16 octubre, 2017

Puigdemont insta al Gobierno a reunirse para abordar un “diálogo sincero” sin aclarar si declaró la independencia

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no ha aclarado si declaró la independencia de Cataluña en su comparecencia ante el Parlament el 10 de octubre, ignorando así el requerimiento del Gobierno central y alentando la posible aplicación del artículo 155. Lea aquí la carta íntegra.

Así ha respondido en una carta a Mariano Rajoy enviada este lunes, según recoge Catalunya Ràdio. En la misiva, el president insta al Gobierno a reunirse para abordar un "diálogo sincero", fijando un plazo de dos meses para concretar la reunión con el Gobierno central. Puigdemont propone que participen "todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan una oportunidad de explorarlo".

También pide a Rajoy que "revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno de Catalunya", en referencia a las declaraciones en la Audiencia Nacional del jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los líderes de ANC y Ómnium

Parte de las páginas enviadas recogen la Ley del Referéndum y el informe sobre las cargas policiales ocurridas durante la celebración del referéndum del 1-O. También adjunta una bibliografía de textos que defienden el procés.

16 octubre, 2017

Ampliar la edad legal de jubilación

Los más de 350 expertos, directivos y empresarios con los que la consultora PwC elabora su Consenso Económico han contestado en esta ocasión a las preguntas referidas a qué se puede hacer para garantizar el sistema público de pensiones en España. En lo que todos los encuestados están de acuerdo es en que el problema demográfico español es una bomba de relojería de efecto retardado, “que exige atraer mano de obra inmigrante (para el 45,2% de los participantes es “muy importante”) o aplicar nuevos incentivos a la entrada en el mercado laboral de la mano de obra femenina (iniciativa que respalda el 52,9%). Pero al margen de estas dos propuestas, las iniciativas más respaldadas siguen siendo las de siempre.

Casi dos terceras partes de los encuestados, el 65,4%, apuesta por ampliar de nuevo la edad legal de jubilación. Hay que recordar que en España las recientes reformas ya ampliaron de 65 a 67 años la edad oficial de retiro (que será plenamente efectiva en 2027), si bien la real sigue estando en torno a los 64 años.

Para otro importante porcentaje de los expertos consultados, el 38,5%, lo más efectivo sería reducir el importe de las nuevas prestaciones. Sin embargo, la propuesta de aplicar toda la vida laboral del trabajador para calcular la cuantía de la pensión solo es defendida por el 30,4% de los panelistas.

De este modo, para una amplia mayoría, el 63,1%, el sistema de reparto actual tendrá que modificar su estructura si se quiere garantizar su sostenibilidad. Y lo que es más importante, todos los cambios que se realicen los expertos reclaman urgencia y que se lleven a cabo antes de los próximos cinco años. La propuesta que no logra apenas adeptos es la de cambiar el modelo de reparto actual por otro de capitalización (cada trabajador cobra su pensión en función de su ahorro que el Gobierno gestionaría como un fondo colectivo), que solo es defendida por el 7,8% de los expertos.

Y es que un 43% considera que en España no existe la suficiente cultura financiera como para implantar un cambio de modelo tan radical.

15 octubre, 2017

Un 10% del PIB mundial se encuentra ‘oculto’ en paraísos fiscales

El escándalo de los Papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos en los que figuraban 214.488 sociedades encubiertas en paraísos fiscales, no sólo nos puso al día de las triquiñuelas legales que muchos empleaban para no pagar impuestos, sino que nos hizo percibir con nitidez la enorme cantidad de dinero que se queda en tierra de nadie, que no tributa dentro de las fronteras del país donde radica su legítimo dueño.

Según un estudio conjunto de las universidades de Noruega, Copenhague y Berkeley (California), un 9,8% del PIB mundial se encuentra fuera del radar de las autoridades competentes en materia fiscal. Eso sí, esta media escala hasta un apabullante 60-70% en el caso de algunos países de Latinoamérica o el Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos o Venezuela. Tampoco se quedan atrás Arabia Saudí, Rusia, Argentina o Grecia.

En el otro lado de la balanza, por debajo de esa media, se encuentran, entre otros, Corea del Sur, Polonia, China, Dinamarca, Finlandia, Japón, India, Noruega, Indonesia, Canadá, Países Bajos, Australia o Estados Unidos. España, por su parte, se sitúa ligeramente por encima de la media (11%).

