis, destinan una mayor proporción de su PIB a estos gastos sociales. Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Austria, Italia y Alemania gastan cerca de un tercio de su PIB.

La situación de España no mejora ni al comparar el gasto en protección social per cápita (medido en paridad de poder de compra, que elimina la diferencia de los precios entre países). Según este indicador, España gasta unos 6.300 euros en paridad de poder de compra frente a los 10.800 euros que invierte Francia o los 8.200 de Italia.

Según este criterio, Luxemburgo fue el que más gastó en protección social (15.000 euros), seguido de Noruega y Dinamarca, que gastan casi 12.000 euros. "Estas disparidades reflejan diferencias en los niveles de vida, pero también muestran la diversidad de sistemas de protección y de estructuras demográficas, económicas, sociales e institucionales de cada Estado", dice Eurostat.

El estudio también muestra cuáles son las partidas sociales a las que prestan más atención los países. Las pensiones se llevan casi la mitad del gasto social, el 45,2%, según la media de la UE. Le sigue la dependencia, con el 37,3% del gasto. La inversión en infancia asciende al 8,6% del total; el desempleo, el 4,8% y a vivienda y exclusión social los países europeos destinan el 4,1%.

España también prioriza el gasto social para la tercera edad, el 49,8%, por delante de sanidad, cuidados médicos y discapacidad, el 34,5% del total; desempleo (9%); familia e infancia (5,3%) y vivienda y exclusión social (1,4%).

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