18 Agosto, 2017

La deuda pública marca récord en 1,138 billones en junio y vuelve a superar el 100% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo récord en los 1,138 billones de euros en junio, lo que representa un aumento de 13.938 millones de euros respecto al mes anterior, hasta situarse en el 100,03% del PIB, según datos publicados por el Banco de España. Con la cifra de junio, la deuda pública acumula dos meses consecutivos de aumentos tras el incremento de 7.869 millones de euros que registró en mayo (hasta 1,124 billones de euros) y repunta un 1,2% respecto al mes anterior.

Según el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta el calendario de emisiones y amortizaciones previsto, la cifra de deuda del 100,03% del PIB en junio es compatible con la consecución del 98,8% del PIB previsto para finales de año. De esta forma, el equipo de De Guindos cree que se mantendrá así el proceso de reducción de la deuda/PIB iniciado en 2015.

El Estado sumaba en junio 976.285 millones de deuda, un 0,9 % más (8.449 millones) que en mayo y un 4 % más (37.314 millones) que en junio de 2016. Las comunidades autónomas también incrementaron su deuda en junio, al sumar 4.409 millones, un 1,6% superior con respecto a mayo y 12.686 millones, un 4,6%, con respecto a hace un año. La deuda de las corporaciones locales se situó en 32.520 millones, 748 millones más que en mayo, pero 2.585 menos que en junio de 2016.

Por su parte, la Seguridad Social mantuvo su deuda estable en 17.173 millones, uno más que en junio y uno menos que en el mismo mes de hace un año. En junio, la deuda pública se concentraba especialmente en valores representativos de deuda a largo plazo (875.985 millones) y corto plazo (77.237 millones). El resto se repartía entre préstamos (181.338 millones), efectivo y depósitos (4.338 millones).

La deuda pública española prácticamente se ha triplicado desde el estallido de la crisis, incrementándose un 189% respecto a los 390.638 millones registrados al cierre del segundo trimestre de 2008, cuando equivalía al 35,3% del PIB. Comparando los datos de la deuda estatal del primer trimestre, España es el sexto país de la UE-28 con una mayor ratio de endeudamiento sobre el PIB, sólo superado por Grecia (176,2%), Italia (134,7%), Portugal (130,5%), Bélgica (107,7%) y Chipre (107%). Así, España se encuentra por encima de la media de UE-28, cuya deuda pública es del 84,1% del PIB, y de la zona euro (89,5%).

11 Agosto, 2017

El 3,5% de contribuyentes más adinerados aporta el 36% de la recaudación por IRPF

El IRPF es el tributo más importante por recaudación y es el que permite que el sistema fiscal español sea progresivo en su conjunto. Se trata de un impuesto que grava principalmente las rentas del trabajo y del ahorro. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que el 40% de los contribuyentes del impuesto no llegaron a ganar 12.000 euros en la declaración presentada en 2016. Estos contribuyentes aportaron menos del 1%de la recaudación.

En el otro extremo, los declarantes que ganaron más de 60.000 euros sumaron solo el 3,53% de los declarantes y aportaron el 35,7% de los ingresos por IRPF. Ello refleja el carácter progresivo del tributo. El grueso de declarantes se ubica entre los 12.000 y 60.000 euros de renta. Representan el 56,2% y son responsables de seis de cada diez euros que recauda el Estado por IRPF.

La aportación de las rentas bajas a la recaudación del impuesto se reducirá en los próximos ejercicios cuando se apruebe la medida pactada entre Ciudadanos y el PP. Ambos partidos acordaron exonerar del impuesto a los asalariados con nóminas hasta 14.000 euros. Actualmente, son las rentas inferiores a 12.000 euros quienes no deben abonar el impuesto.

7 Agosto, 2017

La mayoría de países de la UE han bajado en los últimos 20 años el impuesto de sociedades.

Desde el año 2000, todos los Estados miembros han optado en mayor o menor medida por rebajar el tributo que grava los beneficios empresariales. La única excepción es Malta, que mantiene un gravamen muy elevado del 35%, pero que resulta engañoso porque en realidad su régimen fiscal es beneficioso para las compañías.

La competencia fiscal entre los países de la UE para atraer empresas e inversión es uno de los motivos que pueden explicar esta unanimidad. Además, existe una tendencia internacional que pasa por hacer virar el peso de la recaudación sobre los impuestos indirectos. Ello se ve claramente en Europa. De la misma forma que se ha producido una rebaja generalizada del impuesto sobre sociedades, también se ha registrado un incremento muy mayoritario del IVA, el principal impuesto indirecto. De los 28 países que hoy forman parte de la UE, 22 han aprobado una subida del IVA en lo que va de siglo. La crisis económica, la caída de los ingresos públicos y el aumento del déficit público provocaron una ola de incrementos tributarios.

España es un ejemplo de esta tendencia. En el año 2000, el IVA se situaba en el 16% y el tipo nominal del impuesto sobre sociedades alcanzaba el 35%. Hoy, el gravamen general del IVA ha subido hasta el 21% y el impuesto sobre sociedades ha bajado al 25%.

