Trabajo propone elevar de 7.500 a 10.000 euros las multas a empresas por fraude en la contratación

El Ministerio de Trabajo entregó anoche a los representantes de patronal y sindicatos que negocian la reforma laboral un documento con una nueva propuesta, en la que, entre otras cosas plantean un nuevo incremento de las multas a las empresas que cometan fraudes en la contratación de sus trabajadores. Actualmente, tras el aumento del 20% de las multas de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos) aplicado el pasado 1 de octubre, la cuantía que se aplica por estos fraudes está entre 750 en grado mínimo hasta los 7.500 en grado máximo. Si bien con lo propuesto hoy por Trabajo estas cuantías se elevarían a entre 1.000 y 10.000 euros por infracción.

Así lo han informado fuentes del diálogo social, tras una nueva reunión ordinaria de esta mesa mantenida hoy. El resultado de dicho encuentro ha sido interpretado con distinto optimismo entre los asistentes. Así el vicesecretario general de UGT, Mariano Hoya, ha explicado hoy mismo en una rueda de prensa en Extremadura que, junto al endurecimiento de las sanciones por fraude en la contratación, el texto del Gobierno contempla también importantes demandas sindicales, como la recuperación de la ultraactividad de los convenios y la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa, dos elementos que, para Hoya, justificarían «absolutamente» que UGT firmara ya un pacto con el Ejecutivo en esta materia.

Además, desde UGT se considera que la negociación «no avanza con la suficiente celeridad». Sin embargo, otras fuentes del diálogo salieron de la reunión descartando totalmente cualquier tipo de acuerdo. El departamento de Díaz también ha propuesto cambios en el esquema general de expedientes de regulación de empleo (ERTE) que sustituya al actual eliminando el mecanismo de tránsito a los despidos de los trabajadores afectados o el pago de indemnizaciones a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

De esta manera, Trabajo sí mantiene que los nuevos ‘ERTE RED’ se activen por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Economía, Trabajo y Seguridad Social, que deberán informar con carácter previo a los agentes sociales. Estos expedientes, según las fuentes informantes, se usarán para reducir la jornada de los empleados y si esta no resultara viable, se permitiría la suspensión temporal del empleo. Pero, en ningún caso, servirán como aval o justificación para la adopción, por parte de la empresa, de medidas que afecten al empleo o a las condiciones laborales de la plantilla afectada.

Trabajo plantea que estos nuevos ERTE RED tengan dos modalidades: la cíclica, cuya duración máxima será de un año y servirán para abordar coyunturas económicas que necesiten medidas estabilizadoras del empleo; y, en segundo lugar, los sectoriales, que se producirán cuando las empresas de un sector o varios aprecien cambios estructurales en sus actividades que requieran cambios en las recualificaciones de sus empleados. En esta última modalidad se incluirá también un plan de recolocación.