El informe explica que en estos datos influyen enormemente factores clave como la inestabilidad política y económica o la proximidad a Suiza (país que, por tradición, se asocia con la evasión fiscal, aunque este año ha dicho adiós a su insigne secreto bancario) u otros paraísos, como Hong Kong, convertido en los últimos tiempos en uno de los destinos predilectos del capital extranjero.

Los investigadores aseguran que a pesar de las presiones internacionales por conseguir una mayor transparencia en este terreno se ha conseguido "más bien poco" en los últimos años, ya que, a excepción de la ya mencionada Suiza, ningún otro centro financiero ha publicado la cantidad de dinero extranjero que manejan sus bancos. Por otra parte, consideran que una de las soluciones que puede dar al traste con esta situación es la puesta en marcha de amnistías fiscales, pues según sus conclusiones, los que se ven beneficiados por este tipo de medidas no recaen.

El estudio señala, además, que en la mayoría de los países los porcentajes de evasión aumentan cuando únicamente se tiene en cuenta el comportamiento de las grandes fortunas, el 0,01% más rico.

Por ejemplo, entre las personas con las cuentas corrientes más abultadas de España, Reino Unido y Francia la cuota de los que tienen su dinero en paraísos fiscales se incrementa hasta el 30 - 40%, frente a las medias nacionales que oscilan entre el 10 y el 20%. En Rusia la situación es aún más desigual, ya que, aunque en el conjunto del país este dato apenas supera el 12%, se estima que un 60% de los millonarios rusos han sacado su capital del país.

15 octubre, 2017

Expediente a la CNMC por no analizar el mercado de telecomunicaciones

Bruselas abre un nuevo expediente a España: denuncia que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha analizado el mercado de telecomunicaciones en los últimos cinco años, a pesar de que la factura telefónica sube por el aumento del precio de los paquetes a cambio de más servicios. La CNMC —inmersa en una batalla con el Gobierno por sus competencias— lleva más de un lustro sin elaborar el informe, relevante para detectar fallos de competencia que redundan en perjuicio de los consumidores. Se trata del primer paso para abrir un procedimiento de infracción por ese asunto.

“El análisis de los mercados de telecomunicaciones es fundamental porque el sector evoluciona con rapidez y las reglas que existían hace cinco años pueden estar obsoletas ahora”, asegura el vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip. Bruselas ha dado a la CNMC un plazo de dos meses para presentar el informe tras “incumplir sus obligaciones”, según una carta de emplazamiento fechada el pasado 4 de octubre que supone el primer paso para abrir un procedimiento de infracción.

La CNMC alega que en los últimos tiempos se ha centrado en analizar la neutralidad de las redes —el principal caballo de batalla en el sector, para evitar que los proveedores de servicios de internet y los Gobiernos traten de forma distinta el tráfico en la web—, y en garantizar la apertura a la fibra de Telefónica a otras empresas. “Ese análisis es preceptivo y estará en Bruselas en menos de dos meses”, aseguran las fuentes consultadas en Competencia.

El informe debía enviarse cada tres años a la Comisión, pero la nueva normativa —el Código de Comunicaciones Electrónicas Europeas, aprobado por el brazo Ejecutivo de la UE en 2016— permite hacerlo cada cinco. La CNMC envió su último análisis allá por marzo de 2012. Pero España no es el único país moroso: Bruselas también amenaza con la apertura del procedimiento de infracción a Bélgica, Hungría, Irlanda, Polonia, Rumania y Eslovenia.

El revés de Bruselas llega en medio de una batalla entre el Ministerio de Energía y la CNMC por las competencias del regulador. La CNMC lleva meses denunciando que el Gobierno quiere vaciar de contenido el organismo; el Ejecutivo alega que, como demuestra el expediente de la Comisión, la CNMC no hace un uso adecuado de sus competencias. El trasfondo de ese conflicto es otro expediente de Bruselas: la Comisión Europea abrió hace meses un procedimiento de infracción a España por impedir a la CNMC que fije las tarifas de la energía, como sucede en toda Europa y obliga la normativa europea.

El ministro Álvaro Nadal se niega en redondo a ceder esa prerrogativa, pese a las presiones de la UE. Incluso ha llegado a sugerir, en un documento oficial, que España “está preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas” —las agencias que velan por la competencia, pero también el BCE entran dentro de esa categoría—, en línea con lo que defienden partidos como Podemos.

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