En el caso del IRPF, la tendencia no es tan clara como en IVA y Sociedades. Si uno se fija en el tipo marginal máximo del IRPF, la mayoría de países han optado por reducirlo. Este camino lo han emprendido 20 de los 28 Estados miembros. España es uno de ellos. El tipo marginal máximo ha bajado del 48% al 45%, aunque llegó a alcanzar el 56% en algunas comunidades autónomas como Cataluña o Madrid antes de la reforma fiscal de 2015.

Sin embargo, el tipo marginal del IRPF puede resultar poco explicativo. Si el gravamen máximo se fija en tramos elevados su incidencia es mínima. Los datos de la OCDE indican que el IRPF efectivo que soportaba un salario medio en el año 2000 se situaba en el 17,3% en la UE. En 2016, el porcentaje bajó al 16,8%. En este caso, España no sigue la tendencia general. El esfuerzo fiscal en el IRPF exigido a un salario medio se encontraba el año pasado en el 15% frente al 13,5% del ejercicio 2000.

En el ámbito académico, existe cierto grado de acuerdo en que la fiscalidad indirecta tiene un menor impacto negativo sobre la actividad que los impuestos directos. “El efecto distorsionador del aumento del tipo impositivo implícito sobre el consumo sobre el PIB y el empleo es menor que con los impuestos sobre capital y trabajo, para conseguir un mismo aumento en recaudación”, defendía un informe reciente publicado por BBVA Research.

El efecto regresivo de optar por el incremento de la fiscalidad indirecta es una de las principales críticas. Aun así, diversos estudios demuestran que abordar las políticas redistributivas por el lado del gasto resulta más eficiente y logra mejores resultados que hacerlo a través de los impuestos.

Los datos de recaudación reflejan la importancia creciente de los impuestos directos para financiar el gasto público. En 1995, el IVA aportaba en España el equivalente al 5% del PIB. En el año 2000, el importe avanzó hasta el 6% y hoy se sitúa en el 6,5%. Y la tendencia al alza continuará. España no se plantea hoy subir el IVA, sin embargo, la recaudación avanza a ritmos superiores al PIB nominal por el tirón del consumo. La Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguran que España tiene margen para elevar la fiscalidad indirecta y recomiendan que el Gobierno reduzca el número de bienes y servicios que aplican tipos reducidos. Una sugerencia que Hacienda no tiene intención de seguir, al menos, de momento.

El diferencial respecto a la media europea se ha ido acortando y hoy los Veintiocho ingresan por IVA el equivalente al 7% del PIB, medio punto más que España. Respecto a la zona euro, España se encuentra tres décimas por debajo del promedio.

En el caso del impuesto sobre sociedades, España ingresa actualmente en torno al 2,4% del PIB, un nivel que está en línea con la recaudación media en la UE (2,5%). De hecho, el impuesto sobre sociedades español es el más homologable al vigente en otros Estados miembros. Aun así, el peso del impuesto, con vaivenes, se ha reducido en lo que va de siglo. En el año 2000, aportaba el equivalente al 3% del PIB. Por IRPF, España recauda actualmente en torno al 7,3% del PIB frente al 6,5% que ingresaba en el 2000.

4 Agosto, 2017

Cinco municipios de España no facilitan información a la Autoridad Fiscal

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) comunicó ayer que ha lanzado advertencias a cinco ayuntamientos por no proporcionar información sobre sus cuentas para la elaboración del informe sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las Administraciones públicas de 2017.

Según informó ayer en un comunicado, la Airef publicó en su página web una resolución de su presidente, José Luis Escrivá, en la que advierte a cinco entidades locales por incumplir su deber de colaborar con el organismo.

Los cinco ayuntamientos advertidos son los de Palma de Mallorca, Los Palacios y Villafranca (de la provincia de Sevilla), Ayamonte (Huelva), Moratalla (Murcia) y Almadén (Ciudad Real). El supervisor de las cuentas públicas recuerda que la negativa a facilitar información supone la aplicación de las medidas correctivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

A pesar de las advertencias, los ayuntamientos son el eslabón de la Administración que presenta mejores cifras. El año pasado cerró con un superávit del 0,6% cuando bastaba que registraran equilibrio para cumplir con el objetivo de estabilidad. Este sobrecumplimiento palió el desvío de otras administraciones y permitió que España cumpliera por primera vez durante el Gobierno de Mariano Rajoy el objetivo de déficit público.

En términos generales, la situación de los ayuntamientos es buena, aunque en un informe reciente, la Airef alertó de “32 ayuntamientos que con una ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes superior al 75% presentan problemas de sostenibilidad”.

La Autoridad Fiscal también informó en su evaluación mensual de las cuentas públicas que España está en disposición de cumplir este año el objetivo de estabilidad, que contempla que los números rojos bajen del 4,3% al 3,1% del PIB. Las mayores dudas las generan la Administración central y la Seguridad Social.

Los ingresos públicos avanzan, pero menos de lo previsto; sin embargo, también el gasto será inferior a lo presupuestado.

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